En dos décadas y media el chavismo colapsó la economía más rica de América Latina: llevó a 90% de su población a la pobreza y a la cuarta parte al exilio al extinguir las empresas, además de cancelar los derechos humanos y eliminar la libertad de expresión, así como la libre empresa.
El régimen autoritario de los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro provocó que Venezuela pasara de ser el país más próspero de América Latina a uno donde 90% de su población se encuentra en condiciones de pobreza; con una cuarta parte de la población exiliada; una economía reducida a 28% de su tamaño; 75% de los venezolanos en el desempleo o la informalidad; una deuda impagable; y un déficit de 330% del Producto Interno Bruto (PIB).
En apenas un cuarto de siglo los dos dictadores encabezaron un régimen que saqueó los recursos públicos para enriquecer a una reducida élite gobernante; al mismo tiempo, canalizó el dinero (fundamentalmente de la venta de petróleo) para construir un aparato represor para eliminar (con cárcel, exilio o muerte) a sus oponentes.
El gobierno de Hugo Chávez creó 37 programas sociales para combatir la pobreza, pero hoy los servicios públicos se encuentran en total abandono: salud, educación, transporte público, dotación de agua potable, vías de comunicación, puertos y aeropuertos son casi inexistentes.
De la ineficiencia del gobierno venezolano destaca el grave problema de la inseguridad. En los barrios y zonas rurales las pandillas no solo roban sino que también atentan contra la integridad física de las personas (violaciones, muertes y lesiones); la policía es inepta, pero sobre todo corrupta.
A ello se suma que el crimen organizado impone su ley en el país, con la complicidad de las autoridades.
Otro rubro preocupante es la salud y la seguridad social: la infraestructura de hospitales y clínicas es deplorable, no hay suficientes médicos y hay un desabasto de más de 70% de medicinas básicas, lo que crea un conjunto de condiciones que causan los más altos índices de desnutrición y mortandad infantil y materna, en tanto que las pensiones (contadas) no alcanzan para subsistir.
Al saqueo de los recursos de la otrora nación más rica de la región se suma el problema de la falta de libertades políticas y sociales: los poderes Legislativo y Judicial están al servicio del Ejecutivo, por lo que no hay contención a los abusos de este; las elecciones son manipuladas por el gobierno; las protestas sociales son reprimidas por las fuerzas armadas y los cuerpos policiacos; los medios de comunicación independientes son clausurados por el gobierno, pues no le gusta (incluso le afecta) que se señalen sus errores, actos de corrupción y abusos de poder.
Hugo Chávez habló de “transformación” y de “no fallarle al pueblo”. En sus atrocidades contra la libertad de empresa llegó a decir que era posible que en el planeta Marte “el capitalismo haya acabado con la civilización”.
Fue un presidente que prometió un mayor gasto social para ayudar a “los pobres”; y sus índices de popularidad llegaron a ser de 90 por ciento.
Nicolás Maduro continuó con los programas sociales que consideró la “base de la igualdad social”; en su momento expresó: “Vengo del pueblo, soy del pueblo”; pidió respeto “a la voluntad popular” en las elecciones, aunque estas fueran realizadas con fraude; y dijo que un día se le apareció Chávez en forma de “un pajarito” para transmitirle el poder.
Las erróneas decisiones en materia política y desacertadas políticas públicas de Chávez y Maduro provocaron el fracaso económico de la alguna vez nación más rica de América Latina y el empobrecimiento de una población que durante muy pocos años gozó de los programas sociales.
Con la situación económica y social completamente deteriorada, los venezolanos retiraron el apoyo al régimen: se movilizaron, protestaron, votaron en contra, denunciaron… Pero fue muy tarde, porque con el control total de los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) además del órgano electoral y la extinción de los medios de comunicación independientes, el régimen canceló de facto las garantías individuales y reprimió a sus detractores, fueran estos políticos de la oposición o ciudadanos comunes. Y para ello contó con las fuerzas armadas, las policías, los narcotraficantes y los terroristas de cualquier país.
Esta es la crónica de un régimen que saqueó, destruyó, reprimió y asesinó a Venezuela, dejando al país sumido en ruinas, violencia, caos y miseria.
El desastre
Hacia el último tercio del siglo pasado Venezuela era una potencia económica y social gracias a sus considerables recursos de hidrocarburos; de hecho, la industria petrolera contrataba trabajadores extranjeros.
Siendo el sector energético la principal actividad económica, otros rubros quedaban desatendidos, pero igual contaban con suficientes recursos para importar miles de toneladas de los mejores alimentos de Europa, Asia y América del norte, regiones que tenían conectividad aérea con la capital Caracas.
Su infraestructura productiva, vías de comunicación, así como sus principales ciudades durante el último cuarto de siglo estaban a la vanguardia; en tanto que los ingresos de la población eran de los más altos a nivel mundial.
En 1997 Venezuela tuvo el mayor PIB de América Latina, que ese año creció 5.9%, de acuerdo con el Banco Mundial (BM), un indicador que no volvió a repetirse en los últimos 25 años.
Las erróneas decisiones en materia económica y un gasto social sin planificación fueron llevando a la nación, de manera paulatina, a una crisis económica. El resultado: 86.9% de la población se encuentra en la pobreza y 13.1% en miseria extrema, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) venezolano.
