El régimen de Hugo Chávez-Nicolás Maduro destruyó el sistema democrático e instauró una dictadura que reprimió a los opositores y canceló de facto los derechos fundamentales.
Luego de más de dos décadas de régimen chavista en Venezuela la conclusión a la que llegaron diferentes agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y prácticamente todos los organismos civiles defensores de los derechos humanos a nivel internacional fue que en ese país no se respetan las garantías fundamentales de los ciudadanos, se reprime a los oponentes, se desatienden las necesidades básicas de la población y no hay Estado de Derecho. En resumen, no hay libertad.
Hugo Chávez primero y luego Nicolás Maduro consolidaron un régimen dictatorial que destruyó el sistema democrático: el Ejecutivo subordinó a los poderes Legislativo y Judicial; cambiaron las leyes para mantener el poder y no rendir cuentas; el gobierno manipuló las elecciones; reprimieron con cárcel, exilio y asesinatos a los opositores; se aliaron con organizaciones del crimen organizado y terroristas del mundo.
Ahora, con la captura de Maduro, llega una nueva etapa: reconstruir el sistema democrático, comenzando por garantizar la celebración de elecciones sin manipulación de resultados por parte del gobierno, respetar los derechos de los opositores y liberar a los presos políticos; inmediatamente habrá que restituir la independencia del Poder Judicial y la pluralidad del Congreso, entre otras acciones que garanticen las libertades en Venezuela.
Irregularidades
En 1999 Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela. Ese mismo año convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y se aprobó ampliar el poder presidencial y la reelección, al mismo tiempo que se debilitaron los contrapesos institucionales.
Fue en ese momento cuando inició el cambio de régimen, aún dentro de un marco formalmente democrático.
En 2000 se realizaron elecciones generales bajo la nueva Constitución y Chávez fue reelecto.
El 11 de abril de 2002 hubo un golpe de Estado contra Chávez, pero el dictador regresó al poder el 13 de abril, apoyado por militares que respaldaban al régimen.
Este golpe de Estado fallido se usó como justificación para depurar a las fuerzas armadas, radicalizar el discurso del chavismo y realizar un despido masivo de trabajadores de la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Fue en este marco que en junio de 2004 la oposición venezolana reunió firmas para convocar a un referéndum revocatorio contra Chávez, el cual se desarrolló en medio de denuncias de irregularidades y actos de corrupción. El resultado fue de “no revocarlo”.
En aquel 2004 se celebraron elecciones para renovar la Asamblea Nacional y el chavismo obtuvo 100% de los lugares y desde ahí la dictadura nombró jueces y ministros del Poder Judicial, fiscales y autoridades electorales, todos afines al régimen.
Otra acción para consolidar la dictadura llegó en 2007, cuando el gobierno de Chávez decidió no renovar la licencia de RCTV, llevando a que esta televisora independiente y crítica del régimen finalizara sus transmisiones, lo cual ocurrió el 27 de mayo de ese año.
En 2007 Chávez perdió un referéndum de reforma constitucional sobre la reelección indefinida. Sin embargo, en 2009 un nuevo referéndum (manipulado por el gobierno) eliminó los límites a la reelección, acabando con el principio de la “alternancia democrática”.
La dictadura no se detuvo ahí: entre los años 2010 y 2012 el Tribunal Supremo actuó sistemáticamente a favor del Poder Ejecutivo, se criminalizaron las protestas y los medios críticos fueron cerrados o asfixiados económicamente.
El pupilo
Chávez murió de cáncer el 5 de marzo de 2013 y tres días más tarde comenzó la era de Nicolás Maduro como dictador, al convertirse en presidente interino.
En 2015 la Asamblea Nacional fue ganada por la oposición, marcando el primer revés electoral real del chavismo. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia anuló los triunfos de la oposición.
La situación empeoró cuando en 2017 se estableció una Asamblea Nacional Constituyente paralela, sin referéndum previo, sustituyendo de facto al Poder Legislativo. Con esto hubo una ruptura definitiva del orden constitucional.
Venezuela tuvo elecciones presidenciales en 2018, pero los opositores fueron inhabilitados o exiliados, por lo que en realidad se trató de comicios simulados, donde además no se permitieron observadores internacionales o, en todo caso, fueron muy acotados por el régimen.
El 20 de mayo de ese año Maduro fue reelegido presidente en comicios en los que participó solamente 46% de la población. El entonces secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, denunció la elección como “una farsa”.
Para 2019 la Asamblea Nacional de Venezuela declaró a Maduro como “usurpador” y Juan Guaidó fue reconocido internacionalmente como presidente interino, pero Nicolás Maduro mantuvo el control mediante el uso de las fuerzas armadas (reprimieron manifestaciones, encarcelaron gente e incluso asesinaron y desaparecieron a miles de opositores) y el respaldo del Tribunal Superior de Justicia.
