Buenos Aires, Argentina, 30 de enero de 2026. — El presidente Javier Milei declaró el viernes zona de desastre y emergencia a cuatro provincias del centro y la Patagonia argentina afectadas por incendios que desde principios de año arrasaron con cerca de 230.000 hectáreas.
El mandatario dispuso además el envío de fondos especiales por 70.000 dólares en medio de reclamos de autoridades y poblaciones locales por fuertes recortes de presupuesto en las agencias federales dedicadas a prevenir y combatir incendios.
Distintos focos desatados desde fines del año pasado en el sur de Argentina afectaron 229.700 hectáreas, según cifras oficiales.
Aunque no se han registrado víctimas fatales, los incendios destruyeron viviendas, maquinaria y plantaciones productivas. Animales de pastoreo, reservorios de agua y una variada vegetación de coníferas y bosques nativos fueron dañados.
Según el decreto presidencial, “la capacidad de respuesta de los medios empeñados en el combate del fuego ha sido superada y ante la criticidad de la situación, deviene necesario e imperioso declarar la emergencia ígnea en las provincias del Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año con el fin de adoptar medidas urgentes”. Esto permite disponer libremente de fondos para aviones hidrantes y mover bomberos de otras provincias a los focos de incendio.
Unos 500 brigadistas y 20 aeronaves están dedicados a las tareas de combate del fuego.
Chubut es uno de los epicentros de la tragedia ambiental en el extremo sur de Argentina. En Puerto Patriada, a pocos kilómetros de la frontera con Chile, la zona bajo fuego desde los primeros días de enero alcanza las 22.300 hectáreas.
Los peritajes confirmaron la presencia de gases inflamables en el foco inicial del incendio. Al momento de su inicio más de 3.000 turistas se encontraban alojados en campamentos y complejos de la zona.
En tanto, en el Parque Nacional Los Alerces el incendio comenzó en los primeros días de diciembre por el impacto de un rayo y dañó hasta el momento 10.000 hectáreas, según las autoridades nacionales.
Organizaciones medioambientales denunciaron que estos grandes incendios “no son fenómenos aislados ni meramente naturales sino que son resultado de decisiones humanas estructurales y de una respuesta estatal deficiente frente a la creciente crisis climática”.