Cuando el 6 de septiembre de 2020 un grupo de presuntas feministas que no obtuvo solución a sus demandas tomó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México, comenzaron una serie de hechos que desvirtuaron sus peticiones y se transformaron en actividades fuera del Estado de Derecho y en actos que derivaron en una total impunidad.
Este grupo cambió el nombre del edificio de República de Cuba 60 a “Okupa Casa Refugio Ni Una Menos México” y como parte del proceso de ocupación efectuó pintas en el inmueble y declaró al lugar como refugio para víctimas de violencia.
Durante casi 19 meses las manifestantes organizaron actividades y boteos en la zona para financiar su causa —si bien nunca se conocieron detalles de sus tareas—, pero hace unos días integrantes de la Okupa agredieron a una profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien se negó a apoyarlas económicamente y en respuesta golpearon su vehículo, causándole serios daños.
Este hecho indignó a la opinión pública. En medios de comunicación, redes sociales y organismos civiles se alertó sobre el hecho de que desde hace meses el movimiento que ocupaba esta sede de la CNDH presentaba rupturas internas y que sus desmanes, su actitud tan lejana de las causas con que se justificaron en un principio, daban lugar a un claro hartazgo social.
Vecinos afirmaron que el inmueble que se dijo serviría de apoyo a víctimas de violaciones a sus derechos humanos, más bien se transformó en la operación de un grupo de mujeres que se dedicaron a violentar los derechos de los ciudadanos en el área.
Prisión preventiva
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) afirmó que por estos hechos tres mujeres fueron detenidas por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, robo agravado y daño a la propiedad en pandilla.
Se trata de Areli “N”, Karla “N” y Magda “N”, de 38, 32 y 31 años, respectivamente, las cuales se encuentran recluidas en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
Analistas indican que por parte de la jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaun Pardo, y del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, el mensaje es claro: poner orden en la ciudad al no permitir impunidad ni que se violente el Estado de Derecho de los ciudadanos de la capital del país.
No violencia
De manera reciente Claudia Sheinbaum se asumió como feminista y dijo apoyar la causa, pero rechazó que se recurra a la violencia para demandar derechos.
La mandataria capitalina refrendó su convicción de estar al lado de las víctimas y la protección de todos los derechos, independientemente de las creencias e intereses que se demanden.
“El movimiento feminista merece todo nuestro reconocimiento y simpatía. Yo me reconozco como feminista. Pero en lo que no estamos de acuerdo es con la violencia: no podemos aceptar la violencia de ningún tipo”, destacó Sheinbaum.
Reconoció que la administración que encabeza siempre va a estar del lado de las víctimas y de las mujeres violentadas. “Siempre vamos estar al lado de la justicia. Como lo he dicho, es obligación de todo gobierno la protección de las personas, independientemente de sus creencias. Defendemos a la Ciudad de México como nación de libertades y derechos. Cuando haya abuso policial, se sanciona, pero tampoco podemos justificar la agresión de una persona a otra, de una mujer a una mujer”, sostuvo Sheinbaum.
Contexto
Esta es la historia de la ocupación de la CNDH y su reciente liberación por parte de las autoridades capitalinas.
La titular de la CNDH, Rosario Piedra, recibió el miércoles 2 de septiembre de 2020 en su oficina a un grupo proveniente de San Luis Potosí que conformaban familiares de mujeres asesinadas, desaparecidas y violentadas.
Entre ellos destacó la señora Marcela Alemán, madre de una niña agredida sexualmente en 2017; supuestamente la menor fue abusada por el personal del colegio donde estudiaba.
Aunque la infante identificó a María “N” e Ivette “N” como sus agresoras, tres años después las dos trabajadoras del colegio no habían enfrentado ningún juicio y continuaban en libertad.
La madre de la víctima dijo que tenía muchas quejas ante diferentes dependencias de los tres niveles de Gobierno y que frecuentemente recibía amenazas por denunciar los hechos.