El modelo comunista impuesto por Chávez provocó daños en todos los sectores económicos. Por ejemplo, en el sector agrícola decidió expropiar tierras (las declaró propiedad del Estado con fines de una reforma agraria), pero no supieron cómo desarrollar el campo, que al final terminó en el abandono y la subutilización, afectando a la producción agrícola de ese país.
Bien recordamos que Chávez instauró una base legal mediante la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en 2001, que permitió al Estado recuperar predios que consideraba “ociosos” o no cumplían una “función social”, para luego redistribuirlos entre campesinos o destinarlos a “proyectos productivos socialistas”.
Con estos argumentos y cambios legales, según expertos, en total se expropiaron 3.6 millones de hectáreas de tierras productivas, así como empresas agropecuarias clave como Agroisleña (renombrada Agropatria).
Contrario a los objetivos declarados de soberanía alimentaria, la falta de inversión, la inadecuada gestión, la escasez de insumos y la inseguridad jurídica llevaron a que gran parte de esas tierras perdieran su productividad.
Las políticas agrarias implementadas por el gobierno de Chávez, caracterizadas por expropiaciones masivas, tuvieron como consecuencia generalizada el deterioro y abandono de vastas extensiones de tierras agrícolas productivas, por lo que el país se convirtió en dependiente de la venta de su petróleo en el exterior, una economía petrolizada casi en 90 por ciento.
En 2001 la renta petrolera, con una producción de más de tres millones de barriles diarios, permitió solventar sus dos primeros años de gobierno, pero ese modelo era insostenible en el tiempo, toda vez que los precios cayeron; sin suficiente inversión y ventas la producción de crudo declinó por falta de mantenimiento y por una gran huelga de trabajadores petroleros entre finales de 2002 y comienzos de 2003.
Como consecuencia de esto último se disparó la inflación a más de 30%, lo que a su vez produjo la contracción del PIB de 5.9 a 3 por ciento.
Aunado a la crisis de la industria petrolera, el gobierno de Chávez no planificó su gasto, particularmente por la cantidad de recursos que destinaba a los programas sociales.
A lo largo de una década implementó proyectos populistas denominados Sistema Nacional de Misiones, que abordaron áreas como la salud (Misión Barrio Adentro), la educación (Misiones Robinson, Ribas, Sucre) y la alimentación (Misión Alimentación) que a la larga tuvieron un impacto social negativo.
Diversos expertos señalaron como un error la falta de sostenibilidad, ya que los programas otorgaban asistencia sin crear empleos sostenibles, dependiendo excesivamente de la renta petrolera para su financiamiento, lo cual no era un modelo viable a largo plazo.
La prensa nacional documentó numerosos casos de corrupción y opacidad en la gestión de los recursos de “las misiones”, con falta de controles y rendición de cuentas. Casi 72% del fraude fiscal en este gasto fue cometido por la clase política venezolana.
Estos modelos de “dádivas” del erario fueron criticados, además, por tener “un reparto clientelar, utilizados para garantizar apoyo político al gobierno, especialmente antes de eventos electorales como el referéndum revocatorio de 2004”.
Los errores administrativos se repetían. Expertos y organismo internacionales señalaron que la falta de inversión y mantenimiento en Petróleos de Venezuela (PDVSA), combinada con la caída de los precios del hidrocarburo y problemas económicos estructurales, contribuyeron a dar el inicio de una grave crisis humanitaria que ni Chávez ni Maduro supieron frenar.
Cuando los precios del petróleo experimentaron caídas y volatilidad en 2006, el modelo económico resultó insostenible y el alto gasto público comenzó a ser financiado con deuda y emisión monetaria ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF), porque ofrecían financiamiento no condicionado.
PDVSA exportaba 85 mil 603 millones de dólares en 2013, pero cinco años más tarde, en 2018, ya eran solo 29 mil 810 millones.
Por otro lado, la política de expropiaciones en Venezuela transformó radicalmente el tejido empresarial, inmobiliario y productivo del país.
De 2003 a 2023 se documentaron más de mil empresas nacionales y extranjeras que pasaron a manos del Estado. Esta, sin duda, fue una de las peores decisiones de política pública del régimen comunista de Chávez-Maduro.
La mayoría de estas compañías eran de los principales sectores productivos que movían a la industria nacional, mismas que pasaron a ser dirigidas por “amigos” y “militares” allegados al gobierno.
El resultado: en pocos años fueron quebradas por directivos que no sabían nada en materia de administración de empresas.
Un mensaje más fue que la Inversión Extranjera Directa (IED) salió del país, ahuyentada por la falta de seguridad jurídica y de Estado de Derecho. Los inversores nacionales y foráneos no volvieron a tocar suelo venezolano ante un régimen que no daba las más mínimas garantías legales para crear empresas.
Por esta razón, estimaciones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial establecen que en 25 años de gobierno comunista el Estado venezolano acumula, por estas expropiaciones, al menos doce mil millones de dólares en deudas por litigios perdidos ante tribunales internacionales.
La historia no es distinta si se habla de vivienda, pues expertos estiman que en la era Chávez-Maduro se confiscaron 500 mil residencias y 179 edificios privados de alto lujo. Además, 43 conjuntos urbanísticos fueron paralizados y 523 mil apartamentos y casas fueron parte de expropiaciones indirectas.
Los asesores de Chávez y Maduro nunca les dijeron que las nacionalizaciones traerían demandas millonarias y el riesgo de perderlas todas.
