Ciudad de Panamá, Panamá, 30 de enero. La Corte Suprema de Panamá determinó el jueves por la noche que la concesión otorgada a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, de Hong Kong, para operar puertos en los extremos del Canal de Panamá era inconstitucional, un fallo que impulsa el objetivo de Estados Unidos de bloquear cualquier influencia de China sobre la estratégica vía fluvial.
La decisión judicial se produjo tras una auditoría realizada por la contralora de Panamá, que alegó irregularidades en la extensión por 25 años de la concesión otorgada en 2021.
El gobierno del presidente Donald Trump ha hecho de bloquear la influencia de China sobre el Canal de Panamá una de sus prioridades en el hemisferio. Panamá fue el primer país que visitó el secretario de Estado, Marco Rubio, tras asumir como jefe de la diplomacia de Estados Unidos.
A pesar de la insistencia del gobierno de Panamá y de la autoridad del canal de que China no tiene influencia sobre sus operaciones, Rubio indicó que Estados Unidos consideraba la operación de los puertos como un asunto de seguridad nacional. El presidente Donald Trump incluso llegó a decir que Panamá debería devolver el canal al control de Estados Unidos.
La breve declaración de la corte no provee orientación sobre lo que sucederá con los puertos ahora.
Reacción en Hong Kong
La subsidiaria de CK Hutchison, Panama Ports Company, señaló que aún no ha sido notificada sobre la decisión, pero insistió en que su concesión fue el resultado de una licitación internacional transparente.
En un comunicado, indicó que el fallo "carece de base legal y pone en peligro no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria, así como el Estado de derecho y la seguridad jurídica en el país".
La compañía apuntó que se reserva todos los derechos para emprender acciones legales en Panamá o en otros lugares, pero no ofreció más detalles.
El gobierno de Hong Kong rechazó rotundamente el fallo y señaló en un comunicado que se opone frontalmente a que cualquier gobierno extranjero utilice medios coercitivos, represivos o irrazonables para perjudicar seriamente los intereses comerciales de las empresas hongkonesas. Además, apuntó que el ejecutivo panameño debería respetar el espíritu de los contratos y proporcionar un entorno empresarial justo.
"Dada la situación actual en Panamá, las empresas de Hong Kong deberían revisar cuidadosamente sus inversiones existentes y futuras allí", señaló la nota.
En Beijing, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, manifestó a reporteros que China tomaría todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de "la empresa china", sin detallar los posibles pasos a seguir.
El analista político Edwin Cabrera apuntó que, una vez se notifique a las partes, la cuestión de qué hacer con los puertos pasará al poder ejecutivo de Panamá, en concreto a la Autoridad Marítima.
"Tengo la impresión, por conversaciones que he tenido con algunas personas, de que la operación (de los puertos) no se detendrá", afirmó Cabrera.
Acuerdo de venta que aparentemente enfureció a Beijing
CK Hutchison Holdings anunció el año pasado un acuerdo para vender su participación mayoritaria en los puertos panameños y en otros en otras partes del mundo a un consorcio internacional que incluía a BlackRock Inc. Pero el acuerdo pareció estancarse debido a las objeciones del gobierno chino.
La empresa indicó el pasado julio que estaba considerando buscar un inversionista chino para que entrase al consorcio como miembro relevante, una medida que algunos interpretaron como una forma de complacer a Beijing, pero CK Hutchison no ha vuelto a pronunciarse al respecto.
La incómoda posición en la que está la compañía subraya los desafíos que enfrentan las élites empresariales de Hong Kong a la hora de lidiar con las expectativas de lealtad nacional de Beijing, especialmente cuando las relaciones entre China y Estados Unidos son tensas. CK Hutchison es propiedad de la familia del hombre más rico de Hong Kong, Li Ka-shing.
En paralelo, la contralora de Panamá auditó la concesión a Panama Ports Company, que había tenido el contrato para operar los puertos desde 1997. La concesión fue renovada por 25 años en 2021, durante el anterior gobierno panameño.
La contralora Anel Flores apuntó que la auditoría encontró pagos que no se realizaron, errores contables y la aparente existencia de concesiones "fantasma" operando dentro de los puertos desde 2015. La empresa refutó esas acusaciones.
La auditoría determinó que las irregularidades le habían costado al gobierno alrededor de 300 millones de dólares desde que se extendió la concesión y un estimado de mil 200 millones durante el contrato original de 25 años.
Flores también agregó que la extensión fue otorgada sin el respaldo de su oficina, como es requerido.
El 30 de julio, la contralora impugnó ante la Corte Suprema el contrato de Panama Ports Company para operar los puertos.