Seúl, Corea del Sur, 13 de enero. Un fiscal independiente pidió sentenciar a muerte al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por cargos de rebelión en relación con su imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.
Yoon, quien fue destituido el pasado abril y está en la cárcel, enfrenta ocho juicios por varios cargos criminales relacionados con la ley marcial y otros escándalos relacionados con su tiempo en el cargo. Los cargos de que dirigió una rebelión son los más significativos.
El equipo del fiscal independiente Cho Eun-suk solicitó al Tribunal del Distrito Central de Seúl sentenciar a Yoon a muerte, según el tribunal, que debe emitir un veredicto en febrero.
Los expertos indican que probablemente el tribunal sentenciará a Yoon a cadena perpetua. Corea del Sur no ha ejecutado a nadie desde 1997, y los tribunales locales rara vez emiten la pena de muerte.
Yoon, quien estaba programado para hacer declaraciones en la audiencia este día, ha sostenido que su decreto fue un intento desesperado pero pacífico de concienciar al público sobre lo que consideraba el peligro del opositor Partido Democrático, que utilizó su mayoría legislativa para obstruir su agenda. Calificó al Parlamento controlado por la oposición como "un nido de criminales" y "fuerzas antiestatales".
La espectacular caída de Yoon
El decreto de Yoon, el primero de su tipo en más de 40 años, llevó soldados a las calles de Seúl para rodear la asamblea y entrar en oficinas electorales. Eso evocó recuerdos traumáticos de las dictaduras en los años 70 y 80, cuando regímenes respaldados por militares usaban la ley marcial y otros decretos de emergencia para estacionar soldados y vehículos blindados en lugares públicos para suprimir protestas prodemocráticas.
En la noche de la declaración de la ley marcial, miles de personas se reunieron en la Asamblea Nacional para objetar el decreto y exigir su dimisión. Suficientes legisladores, incluidos miembros del partido gobernante de Yoon, lograron entrar a la sala para votar contra el decreto.
El decreto de Yoon y el vacío de poder subsiguiente sumieron a Corea del Sur en una agitación política, detuvieron la diplomacia del país y sacudieron sus mercados financieros.
Los observadores describieron la acción de Yoon como un suicidio político, marcando una caída espectacular para el exfiscal estrella que ganó la presidencia de Corea del Sur en 2022, un año después de entrar en la política. El Parlamento lo destituyó y envió el caso al Tribunal Constitucional, que dictaminó destituirlo como presidente.
Lee Jae Myung, un exlíder del Partido Democrático que lideró las gestiones para la destitución de Yoon, se convirtió en presidente en una elección anticipada el pasado junio. Después de asumir el cargo, Lee nombró a tres fiscales independientes para investigar las acusaciones que involucraban a Yoon, su esposa y asociados.
La oficina del presidente anunció que espera que el poder judicial dictamine sobre Yoon de acuerdo con la ley, el principio y las expectativas públicas.
Hay especulaciones de que Yoon recurrió a la ley marcial para proteger a su esposa, Kim Keon Hee, de posibles investigaciones de corrupción. Pero al concluir una investigación de seis meses el mes pasado, el equipo del fiscal independiente Cho concluyó que Yoon planeó durante más de un año imponer la ley marcial para eliminar a sus rivales políticos y monopolizar el poder.
Las promesas anteriores de Yoon de luchar contra los intentos de destituirlo y arrestarlo profundizaron la división política del país. En enero del año pasado, se convirtió en el primer presidente en funciones del país en ser detenido.
Otros juicios penales
Los cargos de rebelión de Yoon conllevan solo la pena de muerte y cadena perpetua. Pero los jueces aún tienen derechos para mitigarlos. Esto significa que el tribunal de Seúl tiene tres opciones sobre Yoon: emitir la pena de muerte como solicitó el equipo de Cho, conmutarla por cadena perpetua o de 20 a 50 años de prisión, o absolverlo.
El equipo de Cho solicitó el mes pasado una pena de prisión de diez por la anterior desobediencia de Yoon a los intentos de las autoridades de ejecutar su orden de detención y otros cargos como abuso de poder y falsificación de documentos oficiales. Los abogados de Yoon acusaron al equipo de Cho de estar motivado políticamente y carecer de fundamentos legales para exigir una sentencia tan "excesiva".
Los otros juicios de Yoon tratan de cargos como ordenar vuelos de drones sobre Corea del Norte para crear tensiones deliberadamente y buscar un pretexto para declarar la ley marcial, y cometer perjurio en el juicio de su primer ministro. Otros cargos acusan a Yoon de manipular la investigación sobre el ahogamiento de un marine en 2023 y recibir encuestas de opinión gratuitas de un intermediario electoral a cambio de un favor político.
Yoon niega todos los cargos.
Las posibles sentencias de prisión que Yoon podría recibir en estos juicios podrían importar en caso de que evite la pena de muerte o cadena perpetua por sus cargos de rebelión, dijo Park SungBae, un abogado especializado en derecho penal.
Tanto Yoon como el fiscal independiente podrían apelar el caso de rebelión a un tribunal superior y luego al Tribunal Supremo. Park dijo que un veredicto del Tribunal Supremo probablemente llegaría este año.