El conjunto de políticas públicas mal planeadas comenzó a tener consecuencias. Hacia 2004 Venezuela tuvo la tasa de desempleo más elevada de su historia desde que ese indicador se cuantifica, cuando alcanzó 19.2%, con dos millones 591 mil desocupados según el INE.
Entre los factores que contribuyeron a la pérdida resalta la huelga petrolera (2002 a 2003) que paralizó la industria, causando pérdidas enormes y despidos masivos.
Además, empleados opositores fueron despedidos sistemáticamente, especialmente en PDVSA, siendo instados a renunciar si no apoyaban la “revolución” comunista.
Las expropiaciones antes mencionadas llevaron al colapso de la producción y la pérdida de empleos, según denuncias de organismos empresariales.
Otros errores señalados por los expertos: el nombramiento de militares (que no sabían nada de administración pública) en áreas económicas clave y la aplicación de controles forzosos a precios y producción afectaron la actividad económica, llevando a la quiebra a muchas empresas.
“A partir de 1999 el régimen desmanteló la democracia”.
El estudio Crisis económica y el colapso del acervo de capital humano venezolano, realizado por la consultora Anova Policy Research, evaluó a Venezuela entre 2013 y 2021. Los datos: ese país perdió 72% del tamaño de su economía y se redujo a 28%; y ya con Maduro más de cuatro millones de personas en edad de trabajar salieron del mercado laboral, incluidos los trabajadores más jóvenes, más calificados y con mayor experiencia.
Desafío humanitario
La crisis económica produjo los inevitables problemas sociales: según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desde 2010 hasta 2024 al menos ocho millones de personas emigraron debido a la crisis, convirtiéndose en uno de los mayores desplazamientos humanos del mundo.
Ante la realidad generada por el proyecto del “socialismo del siglo XXI” iniciado por Chávez, los venezolanos comenzaban a ser realistas y se daban a la tarea de buscar seguridad y mejores oportunidades fuera del país.
Los organismos globales detallan que aproximadamente entre 6.8 y 7.1 millones residen en Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y España. Las causas principales: crisis política y económica, inestabilidad, inseguridad, violencia incontrolable, escasez de alimentos y medicinas, falta de oportunidades y búsqueda de mejores condiciones de vida.
Para la ACNUR hoy, en 2026, la situación sigue siendo un desafío humanitario y de regularización para los países receptores como uno de los grandes dilemas sociológicos a escala global.
Hambruna
La situación empeoró cuando en 2016 la hambruna en Venezuela se gestó bajo el gobierno de Chávez y se desató a los tres años del gobierno de Maduro.
Atribuida a una profunda crisis económica, hiperinflación, controles de precios y mala gestión, que llevaron a una escasez masiva de alimentos y medicinas, empobrecimiento generalizado, con millones sufriendo desnutrición y dependencia de ayuda humanitaria.
La hiperinflación en Venezuela en 2016 fue un fenómeno económico que comenzó de manera acelerada en julio, cuando se registró una inflación mensual de 56.7% e interanual de 1,370%; su pico fue en 2018, cuando el Banco Central de Venezuela reportó que la inflación anual llegaba a 130,060%. Es considerada la peor hiperinflación en la historia latinoamericana.
Una crónica del diario estadunidense The New York Times del 20 de junio de 2016 describe cómo las redes de camiones que distribuían alimentos, en su momento habían sido sometidas a constantes ataques, por lo que la comida en Venezuela debía ser transportada bajo protección de vigilantes armados.
“Soldados vigilan las panaderías. Las balas de goma de la policía antidisturbios se usan contra las multitudes desesperadas, que asaltan tiendas de comestibles, farmacias y carnicerías. Una niña de cuatro años murió luego de recibir un disparo mientras bandas callejeras se peleaban por comida”, apuntó aquella publicación.
“Hace poco, cientos de personas en la ciudad de Cumaná, el hogar de uno de los héroes de la independencia, saquearon un supermercado mientras reclamaban por los alimentos. Forzaron la enorme puerta de metal que resguarda el local y entraron arrebatando agua, harina de maíz, sal, azúcar, papas y cualquier cosa que encontraron. Solo dejaron los congeladores rotos y los estantes volcados”.
La respuesta a esta crisis por parte del régimen: diversas ciudades fueron militarizadas por un decreto de emergencia impuesto por Maduro.
Enfermedad
A esto le siguió el colapso del sistema de salud pública. A la salida del poder por su muerte en 2013, Chávez dejó un deficiente Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), mismo que él creó.
El SPNS se volvió inoperante debido a politización, corrupción, desinversión y falta de suministros, generando escasez crítica de medicinas e insumos, infraestructura deteriorada y fuga masiva de profesionales de la salud, lo que revivió enfermedades erradicadas y dejó a los pacientes desatendidos, forzando a muchos a buscar atención en el extranjero o autoabastecerse en un mercado negro de medicamentos, ante un sistema que ya no funcionaba.
“El chavismo violó la Constitución, purgó a jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló elecciones y persiguió a la disidencia”.
El sistema se politizó tras la llegada de Chávez, creando programas como Barrio Adentro, visitando casa por casa a la gente y el cual prometía atención primaria, pero degeneró en corrupción y mala administración, afectando a toda la cadena hospitalaria.
Los datos establecen que hubo un desabastecimiento crónico con un déficit severo de medicamentos básicos de entre 70 y 80%, según la Federación Farmacéutica de Venezuela.
Hubo deterioro de infraestructura, con hospitales con servicios básicos inoperantes, falta de agua, ascensores dañados y unidades de cuidados intensivos cerradas, afectando la capacidad de respuesta.
