Jefferson, City, Missouri, EU, 30 de junio. El gran proyecto de ley del presidente Donald Trump para recortar impuestos y reducir el gasto federal en algunos programas de la red de seguridad social podría tener grandes implicaciones para los estados, pero para muchos ya es demasiado tarde para hacer mucho al respecto este año.
Mañana martes da inicio un nuevo año fiscal en 46 estados. Aunque algunas legislaturas aún están trabajando, la mayoría ya ha concluido y finalizado sus planes de gasto sin saber si se recortará la financiación federal y, de ser así, en qué medida.
“El flujo y reflujo de rumores y realidad han creado gran incertidumbre y cierta ansiedad en los gobiernos estatales”, declaró David Adkins, director ejecutivo del Consejo de Gobiernos Estatales.
Varios estados han tomado medidas preventivas, colocando dinero en fondos de reserva o encargando a comités que monitoreen el impacto de las reducciones de financiación federal. Otros están planeando tentativamente regresar en sesiones especiales este año para tener en cuenta posibles recortes de financiación a programas conjuntos federales-estatales como Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP. Otros tendrán que esperar hasta que sus legislaturas vuelvan a estar en sesión el próximo año.
¿Qué está en juego para los estados?
“Si hay recortes significativos, los estados no podrían absorberlos completamente”, indicó Brian Sigritz, director de estudios fiscales estatales en la Asociación Nacional de Oficiales de Presupuesto Estatal.
A nivel nacional, el programa de atención médica Medicaid para residentes de bajos ingresos representa el 30% del gasto total estatal, según la organización de investigación de políticas de salud KFF. Esto lo convierte en el programa más costoso en muchos estados, incluso más que la educación K-12. La mayor parte del dinero de Medicaid proviene del gobierno federal, lo que significa que cualquier cambio en la política federal puede crear grandes repercusiones para los estados.
La legislación pendiente en el Congreso afectaría a Medicaid de varias maneras. Se espera que los nuevos requisitos de trabajo reduzcan la inscripción de millones de personas, mientras que otros cambios propuestos también podrían reducir los pagos federales a los estados.
Hasta ahora, el gobierno federal también ha cubierto el costo total de los beneficios de SNAP y la mitad de los costos administrativos. El proyecto de ley de Trump trasladaría más de esos costos a los estados, obligándolos a decidir entre desviar dinero de otros propósitos o recortar sus programas de asistencia alimentaria.
Los cambios en Medicaid y SNAP son solo los últimos en una serie de políticas de Trump que afectan las finanzas estatales, incluyendo la reducción de subvenciones para proyectos de transporte e internet de alta velocidad y los intentos de retener fondos federales de jurisdicciones santuario que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración federales.