Fraude y represión
En julio de 2024 se celebraron elecciones presidenciales. El resultado (con actas rescatadas por ciudadanos opositores y auditadas por organismos y asociaciones internacionales) fue: Edmundo González, 67%, con 7.4 millones de votos; Nicolás Maduro, 30%, con 3.3 millones.
La participación rebasó 60%, considerando que alrededor de una cuarta parte de la población (según estimaciones de organismos internacionales) está hoy en el exilio.
La historia es conocida: el Consejo Nacional Electoral, con un significativo retraso de varios días (con el argumento de un hackeo al sistema), dio a conocer que Maduro obtuvo 51% de la votación, contra 44% de González, pero no accedió a exhibir las actas de escrutinio.
Como bien recordamos, la Misión de Observación Electoral de la OEA reportó a finales de julio de 2024 (luego de las elecciones presidenciales): “A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo, complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante”.
El régimen madurista, indicó, “se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. El manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela, en muchos casos de manera muy rudimentaria”.
Y concluyó: “Teniendo en cuenta que el comando de campaña opositor ya presentó las actas por las que habría ganado la elección y el madurismo aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado (…) la consecuencia es aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela. De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones, pero en este caso con la vigilancia de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos”.
Para la OEA está claro que “el camino a seguir en Venezuela se debe sustentar en una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo”.
Democracia y libertad
Luego de la intervención militar de Estados Unidos y la captura de Maduro, el historiador Enrique Krauze publicó un mensaje en el que manifiesta su “satisfacción y júbilo por el modo en que se abre la esperanza para el pueblo venezolano, por la caída del dictador, del tirano Nicolás Maduro”.
Al mismo tiempo, lanzó una crítica a los personajes y gobernantes que se definen ideológicamente como de izquierda: “Quiero expresar mi repudio, mi rechazo a la doble moral tradicional de la izquierda latinoamericana, que no siempre fue así, pero que en los últimos años ha acentuado este rasgo deplorable. La doble moral que representa ser tan indulgentes con los dictadores progresistas, pero al mismo tiempo implacables con los dictadores de derecha: todos los dictadores son iguales”.
Krauze también expresó su preocupación “porque el proceso de democratización de Venezuela se viera manchado, enlodado, obstruido por la tradicional ceguera de Estados Unidos en su política exterior”.
En este sentido, subrayó que “es importante que Venezuela no sea tratada como un peón en el ajedrez geopolítico y sean los venezolanos los que decidan siempre, en libertad y en democracia, su destino. Yo estoy absolutamente seguro de que el pueblo venezolano sabrá defender de manera pacífica su libertad y su democracia. Los liberales del mundo y los demócratas del mundo estaremos con ustedes”, concluyó.
A su vez, Edmundo González, considerado el “presidente electo” por millones de venezolanos y así reconocido por diversos gobiernos (Europa y América del Norte) expresó que el momento actual constituye un paso importante, pero no suficiente: “La normalización del país será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de su libertad por razones políticas y se respete la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano en las elecciones presidenciales”.
Reiteró: “Ninguna transición es posible mientras haya venezolanos encarcelados de manera injusta. Como presidente de los venezolanos hago un llamado a las fuerzas armadas: deben cumplir con su deber; como comandante en jefe les recuerdo que su compromiso es con la República y con el pueblo”.
Y concluyó: “El país que llegue debe ser un país de derechos, de instituciones y de esperanza”.
A su vez, María Corina Machado difundió un comunicado titulado Venezolanos, llegó la hora de la libertad, donde hizo un llamado a iniciar de manera inmediata una transición democrática y reiteró que Edmundo González debe asumir como presidente legítimo de Venezuela, con el reconocimiento institucional correspondiente, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional.
Machado instó a los ciudadanos a mantenerse “vigilantes, activos y organizados” hasta que se concrete la transición, señalando que este proceso requiere la participación de todos los sectores del país.
Finalmente, expresó un mensaje de confianza y unidad, afirmando que “Venezuela será libre” y aseguró que continuará en contacto con la ciudadanía a través de los canales oficiales en lo que calificó como horas decisivas para el futuro de su país.
Al cierre de esta edición la situación no es clara. Siguen las interrogantes acerca de cómo se restablecerá la democracia en ese país, por ejemplo, qué organismos internacionales vigilarán las futuras elecciones y cómo se desarrollarían estas, o bien si se reconocerá el triunfo de González; tampoco se sabe con certeza qué papel jugarán los funcionarios o militares de Estados Unidos en Venezuela.
Pero al menos ya se dio un paso importante: Nicolás Maduro ya no es el dictador y represor del pueblo venezolano.