La Oficina de Derechos Humanos advierte que una nueva serie de operaciones militares israelíes y planes de asentamientos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, ponen en grave riesgo la viabilidad de un Estado palestino y el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.
Desde el 12 de enero, las fuerzas de seguridad israelíes han llevado a cabo operaciones a gran escala en Jerusalén Oriental ocupada, incluidos allanamientos masivos en el campamento de refugiados de Shu’fat, con detenciones, confiscaciones y la incautación de vehículos, así como demoliciones de al menos 70 estructuras palestinas en Kafr Aqab y en los alrededores del campamento de Qalandiya.
Además, las autoridades israelíes emitieron órdenes de desalojo contra 22 viviendas palestinas en la Ciudad Vieja de Jerusalén y en Silwan, en un contexto de desplazamiento forzado de decenas de miles de palestinos desde el año pasado.
“El traslado o la deportación ilegal de una población bajo ocupación es un crimen de guerra y, en determinadas circunstancias, puede constituir un crimen de lesa humanidad”, el portavoz de la Oficina.