Al final de la reunión con Rosario Piedra, Marcela se negó a regresar a San Luis Potosí y se amarró a una silla en la CNDH. Junto a Marcela se quedó Silvia Castillo, mamá de Alan, joven asesinado y quemado en San Luis Potosí en 2013, cuyo caso tampoco se había resuelto.
Un día después, el jueves 3, Alemán y Castillo contactaron a 20 familiares de víctimas de la violencia en México que tenían un plantón en las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en la Ciudad de México.
Asimismo, contactaron a diferentes colectivas feministas de la CDMX y las invitaron a sumarse al reclamo en la CNDH.
Por la tarde una funcionaria de la CNDH acompañó a Marcela Alemán y su esposo de regreso a San Luis Potosí, con la promesa de ayudarles en la investigación del abuso de su hija.
En la mañana del viernes 4 de septiembre al menos diez integrantes de diferentes colectivas llegaron a la CNDH para acompañar a la señora Silvia Castillo y las 20 familiares de víctimas que llegaron de la CEAV.
Sin enfrentar represión alguna, las integrantes de diversos colectivos feministas tomaron la CNDH y comenzaron a realizar pintas en muros y obras de arte dentro del inmueble. Por la tarde Silvia Castillo abandonó la CNDH cuando funcionarios le prometieron ayuda en la investigación del caso del asesinato de su hijo Alan.
El sábado 5 de septiembre integrantes de estas colectivas feministas exhibieron la comida que encontraron en un refrigerador al interior del inmueble como costillas, filetes de pescado y diversos quesos. En un comunicado, la CNDH dijo que intentó dialogar con las feministas que ocupan sus oficinas sin éxito alguno.
La dependencia a cargo de Rosario Piedra mencionó que se trabajaba en un pliego petitorio en apoyo a las mujeres, temas como servicios médicos y acceso a medicamentos, entrega de despensas, programa de empleo, subsidio para la Alerta de Violencia de Género a siete estados de la República, el retiro de la campaña del gobierno federal “Cuenta hasta diez”, poner fin al discurso de descalificación del movimiento feminista y diversas peticiones personales de acuerdo a diferentes casos.
“Queremos decirles que esas instalaciones, hoy clausuradas, no son oficinas burocráticas, son centros de recepción y atención de quejas para defender los derechos humanos de todas y todos”, añadió la CNDH.
Para el 6 de septiembre de 2020 las colectivas feministas dijeron que no habían obtenido respuesta ni solución a sus demandas; durante el día cambiaron el nombre del edificio a “Casa Refugio Ni Una Menos México” e inició la ocupación ilícita de las instalaciones durante largos 19 meses.
Operativo
El hecho que destapó las arbitrariedades que se daban en la zona se registró el miércoles 13 de abril, cuando una automovilista que circulaba por el Centro Histórico, a la altura de República de Cuba 60 se encontró con un grupo de mujeres con el rostro cubierto que bloqueaba la vialidad.
Una cámara captó el momento en que estas cuatro mujeres encapuchadas agredieron a la maestra de la UAM que circulaba en su vehículo por esa zona.
Por la tarde de ese día la cantante y compositora Nnux denunció que su madre fue atacada afuera de este edificio por mujeres encapuchadas; la madre se encontraba dentro de su coche cuando ocurrió el ataque. Ante ello, Nnux compartió diversos videos en su cuenta de Twitter.
Las mujeres de Okupa afirmaron en redes sociales que la acción fue “una respuesta de autodefensa por aventarnos el coche mientras estábamos boteando y por casi atropellar a dos infantes que viven en la calle de Cuba”.
Para el viernes 15 de abril la Okupa compartió videos donde policías se encontraban fuera del lugar para desalojarlas, pero resultó que en el edificio solo había tres personas.
Omar García Harfuch, titular de la SSC de la Ciudad de México, informó ese mismo día que había una denuncia por las agresiones y que, derivado de ello, la FGJCDMX y la institución a su cargo intervinieron y recuperaron el inmueble de Cuba 60.
“Se recuperó un inmueble de donde salieron las agresoras, con el fin de evitar que sea utilizado para realizar más acciones que ponen en riesgo a la ciudadanía”, indicó García Harfuch.