Comenzó la reaparición de enfermedades con brotes de sarampión y difteria, padecimientos ya controlados o erradicados, debido a la baja cobertura de vacunación.
Aumentó la mortalidad materno-infantil y crecieron las muertes por infartos y otras afecciones debido a la falta de atención oportuna y a que los pacientes debían comprar sus propios insumos, abasteciéndose de estos en un mercado negro de medicamentos.
Analfabetismo
A esto le siguió que entre 2015 y 2020 el sistema educativo dejó de operar. Los principales factores fueron la masiva migración de docentes por bajos salarios, la deserción estudiantil y el deterioro de la infraestructura, resultando en una caída significativa de la cobertura y calidad educativa, con más de 100 mil maestros abandonando el sistema, llevando a una emergencia humanitaria que amenaza con perder una generación entera.
Más de tres millones de niños y adolescentes quedaron fuera del sistema educativo entre 2000 y 2024 para trabajar y ayudar a sus familias, reportó en su momento el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
“Muchos pensaron que el carisma podía sustituir al Estado de Derecho”.
La crisis educativa en Venezuela es profunda y sistémica, afectando desde la educación primaria hasta la universitaria, donde para el pueblo se visualiza el riesgo de formar individuos analfabetos funcionales y sin herramientas para el mercado laboral.
Sobrevivencia
Tras 14 años de gobierno chavista y doce de Maduro la gente en el otrora país más rico de Latinoamérica sobrevive hoy con un salario mínimo de 130 bolívares al mes, lo que equivale a 1.5 dólares, de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.
Un monto con el que una persona no puede comprar ni un pan, que se consigue en panaderías de Caracas por encima de los 200 bolívares: se necesitan 116 salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica familiar, según un informe reciente de Bloomberg.
Según esta agencia calificadora Venezuela cerró 2025 con una inflación anual de 300%, afectando con mayor fuerza a quienes tienen menores ingresos: más de once millones de venezolanos viven con el salario mínimo.
A unos días de que Maduro fue retirado del poder y tras más de un cuarto de siglo de las políticas comunistas del chavismo, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2024 reveló que 90% de los hogares venezolanos viven en pobreza, una cifra alarmante.
Además, 56.5% de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional, que incluye carencias en ingresos, educación, salud y otros servicios básicos.
La desigualdad también aumentó significativamente. El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, pasó de 40.7 en 2014 a 53.9 en 2024.
Entre 2023 y 2024, al menos el 10% más pobre de la población tuvo ingresos promedio de 12.50 dólares al mes, mientras que el 10% más rico alcanzó los 633.72 dólares mensuales.
El informe anual de Provea documentó un aumento en la persecución política hacia trabajadores, con casos de hostigamiento, despidos y arrestos, especialmente en el contexto de las elecciones del 28 de julio de 2024.
Según el Global Slavery Index 2023 de la ONG Walk Free, Venezuela es uno de los países más vulnerables a la esclavitud moderna en América Latina, con aproximadamente 9.5 personas por cada mil en situación de esclavitud moderna, incluyendo trabajo forzado y trata dpersonas.
La combinación de salarios insuficientes, creciente pobreza y desigualdad, junto con una represión estatal intensificada, plantea desafíos significativos para los derechos humanos y el bienestar de los ciudadanos venezolanos.
“Y vino la ruina: corrupción obscena; saqueo histórico”.
Caudillo
Venezuela fue gobernada por el dictador Marcos Pérez Jiménez hasta 1958, cuando llegó la era democrática en la que dos partidos, Acción Democrática (AD) y Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), se alternaban en el poder mediante procesos electorales, pero ninguno fue capaz de resolver los problemas sociales y económicos a pesar de ser una potencia exportadora de petróleo; de hecho, los políticos de ambas organizaciones eran una y otra vez acusados de corrupción e ineficiencia.
En 1992 un joven militar encabezó una intentona golpista y trató de tomar el poder con violencia, por vía de las armas, pero fracasó. En 1994 el gobierno en turno lo indultó y seis años más tarde compitió por la presidencia y ganó: para triunfar prometió que en su presidencia “ningún niño viviría en las calles” o dejaría de llamarse Hugo Chávez.
Dijo que “el Poder Judicial sería independiente”; se comprometió a “no cerrar ningún medio de comunicación”; aseguró que no habría inflación y que bajarían los precios de los insumos básicos.
En materia de seguridad prometió acabar con la delincuencia creando una policía nacional con formación humanista y al servicio del pueblo, todo a través de “estrategias nacionales” y “planes integrales”.
La realidad es que Chávez fue un “líder carismático” con un amplio poder de convocatoria; llenaba las plazas públicas; la gente seguía sus programas de radio y televisión (Aló, presidente) en los que hablaba de “lo bien” que estaba el país.
Así lo relató Ana Corina Sosa al recibir el Premio Nobel de la Paz a nombre de su mamá, María Corina Machado: “Mi generación nació en una democracia vibrante y la dábamos por sentada. Asumíamos que la libertad era tan permanente como el aire que respirábamos. Apreciábamos nuestros derechos, pero olvidábamos nuestros deberes.
“Para cuando reconocimos la fragilidad de nuestras instituciones, un hombre que encabezó un golpe militar para derrocar la democracia fue elegido presidente. Muchos pensaron que el carisma podía sustituir al Estado de Derecho.
