En Chihuahua, primer estado en regresar a semáforo rojo en octubre, las medidas decretadas por el gobernador Javier Corral Jurado para combatir la pandemia de Covid-19 han resultado en un fracaso, señalan empresarios de la entidad.
Dichas medidas, afirman, lejos de frenar los contagios dañan el comercio, afectan al desarrollo del estado, criminalizan a los ciudadanos y, sobre todo, se prestan para cometer abusos contra la población chihuahuense.
Abuso policial
Un ejemplo de ello se registró el sábado 14 de noviembre en una sucursal bancaria, cuando ciudadanos que trataban de retirar su dinero, apoyos gubernamentales depositados en sus cuentas o remesas que les son enviadas de otros países, fueron reprimidos violentamente por la policía del estado, que les impidió cobrar sus fondos y les negó así la oportunidad de cubrir sus necesidades esenciales, como comprar comida, medicamentos o pagar sus facturas.
A ellos se suman otros miles de ciudadanos víctimas de las restricciones dictadas por Javier Corral.
De hecho cientos de personas se ven obligadas a pagar multas de casi cuatro mil pesos para recuperar del corralón sus autos, decomisados por salir después de las siete de la tarde sin tomar en cuenta que muchos de ellos se movilizan por diversas emergencias, como llevar a una persona al hospital o comprar medicinas para un familiar enfermo.
La policía desoye los llamados de auxilio y actúa de forma unilateral, sin dar ninguna muestra de apoyo a la población.
Y es que los chihuahuenses siguen bajo las imposiciones del gobernador, que con una decisión autoritaria ha inducido el cierre de negocios, muchos de los cuales difícilmente volverán a abrir. El libre tránsito, al igual que el transporte público, también es restringido.
El gobierno de Javier Corral prohibió que las personas salgan a las calles después de las siete de la noche y ordenó que los comercios permanezcan cerrados los fines de semana.
Daños económicos
Líderes empresariales habían advertido ya sobre el peligro e ineficacia de estas medidas implementadas por el gobernador: hoy no solo se confirma que resultan ineficientes sino que además se persigue y se castiga a la población por el simple hecho de hacer compras en un supermercado o de realizar sus pagos.
Para Raúl Picard, vicepresidente de Concamin, las medidas ordenadas por Corral son pésimas: “El gobernador no está midiendo las consecuencias económicas y sociales que implican. Podría dedicar dinero de sus obras a dar cubrebocas o hacer otras cosas. No puede ser que se esté metiendo a la cárcel a quien no usa un cubrebocas: no podemos llegar a un régimen donde se castiga por no hacerlo”.
En el mismo sentido se expresa Jorge Cruz Camberos, presidente de Coparmex en Chihuahua: “Hoy por hoy para los comerciantes, para la empresa local, para la inversión local es de suma importancia que puedan abrir estos días. Vemos que los contagios no se están dando en el comercio. La economía no aguanta más”.
Por su parte el analista financiero Víctor Sánchez Baños señala que mucha gente recibe recursos mediante las remesas y necesita hacer retiros en bancos o tiendas comerciales donde ya está acostumbrada a hacerlo.
Y si el gobierno estatal cierra esas puertas, puntualiza, se bloquea la actividad financiera. “Casi 99% de la población vive al día. Por ello necesitamos que ese 99% tenga la posibilidad de sobrevivir al día dentro del marco de esta pandemia. Si las actividades económicas se frenan no hay manera de que una persona pueda desarrollar su vida normalmente”, afirma.
Hoy en Chihuahua se devasta la economía de millones de mexicanos que mañana no saben si tendrán empleo o dinero para comprar lo necesario para sobrevivir.
Por eso nadie se sorprendió cuando el pasado martes 17 de noviembre apareció un desplegado en uno de los diarios de mayor circulación de todo el estado con la exigencia de 24 cámaras empresariales y más de 60 propietarios de negocios para que las autoridades pongan fin al acorralamiento que utiliza el gobernador Javier Corral para mantener todos los negocios cerrados los fines de semana y con horarios que afectan a miles de consumidores.
Jesús Manuel Salayandía, presidente de Canacintra en Ciudad Juárez, advierte tajante: “Una caída económica es mucho más fuerte que una pandemia; la gente se va a morir de hambre; es lo que no queremos. Es increíble pensar que parando la economía se va a acabar la pandemia”.
Sin Estado de Derecho
Las acciones cometidas contra la población, como en el caso de los clientes de la sucursal bancaria en Chihuahua que fueron desalojados y detenidos de manera violenta por policías cuando intentaban retirar dinero, vulneran el Estado de Derecho, aseveran diversos penalistas.
Añaden que tan solo en ese acto se registraron: abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública, trato inhumano y degradante, violación constitucional al libre tránsito, y transgresiones a las actividades esenciales de los ciudadanos de Chihuahua, lo que paraliza el desarrollo económico en la entidad.
Esta situación ha llegado a las más altas esferas políticas: incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó contra las medidas coercitivas y autoritarias dictadas en Chihuahua. “No soy partidario de las medidas coercitivas. Creo que lo mejor es hacer conciencia en la gente y tenerle confianza al pueblo”, puntualizó el jefe del Ejecutivo federal.
El primer mandatario expresó que con esas medidas se violan garantías individuales pero “hay quienes tienen afanes muy autoritarios, represivos”.
En tanto, para diversos legisladores las medidas del gobernador de Chihuahua violentan la Constitución y los derechos humanos. Desde la Cámara de Diputados acusan a Javier Corral de violaciones graves a los artículos 1, 11, 16, 29 y 38 de la Constitución. En este sentido advierten que el ser gobierno no le da derecho de pisotear a los ciudadanos.
Ulises García Soto, diputado por Morena, indica: “El artículo 16 constitucional señala que nadie puede ser molestado en su persona a menos que se tenga una orden por escrito girada por un juez o alguna autoridad. Y el artículo 38, que explica los motivos por los cuales a una persona se le puedan restringir sus garantías, no tiene enlistado el uso del cubrebocas. Entonces esta ley aprobada en Chihuahua fácilmente se puede apelar, pedir un amparo o a una acción de inconstitucionalidad”.
García Soto agrega que los retenes impuestos en esa entidad son anticonstitucionales y fuera de la ley. “Las acciones impuestas por el gobernador son evidentemente muy draconianas. Es la forma en que ha venido gobernando Javier Corral, en un estilo muy fascista”, afirma el legislador.
En Chihuahua, para muchos políticos, hay un toque de queda que no se quiere reconocer.