GARANTÍAS INDIVIDUALES

El presidente ha sido valiente al resistir las presiones para violar los derechos humanos en el combate al COVID-19.

Sergio Sarmiento
Columnas
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Uno de los mayores aciertos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en esta pandemia de COVID-19 ha sido el rechazo a medidas que violen los derechos individuales. En esta Fase 3 en que nos encontramos, por ejemplo, el gobierno federal ha seguido pidiendo a la población que se guarde, que se quede en casa, pero no ha utilizado a la fuerza pública para forzar a la gente a hacerlo.

Esto es muy importante. Combatir la pandemia es una prioridad insoslayable. La enfermedad registra una mortalidad muy importante, de alrededor de 5% de los casos registrados, mayor a otros males que también cobran vidas en nuestro país y en el mundo. Pero es muy importante que en el esfuerzo no se violen los derechos individuales. Impedirle a una persona trasladarse, ayudar a sus parientes mayores de edad o ganarse el sustento es inaceptable, incluso en un caso tan dramático como el que estamos viviendo.

Algunos gobernantes locales, sin embargo, sí toman medidas que afectan los derechos individuales y lo hacen en abierta violación a las garantías de la Constitución. Estados como Sonora, Jalisco y Michoacán han establecido restricciones generales al desplazamiento y el trabajo de las personas y han amenazado con usar la fuerza pública para obligar a la gente a mantenerse confinada contra su voluntad.

El artículo 29 de la Constitución otorga al presidente, con la aprobación del Congreso, la facultad de restringir las libertades individuales en caso de invasión, perturbación de la paz pública o cualquier otra situación “que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”. Sin embargo ni el presidente López Obrador ni el Congreso han autorizado un estado de excepción que permitiría violar las garantías individuales. Por eso los tribunales ampararon a un grupo de abogados que solicitaron y obtuvieron una suspensión del confinamiento obligatorio ordenado por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Si bien el gobernador perredista se quejó de la decisión, que consideró “egoísta”, la Constitución federal deja muy claro cuál es el único camino para abrogar de manera temporal los derechos constitucionales. Y ese camino no se ha transitado.

Derechos

Varios gobernantes locales toman medidas que cada vez tienen menos que ver con la salud pública, pero sí buscan restringir de manera innecesaria las libertades individuales. Los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, por ejemplo, dieron a conocer restricciones a la circulación de vehículos privados, al aplicar el programa Hoy No Circula a vehículos que han cumplido con todos los requisitos para circular todos los días, sin que la medida tenga una lógica sanitaria. Al impedir la circulación de estos vehículos privados se obliga a más gente a usar el transporte público, que sigue estando saturado. La situación se agrava por la decisión de restringir las estaciones o el número de unidades de transporte que dan servicio al público. Parecería que los gobiernos quieren aumentar el número de contagios.

El presidente ha sido valiente al resistir las presiones para violar los derechos humanos en el combate al COVID-19. Es muy claro que hay que tomar medidas para detener la pandemia hasta donde se pueda, aunque los epidemiólogos nos dicen que contenerla es imposible y a lo más que se puede aspirar es a aplanar la curva. Aun así, las medidas no deben ser violatorias de las garantías individuales.

Mientras no tengamos una dictadura, todos los mexicanos gozamos del derecho de tránsito y del derecho al trabajo.