“A partir de 1999 el régimen desmanteló nuestra democracia: violó la Constitución, falsificó nuestra historia, corrompió a los militares, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa, manipuló las elecciones, persiguió a la disidencia y devastó nuestra extraordinaria biodiversidad”.
Agregó: “La riqueza petrolera no se utilizó para elevar, sino para atar; en tanto, lavadoras y refrigeradores fueron entregados en la televisión nacional a familias que vivían en pisos de tierra, no como progreso sino como espectáculo; los apartamentos destinados a viviendas sociales fueron entregados a unos pocos seleccionados como recompensa condicional por su obediencia.
“Y luego vino la ruina: corrupción obscena; saqueo histórico. Durante el régimen, Venezuela recibió más ingresos petroleros que en todo el siglo anterior. Y todo fue robado. El dinero del petróleo se convirtió en una herramienta para comprar lealtad en el exterior, mientras que en el país los grupos criminales y terroristas internacionales se fusionaron con el Estado. La economía se derrumbó en más de 80%. La pobreza superó 86%. Nueve millones de venezolanos se vieron obligados a huir. Estas no son estadísticas: son heridas abiertas”.
Ana Corina también describió una de las estrategias del régimen para mantener el poder: “Luego ocurrió algo más profundo y corrosivo. Fue un método deliberado: dividir a la sociedad por ideología, por raza, por origen, por estilos de vida; empujando a los venezolanos a desconfiar unos de otros, a silenciarse, a ver enemigos en los demás. Nos asfixiaron, nos hicieron prisioneros, nos asesinaron, nos obligaron al exilio”.
Retroceso
Cuando Chávez llegó al poder en 1999 convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y en ella se aprobó ampliar las facultades presidenciales y la reelección.
En 2000 se realizaron elecciones generales con el marco jurídico de la nueva Constitución y Chávez fue reelecto, mientras que Nicolás Maduro obtuvo un lugar en la Asamblea Nacional.
Desde la Presidencia y con una mayoría en la Asamblea Nacional comenzaron a hostigar a los opositores al tiempo que utilizaban recursos públicos para “sobornar” a oponentes y hacer proselitismo en favor del régimen.
Estas acciones motivaron un ambiente de preocupación en diversos sectores políticos, sociales y militares y en abril de 2002 se registró un golpe de Estado contra el presidente, quien fue arrestado y trasladado a una instalación militar. En ese momento Pedro Carmona, líder de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, asumió el poder.
Sin embargo, en medio de la convulsión política y social (movilizaciones a favor y en contra del chavismo), el dictador Chávez regresó al poder el 13 de abril, apoyado por militares que respaldaban al régimen.
Este golpe de Estado fallido se usó como justificación para depurar a las Fuerzas Armadas, radicalizar el discurso del chavismo y realizar un despido masivo de trabajadores de la empresa PVDSA, donde los golpistas habían encontrado una base de apoyo popular.
Los opositores detectaron que el régimen estaba decidido a consolidar una dictadura y promovieron un referéndum revocatorio, el cual se realizó en junio de 2004. Sin embargo, este fue organizado por autoridades electorales designadas en la Asamblea Nacional por legisladores afines al gobierno y nunca hicieron caso de la serie de irregularidades denunciadas. El resultado: no hubo revocación.
En 2005 hubo comicios para elegir a los 167 integrantes de la Asamblea Nacional. La serie de denuncias formuladas por la oposición contra el gobierno y una serie de renuncias de candidatos opositores propiciaron la desconfianza en los electores y el abstencionismo alcanzó 75%. El partido de Chávez y sus aliados ganaron 150 lugares; la oposición, 17.
“Más de once millones de venezolanos viven con el salario mínimo”.
Los informes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y de organismos civiles defensores de los derechos humanos fue concluyente al señalar que el gobierno utilizó recursos públicos y presionó a buena parte de los medios de comunicación para promover a sus candidatos, entre otras irregularidades.
Con el control de la Asamblea Nacional el régimen pudo con facilidad designar jueces, fiscales y autoridades electorales afines.
El siguiente objetivo: los medios de comunicación independientes. En 2007 el gobierno de Chávez decidió no renovar la licencia de RCTV y llevó a la televisora (donde se difundieron trabajos periodísticos denunciando la corrupción, la ineficiencia y la represión del gobierno) crítica del régimen a finalizar sus transmisiones el 27 de mayo de aquel año.
La oposición se mantuvo en la lucha. En 2007 promovió un referéndum para impedir la reelección indefinida; el chavismo perdió; pero en 2009 organizó otro referéndum en el que se eliminaron los límites a la reelección, acabando con el principio de la alternancia democrática.
Con ministros y jueces nombrados por el chavismo, dieron otro paso: promovieron leyes, entre 2010 y 2012, para criminalizar las protestas de la sociedad (los que protestaban contra el gobierno eran acusados de “traidores a la patria”) y solo permitir las manifestaciones a favor del régimen.
Al mismo tiempo continuaron la censura, hostigamiento y boicot contra los medios de comunicación. De acuerdo con la organización venezolana Colegio Nacional de Periodistas, en las más de dos décadas de chavismo cerraron 405 medios de información (prensa, radio y televisión) como “parte de una política de Estado contra la libertad de expresión”.
