Ciudad de México, 9 de marzo de 2021.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) emitió un comunicado en el que informa que un Juez de la capital giró órdenes de aprehensión en contra del exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la capital del país, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; de la Diputada local por el mismo partido, Sandra Esther Vaca Cortés, y del exsecretario de finanzas del tricolor, Roberto Zamorano, por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa.
Las órdenes de aprehensión también incluyen a dos exempleadas del partido, identificadas como Claudia Priscila y Adriana, quienes presuntamente eran reclutadoras de la supuesta red de prostitución que operaba al servicio de Gutiérrez de la Torre.
Los dos hombres y las tres mujeres son probables responsables de los delitos de trata de personas –en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa–, así como del delito de asociación delictuosa, detalló la Fiscalía.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del exlíder partidista y de las otras cuatro personas involucradas.
La institución agregó que solicitó la colaboración de la Fiscalía General de República (FGR), del Instituto Nacional de Migración (INM) y de las fiscalías de las entidades federativas, para la búsqueda, localización y aprehensión de estas personas.
El pasado 11 de septiembre, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre sería reabierto, con el fin de perfeccionar la investigación.
“El caso no está cerrado; ampliaremos las diligencias necesarias para perfeccionar la investigación con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia, al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie”, dijo la funcionaria capitalina en un mensaje a medios.
Godoy Ramos señaló que la determinación se tomó luego de que se hallaran que las indagatorias fueran insuficientes.
En este sentido, especificó que halló que se generaron actos que incomodaron a cada uno de los testigos, por lo que éstos no aportaron todos los elementos necesarios para la investigación.
A la par, se halló que la Policía de Investigación (PDI) no realizó una investigación completa de la red de vínculos que el llamado “Rey de la Basura” gestó; así como falta de diligencias periciales que valoraran las pruebas presentadas.