Mientras los delincuentes que orquestan estos delitos obtienen ganancias con el sufrimiento humano, las víctimas —a menudo migrantes, menores y gente con discapacidad— enfrentan criminalización, castigo y estigmatización.
La trata de personas es “un negocio descomunal que alimenta la corrupción, propaga el miedo y se aprovecha de las personas más vulnerables en todo el mundo”, alerta Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 31 de julio de cada año, tanto la OIM como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) subrayan la necesidad de prevenir y erradicar este delito, que representa una grave violación a los derechos humanos.
El tema de este año destaca una variante del tráfico de personas que normalmente pasa desapercibida y que crece a un ritmo acelerado: la trata destinada a la realización de actividades delictivas forzosas.
La campaña de la OIM, titulada “Forzados a cometerlos, criminalizados por haber sobrevivido”, demanda que las víctimas que son obligadas a incurrir en delitos como fraude en línea, tráfico de drogas y robos, sean protegidas y no castigadas.
Mientras que los delincuentes encargados de orquestar estos delitos obtienen ganancias con el sufrimiento humano, las víctimas —a menudo migrantes, menores y gente con discapacidad— son criminalizadas, enfrentando los castigos y la estigmatización.
En este mismo instante, dice Pope, “miles de personas en toda Asia Sudoriental, por ejemplo, están atrapadas en centros dedicados a las estafas en línea”, operaciones que generan al menos 40 mil millones de dólares al año.
Para desmantelar estas redes, en las que la corrupción y el crimen organizado son factores clave, las respuestas —sugiere la OIM— deben centrarse en la identificación de las víctimas y en ofrecer justicia a los sobrevivientes.
“Permítanme hablar con claridad: no se debería encarcelar a nadie por actuar bajo coacción. Asegurémonos de que quienes rindan cuentas sean los tratantes, no las personas a las que explotan”, puntualiza Pope.
Diagnóstico
Las cifras sobre el tráfico de personas son alarmantes: entre 2020 y 2023 se identificaron más de 200 mil víctimas en todo el mundo.
Sin embargo, se estima que la cifra real es mayor debido a los casos no reportados; un delito silencioso que, debido al miedo, quienes lo sufren prefieren no denunciar.
México —lugar de origen, tránsito y destino del tráfico de personas— no se libra de la estadística. El Reporte anual contra la trata de personas 2024-2025 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México revela un incremento de 86% en los informse sobre trata vinculados a pornografía infantil, en comparación con el mismo periodo de 2024.
Al menos 62% de las cinco mil 170 denuncias recibidas sobre la trata corresponde a pornografía infantil, mientras que 38% restante se distribuye en otras modalidades.
La niñez, indica Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, “sigue siendo la más afectada”, pues el mayor porcentaje de las víctimas de todos los grupos etarios se concentra en los menores de 18 años.
Esto se explica —agregó Álvarez— “porque son los más vulnerables en el contexto digital actual, donde a través de las redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp se vuelven supuestos ‘amigos virtuales’ de los tratantes”.
¿Y la ley?
El primer intento por legislar contra este delito en México fue en 2007, cuando se expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Aunque la iniciativa fue el primer instrumento legal que estableció de manera detallada estrategias para la prevención y asistencia a las víctimas en el país, resultó insuficiente, pues no estaba claro lo que había que entender por “trata de personas”, lo que propició que los tratantes pudieran moverse de una entidad a otra —cada estado tipificó el delito de manera distinta— para evadir el rigor de la ley.
Además, se excluía de responsabilidad a los tratantes cuando las víctimas daban su “consentimiento” —contrario a los principios propuestos por los instrumentos internacionales de la materia—, dejando impunes los casos en los que las víctimas eran sacadas de sus casas con engaños bajo la promesa de un empleo que resultaba falso, por mencionar un caso.
Otro obstáculo eran los métodos mediante los cuales se ejecutaba el delito, pues eran las víctimas quienes tenían que demostrar y convencer al Ministerio Público que habían sido engañadas, chantajeadas, sometidas o secuestradas, cuando sus propias circunstancias lo impedían.
Fue hasta 2012 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley que vino a reemplazar la del 2007, cuyo propósito principal fue homologar en todo el país las sanciones y el tipo penal, evitando que la carga de la prueba recayera en la víctima.
Hace poco más de un año, el 7 de junio de 2024, se publicaron una serie de reformas a la ley que buscaron desincentivar jornadas laborales prolongadas sin la debida compensación.