Margarita López Maya, excatedrática de la Universidad Central de Venezuela, resumió así el comienzo del deterioro de la democracia en su país: “Pese a que podemos constatar que aquel régimen político emergente inicial (Chávez) fue un híbrido de representación y participación, el discurso oficial tendió a realzar los mecanismos de democracia directa (referendos, revocatoria de mandatos, etcétera) e instituciones participativas (asambleas, comités comunitarios de gestión en servicios públicos) en desmedro de valores e instituciones representativas que Chávez hacía ver como inferiores o antagónicas.
“Con base en la idea de ampliar la participación sobre la representación, en los primeros años se impulsaron instituciones como las ‘mesas técnicas’ con diversos propósitos.
“Mientras el gobierno avanzaba en estas iniciativas, Chávez al mismo tiempo descalificaba y socavaba aspectos clave de la democracia representativa, como la independencia de las ramas del poder público, particularmente la rama judicial, que comenzó a controlar tempranamente. La tolerancia política a las opiniones diferentes y los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, así como la libertad de expresión, se debilitaban crecientemente”.
Al mismo tiempo, “el presidente descalificaba a sus oponentes con gran agresividad verbal. La polarización política se convirtió en la línea central del discurso oficial, sustituyendo al discurso de paz y armonía social característico de la era democrática”.
El pupilo
Chávez murió de cáncer en marzo de 2013 y tres días después Maduro asumió el poder como presidente interino.
En 2015 la Asamblea Nacional fue ganada por la oposición. El Consejo Nacional Electoral reconoció el triunfo de 112 candidatos opositores, contra 55 del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y aunque durante el proceso el Tribunal Supremo de Justicia anuló una buena cantidad de triunfos de los opositores, estos mantuvieron la mayoría.
En respuesta, en 2017 el régimen estableció una Asamblea Nacional Constituyente paralela, sustituyendo de facto al Poder Legislativo. Con esto hubo una ruptura definitiva del orden constitucional.
Venezuela tuvo elecciones presidenciales en 2018, pero los opositores fueron inhabilitados o exiliados, por lo que en realidad se trató de comicios simulados, además de que las misiones de observación internacionales fueron limitadas por el gobierno de Maduro.
El 20 de mayo de ese año Maduro fue reelegido presidente en unas elecciones en las que participó solamente 46% de la población. El entonces secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, denunció la elección como “una farsa”.
En 2019 la Asamblea Nacional de Venezuela declaró a Maduro como “usurpador”, en tanto que Juan Guaidó fue reconocido internacionalmente como presidente.
Maduro mantuvo el control utilizando a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para reprimir las protestas de la sociedad con acciones avaladas por el Tribunal Supremo de Justicia.
En 2020 hubo elecciones legislativas, pero la oposición prácticamente fue imposibilitada para participar y el chavismo recuperó la Asamblea.
Dos años más tarde, en 2022, en nuevas elecciones varios opositores lograron llegar a la Asamblea Nacional como diputados electos. La respuesta del régimen fue más represión y el Tribunal Supremo no atendió las demandas de violaciones a los derechos humanos.
Aquel año la Comisión de Derechos Humanos de la ONU publicó el informe Independencia del sistema judicial y acceso a la justicia en la República Bolivariana de Venezuela, entre cuyas conclusiones destacan: no hay independencia del sistema judicial; no hay transparencia en la designación de jueces; existe presión política de funcionarios y legisladores del régimen hacia los jueces (amenazas).
“Por las expropiaciones Venezuela acumula doce mil millones de dólares en deudas”.
Además, la Asamblea Nacional tiene facultades para designar y destituir jueces; los procesos para elegir a los jueces se desarrollan con irregularidades por parte del gobierno; y las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia “carecen de coherencia y suscitan preocupación por la preeminencia de las consideraciones políticas sobre las determinaciones de orden jurídico”.
Fraude y represión
En las elecciones presidenciales de 2024 se impidió a María Corina Machado postularse a la presidencia, por lo que el candidato fue Edmundo González Urrutia, cuyo triunfo en las urnas no fue reconocido por el régimen: “La dictadura respondió aplicando el terror. Dos mil 500 personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas. Marcaron sus casas, tomaron a familias enteras como rehenes. Sacerdotes, maestros, enfermeras, estudiantes: todos perseguidos por compartir un acta electoral. Crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas; terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”, denunció María Corina.
Al entregar el Premio Nobel de la Paz 2025, Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, comenzó su discurso relatando una serie de arrestos y desapariciones de opositores a la dictadura en Venezuela; entre ellos, el caso de Samantha Sofía Hernández, una adolescente de 16 años que “en noviembre pasado fue brutalmente secuestrada por hombres enmascarados de las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro. La sacaron de la casa de sus abuelos. No sabemos dónde se encuentra actualmente, probablemente en uno de los centros de internamiento de la dictadura”.
Aseguró que las historias de represión, arrestos y desaparecidos por el régimen no son únicas: “Esta es la Venezuela de hoy. Es como el régimen venezolano trata a sus propios ciudadanos”.
Asimismo, reprochó que ese régimen “ni siquiera perdona a sus niños: más de 200 menores fueron detenidos tras las elecciones de 2024. Las Naciones Unidas documentaron lo que sufrieron”.
Para Frydnes no hay duda de que, con Maduro y Chávez, Venezuela se convirtió “en un Estado brutal y autoritario sumido en una profunda crisis humanitaria y económica. Mientras tanto, una pequeña élite en la cúspide, protegida por el poder, las armas y la impunidad, se enriquece”.
