Washington, Estados Unidos, 9 de octubre. El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump le impuso nuevas y amplias sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI), como parte de su campaña para desmantelar el tribunal por las investigaciones que hace sobre Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel. La medida provocó de inmediato reproches de diversas partes del mundo, incluso de aliados de Washington.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las sanciones, luego de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI y de otros tribunales internacionales. Trump ha codiciado ese premio para sí. Funcionarios estadunidenses sostuvieron que el momento del anuncio fue pura coincidencia y que las sanciones se venían preparando desde hacía meses.
"Prohibiremos las transacciones con esta corte rebelde, cortándoles los recursos y paralizando su capacidad de operar contra nosotros", declaró Rubio en un mensaje en video publicado en redes sociales. "Estados Unidos y el pueblo estadunidense no están sujetos a la jurisdicción de esta falsa CPI".
Las sanciones dejan a la corte sin acceso a servicios financieros con sede en Estados Unidos, a empresas tecnológicas e incluso al uso de dólares estadunidenses. Establecen un plazo de seis meses para que las empresas y las personas en territorio estadunidense que tengan negocios con la corte reduzcan y cierren esas actividades.
La CPI, con sede en La Haya —el primer tribunal permanente del mundo para crímenes de guerra—, denunció la medida por considerarla un ataque al Estado de derecho y a los cimientos del orden internacional, temas que Rubio parecía haber respaldado apenas dos días antes en un discurso frente a la Acrópolis, en Atenas.
"Es un intento de obstaculizar el curso de la justicia y de impedir que la corte haga aquello para lo que fue creada", manifestó el tribunal en un comunicado.
La presidenta de la corte, Tomoko Akane —ciudadana de Japón, aliado de Estados Unidos—, también defendió al tribunal. "Esto no se trata sólo de defender una institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el Estado de derecho", expresó en un comunicado.
Un portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, condenó las sanciones de Washington contra la CPI, diciendo que la decisión asestó "un duro golpe a nuestra búsqueda colectiva de justicia penal internacional".
(Con información de AP)