Entre ellas, una adición al artículo 21, con la que quedó estipulado que la explotación laboral no solo se refiere a trabajar bajo condiciones peligrosas o insalubres, con cargas de trabajo desproporcionadas y remuneraciones inferiores al salario mínimo, sino toda jornada laboral que supere lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.
También se sumaron gravámenes de 3 a 10 años de prisión, y cuando la explotación afecte a personas de pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas, la pena será de 4 a 12 años de prisión, con sanciones de siete mil a 70 mil días multa.
Protocolos
En México, la trata de personas se ha abordado más como un delito que hay que castigar que como un problema social complejo, por lo que —hasta el momento— no hay una política pública preventiva que aborde las causas estructurales.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el tráfico de personas tiene raíces sociales, económicas y culturales que deben visibilizarse para formular mejores estrategias, centradas en la prevención y la planificación:
“Hay que analizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad que posicionan a determinadas personas entre aquellos más fáciles de ser violentados”, mencionó en un comunicado.
Entre los intentos por prevenir el delito, distintas asociaciones civiles como el Consejo Ciudadano trabajan de la mano de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México en las terminales de autobuses. Lo que logró el rescate de 99 personas en lo que va del año.
Otro caso es el desarrollado por la aerolínea Aeroméxico, que desde 2016 generó un protocolo para prevenir la trata de personas: “Al ser parte del sector de transporte es importante atender lo que pasa en nuestras instalaciones, pues este delito tiene tres fases: el enganche o la captación, el traslado —que es donde entramos nosotros y tenemos responsabilidad— y la recepción”, mencionó Karen Farías, directora de Sostenibilidad de Aeroméxico.
El protocolo —ahondó— es simple, “algo parecido a una guía de actuación en la que intervienen con sensibilidad todos nuestros colaboradores”. Para identificar a posibles víctimas hay señales claras: gente con la mirada baja, normalmente acompañada que no posee sus documentos; personas nerviosas —“una mujer puso en el suelo a un bebé de seis meses en lo que ella atendía una llamada”—; el aspecto físico de los viajeros —“descubrimos a un niño porque los zapatos que traía eran demasiado grandes”—, y otros detalles.
Una vez identificados, los sobrecargos avisan a la máxima autoridad, el piloto, y es él quien tiene contacto con las autoridades competentes dentro de los mismos aeropuertos: “Desafortunadamente nuestro trabajo solo es preventivo. Más allá de eso, no se puede hacer más”, apuntó Farías.
Con más de 800 víctimas de este delito en México cada año, sin contar la temida cifra negra y las secuelas que acompañan a las víctimas durante el resto de sus vidas, cualquiera esperaría que las autoridades competentes sí pudieran hacer más.
La promesa de una mejor vida
María. “Creí en que saliéndome de mi casa en Venezuela, buscando otro trabajo, tendría un futuro mejor”, recuerda María, “pero me encontré atrapada en una pesadilla de la cual no podía escapar”.
Durante ocho meses fue obligada a realizar trabajo forzoso y sometida a explotación sexual. Ahora tiene 29 años, vive en Trinidad y Tobago junto a su pareja y sus dos hijos. “No ha sido fácil”, dice, con la voz entrecortada. “Pero de a poco me estoy forjando una nueva vida”.
Cuando regresó a Venezuela su familia no se enteró de lo que tuvo que soportar. El miedo y la vergüenza la mantuvieron en silencio. Han pasado siete años desde que vio por última vez a sus padres y hermanos. Si bien los extraña mucho, lo vivido sigue siendo una pesada carga como para poder ponerlo en palabras.
Deudas impagables
Paula. Tenía 22 años y estudiaba Mercadotecnia. Una amiga suya le consiguió un trabajo en Cancún, a más de dos mil km de su casa en Bogotá; ella aceptó. “Mi plan era ahorrar lo suficiente para pagar el siguiente semestre de universidad. Ellos se ofrecieron a prestarme el dinero para sacar el pasaporte y el ticket de avión. No sabía yo la deuda que estaba adquiriendo y menos aún la forma en que habría de pagarla”, dijo.
Una noche, mientras trabajaba como bailarina en un prostíbulo, se apagaron las luces. “Vi entrar a un grupo de hombres armados y con capuchas. Uno se paró frente a mí y me dijo: Vístase. Me estaban rescatando”.
Al salir del avión, de vuelta en Bogotá, Paula trató de ocultar su rostro de las cámaras de los periodistas curiosos que la esperaban. “Ya pasaron ocho años de eso y mi conclusión es que nunca deja de doler”, finalizó.