Agregó: “A la sombra de esta crisis, miles de mujeres y niños se ven empujados hacia la prostitución y la trata de personas. Una cuarta parte de la población ya ha huido del país, lo que supone una de las mayores crisis de refugiados del mundo”.
Lamentó al mismo tiempo que en la actualidad “cada vez más países, incluso aquellos con una larga tradición democrática, están derivando hacia el autoritarismo y el militarismo. Los regímenes autoritarios aprenden unos de otros. Comparten tecnologías y sistemas de propaganda. Detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbolá, que suministran armas, sistemas de vigilancia y vías de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal”.
Lo cierto es que aquel 28 de julio millones de venezolanos salieron a votar. El resultado (con actas rescatadas por ciudadanos opositores y auditadas por organismos y asociaciones internacionales) fue: Edmundo González, 67%, con 7.4 millones de votos; Nicolás Maduro, 30%, con 3.3 millones. La participación rebasó 60%, considerando que alrededor de una cuarta parte de la población emigró por la pobreza, la inseguridad, el desempleo, la falta de alimentos o bien por ser perseguidos políticos del régimen.
La historia es conocida: el Consejo Nacional Electoral, con un significativo retraso de varios días (bajo el argumento de un hackeo al sistema), dio a conocer que Maduro obtuvo 51% de la votación, contra 44% de González, pero no accedió a exhibir las actas de escrutinio.
Al respecto, la Misión de Observación Electoral de la OEA reportó a finales de julio de 2024: “A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo, complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante”.
El régimen madurista, indicó, “se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. El manual
completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela, en muchos casos de manera muy rudimentaria”.
Lecciones
Con un líder carismático al frente los chavistas utilizaron en sus inicios a las instituciones democráticas y la Constitución para acceder al poder.
Ya desde el poder, “cooptaron” inicialmente a los grupos más vulnerables con “programas sociales”, pero con un manejo irresponsable de los recursos públicos.
Cuando el dinero se acabó, llegó la crisis económica y no pudieron sostenerse los programas sociales, los chavistas se dieron cuenta que con elecciones libres, instituciones democráticas, división de poderes y un Poder Judicial independiente perderían el poder, así que decidieron cambiar las leyes y apoderarse de todo el poder público, incluidos los órganos electorales. Lo hicieron con una serie de cambios a la Constitución.
Así, en Venezuela, con el argumento de que los cambios eran por “voluntad del pueblo”, el chavismo fue destruyendo instituciones que permitían la rendición de cuentas, las elecciones libres y la alternancia en el poder, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos.
Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro y sus respectivos aliados siguieron un “manual de dictadores”, de acuerdo con lo expuesto por organismos internacionales, que igualmente alertan que regímenes de otros países, incluidos los de larga tradición democrática, siguen ese instructivo para socavar la democracia y acabar con las libertades.
Lecciones que deja la historia.
Informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
• En el primer semestre de 2025 se contabilizaron mil 249 protestas.
• En el primer semestre de 2024 se contabilizaron dos mil 383 protestas, pero de un año a otro la represión del gobierno fue más brutal.
Caracterización de la protesta durante el primer semestre de 2025
• Por violación a los derechos civiles.
• Exigencia de sueldos y pensiones dignas y respeto a los derechos laborales.
• Exigencia de justicia: familiares de personas detenidas en protestas poselectorales pidieron investigaciones imparciales, respeto a garantías procesales y liberación inmediata, denunciando violaciones sistemáticas a derechos humanos.
• Por falta de servicios básicos: agua y electricidad.
• Por falta de acceso a la vivienda.
• Por falta de atención médica y medicinas.
Saldos
• 50 protestas reprimidas en 18 estados, con dos heridos y 15 detenidos.
• En la mayoría de las protestas reprimidas se reportó la presencia de civiles armados.
Informe de la ONU
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos (elecciones) sobre la República Bolivariana de Venezuela señaló que desde octubre de 2023 se intensificó la maquinaria represiva del Estado.
Entre septiembre de 2023 y mayo de 2024 fueron condenadas 60 personas por protestar contra el fraude electoral.
Se les impusieron penas de 13 a 60 años.
De 38 partidos que compitieron en las elecciones, 18 fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, que les impuso a sus cuadros directivos (todos afines al régimen).
Durante las campañas se registraron al menos 42 denuncias de detenciones arbitrarias.
En las protestas contra el fraude electoral se denunciaron mil 619 detenciones arbitrarias.
La represión contra manifestantes que denunciaban el fraude electoral dejó al menos 25 personas asesinadas (24 por arma de fuego) por el gobierno y centenares de heridos y detenidos.
La misión de la ONU también obtuvo información sobre la detención de alrededor de 200 niños y niñas después de las protestas: ellos fueron acusados de graves delitos, como terrorismo. En algunos de los casos registrados las víctimas fueron niños y niñas con discapacidad, que sufrieron tortura e incluso violencia sexual.
El entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en su programa Con el mazo dando publicó imágenes de varias de las detenciones llevadas a cabo, como forma de amenaza y generando terror en la población.
En la mayoría de las detenciones se documentaron violaciones al proceso por parte del Poder Judicial.
Se registraron al menos 29 casos de desaparición forzada por parte de las autoridades.
La Misión de la ONU documentó tortura o tratos crueles cometidos por las autoridades contra los detenidos.
A pesar del nulo acceso a la información oficial, la Misión tuvo motivos para creer que existió violencia sexual contra las detenidas.
La libertad de expresión se vio aún más limitada luego del fraude electoral de 2024.
