Roma, Italia, 11 de febrero. El gobierno de Italia aprobó un proyecto de ley que establece nuevas medidas para combatir la inmigración ilegal, incluido un llamado "bloqueo naval" para los barcos con migrantes que intenten llegar a costas italianas.
La iniciativa fue aprobada en una reunión de gabinete a última hora de la tarde y ahora debe debatirse y recibir luz verde en ambas cámaras del Parlamento antes de entrar en vigor.
El nuevo paquete migratorio —que también incluye una vigilancia más estricta en las fronteras y mayor cooperación con agencias europeas— se produce un día después de que la Unión Europea (UE) aprobó un nuevo pacto sobre migración y asilo, el cual Italia tiene previsto aplicar lo antes posible.
El paquete del gobierno conservador de la primera ministra Giorgia Meloni incluye nuevas facultades que le permitirían a las autoridades italianas imponer, en determinadas condiciones, un bloqueo naval a las embarcaciones con migrantes que intenten ingresar a las aguas territoriales de Italia.
Las autoridades pueden prohibir el cruce hacia aguas italianas hasta por 30 días, en casos en los que el barco con migrantes suponga "amenazas graves para el orden público o la seguridad nacional", como en el riesgo concreto de actos terroristas o de infiltración terrorista, según el proyecto de ley. El bloqueo puede prorrogarse hasta por seis meses.
La medida también permitiría restringir el ingreso de embarcaciones hacia aguas italianas en caso de una afluencia drástica de migrantes que pueda poner en peligro el manejo seguro de las fronteras.
Quienes infrinjan las normas enfrentarían multas de hasta 50 mil euros (59 mil 400 dólares), además de que las embarcaciones podrían ser confiscadas en caso de infracciones reiteradas, una medida que parece apuntar a los barcos de grupos humanitarios.
En esos casos, los migrantes interceptados podrían ser "transportados hacia terceros países distintos a su país de origen, con los que Italia haya suscrito acuerdos específicos", de acuerdo con la iniciativa.
Con estas normas, el gobierno de Meloni busca reactivar los centros de procesamiento extraterritoriales similares a los dos creados en Albania, que han permanecido prácticamente inactivos por casi dos años debido a obstáculos legales.
Estos centros —un importante esfuerzo del gobierno de Meloni para gestionar la afluencia migratoria— han provocado constantes debates sobre su legalidad y eficacia, dando pie a una fuerte oposición de grupos humanitarios.