Ante la presencia policiaca las tres mujeres que estaban dentro del inmueble se atrincheraron y opusieron resistencia, por lo cual una salió por la ventana e intentó saltar al edificio contiguo, pero no lo logró porque los policías las tenían rodeadas.
En su intento por evitar el desalojo abrió la llave de paso de la tubería que surte el gas, pero convencida por sus compañeras regresó al inmueble, de donde tras la intervención de los elementos del orden fueron sacadas sin que se reportaran hechos de violencia.
De acuerdo con la carpeta de investigación las mujeres fueron detenidas por elementos de la SSC y de la Fiscalía General de Justicia. Durante la inspección al inmueble encontraron un megáfono, una caja con botellas con líquido (aparentes bombas molotov), cohetones y una bolsa con vegetal verde, cuyas características son similares a la marihuana.
En el patio central estaba un altar a la Santa Muerte y al centro dos imágenes más de la misma, rodeadas de objetos diversos que se mostraban como ofrendas.
Las ocupantes, a través de redes sociales, mencionaban en un video que esos objetos habían sido arrebatados a sus “agresores”: cascos de policías, mobiliario de tránsito, botellas de vino, velas, entre otras cosas.
Las detenidas, en su defensa, compartieron parte de un video y audio donde presuntamente policías capitalinos discuten cómo “repartir” las “bolsitas” de enervantes entre ellas para supuestamente evidenciar que se les estaban fabricando delitos, lo que más tarde funcionarios de la dependencia desmintieron.
Proceso
El lunes 18 de abril las tres mujeres detenidas fueron vinculadas a proceso y obtuvieron prisión preventiva justificada tras el cateo y el desalojo del edificio de la CNDH, donde se les imputó el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.
“Luego de que el representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, de la Coordinación General de Investigación Territorial, realizara diversas indagatorias las mujeres fueron presentadas ante la autoridad jurisdiccional en espera que se celebre la audiencia correspondiente”, dijo la dependencia.
El juez impuso la medida de prisión preventiva justificada, por lo que ordenó que permanecieran en el penal de Santa Martha Acatitla.
Para el 20 de abril el vocero de la FGJCDMX, Ulises Lara López, dijo que en seguimiento a las acciones conjuntas desplegadas por la Fiscalía capitalina y la SSC para recuperar el inmueble en el Centro Histórico, el cual estuvo ocupado durante 19 meses por diversos grupos, el Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de las tres detenidas.
“Las tres mujeres fueron vinculadas a proceso una vez que la Fiscalía les imputó el hecho que la ley señala como delito en contra de la salud en su modalidad de narcomenudeo, y otros dos delitos en materia de robo agravado y daño a la propiedad en pandilla”, dijo el portavoz.
Agregó que ya se entregó de manera formal a la CNDH el inmueble que fue legalmente recuperado, en cumplimiento a una orden de cateo, solicitada y obtenida por el Ministerio Público.
Al aclarar las acusaciones de las activistas sobre el presunto montaje de pruebas que difundieron en un video, Lara expuso: “Con relación a un video que circula en redes sociales en el que se hacen señalamientos sobre hechos ocurridos en las instalaciones de la Fiscalía de Investigación Territorial en Benito Juárez, se aclara que dicha grabación no ofrece ningún contexto y es difundida parcialmente, además de que se escuchan instrucciones genéricas a los elementos policiales para que individualicen las evidencias, con la finalidad de formalizar la acusación sin violentar los derechos fundamentales de las imputadas”.
Los supuestos argumentos vertidos en el video, estableció el vocero, no corresponden con la realidad, ya que la evidencia que les fue encontrada a dichas imputadas por parte de elementos de la SSC estaban en el lugar de los hechos, no al interior de la agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación por el delito de contra la salud.
Asimismo, “es indispensable mencionar que el abogado defensor de las imputadas se encontraba en el lugar referido, con el conocimiento pleno del Ministerio Público, quien conocía además que se documentaba en video todo lo que ocurría”, explicó.