Hay motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de los derechos humanos investigadas representan crímenes de lesa humanidad.
Las fuerzas de seguridad del Estado estuvieron involucradas en la comisión de violaciones y delitos.
El Tribunal Supremo de Justicia operó con falta de independencia, dejando impunes los crímenes de la dictadura.
Censura
Según la organización Reporteros Sin Frontera (RSF) alrededor de 200 periodistas extranjeros se encuentran actualmente retenidos en Cúcuta, Colombia, a la espera de autorización para ingresar a Venezuela.
Muchos de los que logran ingresar al país son posteriormente deportados. Al mismo tiempo, el gobierno venezolano prácticamente no brinda información oficial, mientras que los medios independientes siguen gravemente debilitados por la presión política, las dificultades económicas y el exilio. Esto ha creado un profundo vacío informativo.
Las redes sociales están cada vez más inundadas de desinformación y contenidos manipulados, gran parte de ellos generados mediante Inteligencia Artificial (IA).
El 5 de enero fuerzas venezolanas detuvieron temporalmente a 14 periodistas durante la investidura de la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, en la Asamblea Nacional en Caracas, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Desde entonces otros cuatro periodistas han sido detenidos en la frontera: dos de España, uno de México y uno de Colombia. Aunque todos fueron liberados pocas horas después, al menos seis periodistas permanecen encarcelados en Venezuela por sus actividades profesionales.
Durante el régimen de Maduro 300 emisoras de radio fueron clausuradas, alrededor de 100 periódicos desaparecieron y cinco televisoras dejaron de transmitir, algunas debido a que el gobierno no les renovó su concesión (por ser críticas del régimen).
Desplazamientos
Cerca de ocho millones de personas han abandonado el país. La mayoría de los venezolanos desplazados, aproximadamente 6.7 millones, permanece en América Latina y el Caribe. Colombia absorbió más de 2.8 millones. Perú acogió a más de 1.5 millones. Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, cada uno recibió cientos de miles.
Fuente: ACNUR
Crisis económica
Salarios Tras 14 años de gobierno chavista y doce de Maduro once millones de ciudadanos en Venezuela sobreviven con un salario mínimo de 130 bolívares al mes, lo que equivale a 1.5 dólares, según el Banco Central de Venezuela.
Hiperinflación La hiperinflación alcanzó su punto máximo, 130,060%, en 2018, cuando se publicó el indicador rompiendo un silencio informativo de casi cuatro años sin datos oficiales sobre el comportamiento económico del país, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela.
Expropiaciones De 2003 a 2023 se documentó que más de mil empresas y cientos de medios de comunicación pasaron a manos del Estado. Se confiscaron 500 mil viviendas y 179 edificios privados de alto lujo, 43 conjuntos urbanísticos fueron paralizados y 523 mil apartamentos y casas fueron parte de expropiaciones indirectas. Se expropiaron 3.6 millones de hectáreas de tierras productivas. Por estas nacionalizaciones el Estado venezolano acumuló al menos doce mil millones de dólares en deudas por litigios perdidos ante tribunales internacionales, según el BM.
Economía/empleos Venezuela perdió 72% del tamaño de su economía y se redujo a 28%; más de cuatro millones de personas en edad de trabajar salieron del mercado laboral, incluidos los trabajadores más jóvenes, más calificados y con mayor experiencia, con base en el estudio Crisis económica y el colapso del acervo de capital humano venezolano.
Medicamentos Los datos establecen que hubo un desabastecimiento crónico con un déficit severo de medicamentos básicos de entre el 70 y 80%. Hubo deterioro de infraestructura con hospitales con servicios básicos inoperantes, falta de agua, ascensores dañados y unidades de cuidados intensivos cerradas, afectando la capacidad de respuesta, de acuerdo con la Federación Farmacéutica de Venezuela.
Educación Más de tres millones de niños y adolescentes quedaron fuera del sistema educativo entre 2000 y 2024 para trabajar y ayudar a sus familias, con una deserción que ha bajado la cobertura educativa, según el Programa Venezo-lano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Alianzas con la cleptocracia
Bajo su postura comunista, tanto el gobierno de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro diseñaron una estrategia consistente en estrechar lazos de cooperación con aquellas potencias tradicionalmente contrarias a Occidente.
De acuerdo con el Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos las relaciones de la dictadura venezolana con la cleptocracia integrada por el bloque China, Rusia, Irán y Cuba dejaron de ser simplemente diplomáticas o comerciales, al punto de que estas potencias vienen ejerciendo una poderosa influencia política, geoestratégica, ideológica y militar.
Se trata de naciones que de manera constante exportan terrorismo, inestabilidad y violaciones de derechos humanos.
Rusia, por ejemplo, es uno de los aliados comerciales y militares más importantes de Venezuela: ambos países mantienen una fuerte relación bilateral, con acuerdos en áreas de defensa y energía.
Con China mantiene relaciones diplomáticas y económicas significativas. El país asiático ha proporcionado apoyo financiero y ha colaborado en diversos proyectos, y Venezuela ha respaldado públicamente las posturas de China en diversos temas internacionales.
Las relaciones con Irán se han fortalecido en los últimos años, especialmente en el ámbito energético y comercial. Cuba ha sido uno de los aliados ideológicos más cercanos de Venezuela desde la presidencia de Hugo Chávez, con una amplia cooperación ideológica y en áreas como la salud y la seguridad.