Richmond, Virginia, 9 de septiembre. Jueces escucharon argumentos en una apelación presentada por un contratista militar de Estados Unidos al que se le ordenó pagar 42 millones de dólares por contribuir a la tortura de tres detenidos en la prisión de Abu Ghraib en Irak, con los jueces cuestionando la precisión de algunos documentos legales presentados por el contratista.
El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito escuchó argumentos y cuestionó a los abogados de CACI, con sede en Reston, Virginia, durante casi una hora en la apelación que desafía el resultado de la demanda civil del año pasado. Los jueces no emitieron un fallo de inmediato. No está claro cuándo podría llegar una opinión.
La apelación se centra en los argumentos de CACI de que el tribunal inferior no tenía jurisdicción.
Los abogados de los demandantes, Suhail Al Shimari, Salah Al-Ejaili y Asa’ad Al-Zubae, argumentaron que el caso fue litigado de manera justa en el nivel del tribunal de distrito.
La audiencia profundizó en detalles legales y no abordó los aspectos específicos que surgieron durante el juicio del año pasado, en el cual los demandantes testificaron que fueron sometidos a golpizas, abuso sexual, desnudez forzada y otros tratos crueles en la prisión durante la ocupación de Irak por parte de Estados Unidos.
La jueza Stephanie Thacker cuestionó las citas en los documentos de CACI, destacando una sobre litigios por agravios no federales que, según ella, se puso incorrectamente entre comillas.
“Hay una serie de citas en su informe que no parecen ser precisas”, declaró la jueza.
Añadió que el tribunal seguiría con cuáles eran las inexactitudes y daría a los abogados la oportunidad de abordarlas.
“Aprecio eso”, respondió el abogado de CACI.
Un jurado otorgó a cada uno de los demandantes en el caso original tres millones de dólares en daños compensatorios y once millones de dólares cada uno en daños punitivos.
Los demandantes no alegan que los interrogadores de CACI infligieron explícitamente el abuso ellos mismos, pero argumentan que CACI fue cómplice porque sus interrogadores conspiraron con la policía militar para “ablandar” a los detenidos para el interrogatorio con un trato severo.
CACI proporcionó los interrogadores que trabajaron en la prisión. Ha negado cualquier irregularidad y ha enfatizado a lo largo de 17 años de litigio que no se alega que sus empleados hayan infligido ningún abuso a los demandantes en el caso.
La empresa ha argumentado que no fue cómplice del abuso de los detenidos e insistió en que sus empleados tuvieron una interacción mínima con los tres demandantes.
Fundamentalmente, CACI argumentó que cualquier responsabilidad por el maltrato de los demandantes pertenecía al gobierno.
Fotos de esos abusos publicadas en 2004 mostraban a prisioneros desnudos apilados en pirámides o arrastrados con correas. Incluían a un soldado sonriendo y haciendo un gesto de aprobación mientras posaba junto a un cadáver, detenidos siendo amenazados con perros y un detenido encapuchado y conectado a cables eléctricos.
Los policías militares vistos en las fotos sonriendo y riendo mientras dirigían el abuso fueron condenados en cortes marciales militares. Pero ninguno de los interrogadores civiles de CACI enfrentó cargos criminales, aunque las investigaciones militares concluyeron que varios interrogadores de CACI habían participado en irregularidades.
El juicio civil del año pasado y el posterior nuevo juicio fueron la primera vez que un jurado de Estados Unidos escuchó reclamos presentados por detenidos de Abu Ghraib en los 20 años desde que las fotos conmocionaron al mundo.
Ninguno de los tres demandantes aparecía en ninguna de las fotos, pero describieron un trato muy similar al que se representaba.
Los 42 millones de dólares que se les otorgaron coinciden plenamente con la cantidad solicitada. Es más que los 31 millones de dólares que los demandantes dijeron que CACI recibió por proporcionar interrogadores a Abu Ghraib.