Lara López dijo que para generar mayor transparencia y para no violentar el debido proceso no se negó en ningún momento realizar dicha grabación. “Es importante señalar que durante la audiencia de vinculación no se exhibió dicha grabación en video como dato de prueba, lo cual demuestra que no se documentaron actos contrarios a la ley durante su realización”.
Incluso, concluyó Lara, “la autoridad judicial calificó de legal la detención al no encontrar situaciones irregulares en la presentación del informe policial homologado”.
Diferencias
Especialistas aseguran que las verdaderas luchas del feminismo no se deben desvirtuar con hechos grotescos, manifestaciones violentas y agresiones a la ciudadanía o a los cuerpos policiacos, ya que estas expresiones solo desprestigian a este tipo de movimientos que buscan equidad de género.
Montserrat Dehesa, colaboradora del Centro de Estudios de Género, advirtió que alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres sigue siendo una de las principales exigencias del feminismo en pleno siglo XXI, pero no mediante la violencia.
Explicó que actualmente este movimiento debe constituirse como una corriente de pensamiento que reúna ideologías políticas, culturales y económicas, que busquen lograr la equidad de género y la transformación de las relaciones de poder entre ambos sexos.
El feminismo, expuso, es un movimiento social cuyas características principales son la solidaridad, la percepción específica de la realidad y la capacidad de producir. “La solidaridad está dirigida a promover cambios sociales, la percepción de la realidad cuestiona las ideas normativas y reglas sociales que suponen desventaja para las mujeres, pero nunca se habla de violencia”.
Narró que la violencia no es la ruta para mejorar las relaciones sociales, es decir, “ese actuar no hará que las situaciones cambien”.
Dejó en claro que se debe renovar la capacidad de producir, “esto es, la habilidad que se debe tener para la producción de ideas, teorías y acciones colectivas: ese es el empuje entre los grupos de mujeres encaminados hacia el cambio”.
El feminismo, concluyó Dehesa, “es toda una cultura de un conjunto de mujeres que han cuestionado, debatido y cambiado el entorno para que sus derechos e intereses sean reconocidos, pero la confrontación, la manipulación y la violencia simplemente nos revierten las propuestas auténticas”.
Línea de tiempo
2 de septiembre de 2020 Marcela Alemán se amarra a una silla al interior de las oficinas de la CNDH para exigir justicia por la violación de su hija en San Luis Potosí cuatro años antes.
4 de septiembre Al menos diez integrantes de diferentes colectivos llegan a la CNDH para acompañar a la señora Alemán.
5 de septiembre Integrantes de colectivos feministas exhiben comida que encontraron en un refrigerador al interior de la CNDH, como costillas, filetes de pescado y diversos quesos.
6 de septiembre Las ocupantes dicen que no han obtenido respuesta ni solución a sus demandas y cambian el nombre del edificio a “Okupa Casa Refugio Ni Una Menos México”. Inicia una ocupación de 19 meses.
8 de septiembre Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, reitera su invitación al diálogo ante las demandas de las víctimas.
10 de septiembre La titular de la CNDH comparece ante el Senado luego de la toma de las instalaciones del organismo.
17 de septiembre La señora Marcela Alemán es canalizada con un abogado que llevará su caso y anuncia que se retira de las instalaciones de la CNDH.
2 de noviembre El colectivo Okupa denuncia haber recibido amenazas por parte de otros grupos que buscaban que desocuparan las instalaciones de la CNDH.
13 de abril de 2022 Una automovilista a la altura de República de Cuba 60 es agredida por un grupo de mujeres con el rostro cubierto que bloquean la vialidad y dañan su auto.
15 de abril La PGJCDMX y la SSC recuperan las instalaciones de la CNDH. Son detenidas tres activistas.
18 de abril Son vinculadas a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo Areli “N”, Karla “N” y Magda “N”, recluidas en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
20 de abril La FGJCDMX suma al delito de narcomenudeo las imputaciones por robo agravado y daño a la propiedad en pandilla a las tres indiciadas; fija 30 días para el cierre de la investigación complementaria.