Los bloqueos a vías de comunicación como autopistas y rutas del ferrocarril, así como la llamada “toma” de casetas, representan pérdidas de cientos de millones de pesos lo mismo para la Hacienda pública que para las empresas.
Con el fin de erradicar dichas prácticas el Senado de la República acordó realizar una mesa de trabajo para el análisis de la iniciativa de reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación, que establece sanciones “a quienes interrumpan, dañen o restrinjan las vías de comunicación y al transporte en México”.
Huachicoleo vial
En diciembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación “para sancionar a quienes con fines de lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje”.
Con ello, señalaron los diputados de la LXIV Legislatura, se busca garantizar la seguridad de los usuarios de las vías generales de comunicación, así como abonar a resguardar los recursos del erario público.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en San Lázaro (tanto en la pasada como en la actual Legislatura), Víctor Pérez Díaz, del PAN, precisa que “la intención es brindar mayor certeza jurídica y garantizar el Estado de Derecho en las vías generales de comunicación”.
Menciona que “se sanciona a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, en algunos de ellos, con afanes de lucro”.
Es conocido, dice, “el fenómeno que se da en el país sobre el bloqueo de casetas de cobro, lo cual provoca que mercancías de primera necesidad no lleguen a su debido tiempo; en casos extremos paraliza la actividad económica; incrementa los precios de algunos productos y pone en riesgo la integridad y la seguridad de los usuarios de las mismas”.
Pérez Díaz asegura que “en los hechos, se ha visto en bloqueos a las vías generales de comunicación a personas que son seudomanifestantes. La propuesta no pretende criminalizar ni coartar el derecho a la libre manifestación”.
Los bloqueos, añade, “de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y 2020 originaron pérdidas sectoriales cercanas a los siete mil millones de pesos. Esto representa un golpe a las finanzas del Estado mexicano”.
Por otro lado, el diputado Pérez Díaz asevera que en 2020 “los bloqueos a las vías férreas se incrementaron 119% respecto de 2019 y en promedio su duración fue de doce días. Al paralizar puntos estratégicos se entorpece el traslado de mercancías y la actividad económica”.
En consecuencia, puntualiza, “el objetivo de la reforma es evitar el desorden a fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de las vías generales de comunicación y atender este fenómeno que daña al Estado y a la sociedad”.
Añade el legislador del PAN que con el establecimiento de sanciones se busca que se repare el daño: “Las sanciones deben ser proporcionales al daño. Nosotros tratamos de compensar el perjuicio al patrimonio de la Federación ocasionado por quienes realizan las acciones de bloqueo y/o impiden el cobro de derechos de peaje y por el uso de carreteras federales”.
Precisa que “se busca que a quien interrumpa la prestación de servicios u operación de carreteras, vías férreas y aeropuertos se le imponga un castigo y se establecen agravantes para sancionar con mayor fuerza cuando tienen fines de lucro”. Indica que, por ejemplo, “la seguridad e integridad de los usuarios de carreteras de cuota está en constante riesgo, puesto que al no cubrir la cuota de peaje no se cuenta con una póliza de cobertura ni están protegidos ante accidentes viales”.
Asimismo, el diputado blanquiazul resalta que “el bloqueo de los servicios de peaje es un negocio inmenso, es un nuevo huachicoleo: en promedio, grupos delincuenciales obtienen ganancias por 500 mil pesos en cinco horas. En casetas con mayor afluencia como la de Tlalpan, en la Ciudad de México, puede ser por arriba del millón de pesos”.
Caminos de Michoacán
Raúl Gracia Guzmán, exsenador del PAN, expuso: “Por la importancia que representa el servicio ferroviario, en los últimos años distintos grupos de personas utilizan el bloqueo de las vías férreas como un instrumento para que las autoridades escuchen y resuelvan sus peticiones”.
Los bloqueos, dijo, “han ido en aumento de forma cada vez más disruptiva. Además de tener una afectación directa y continua a la logística del suministro de componentes y materias primas fundamentales para las líneas de producción, se acompañan de múltiples eventos de vandalismo contra la infraestructura ferroviaria, a sus componentes, robo de mercancías que se transportan, sabotaje y daños a la propiedad privada”.
Por ejemplo, indicó, “en 2018 fueron dos los eventos que más afectaron a estas vías generales de comunicación. Uno de ellos fue en Michoacán, el cual duró 20 días deteniendo más de 70 trenes con un promedio de 100 carros ferroviarios cada uno. El segundo bloqueo fue el de Delicias, Chihuahua. Duró más de ocho días y afectó la distribución de 151 toneladas de productos de diferentes industrias, como automotriz, agrícola, metalúrgica y química”.
En 2021 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon las vías del tren en el municipio de Caltzontzin, Michoacán, durante tres meses, de agosto a octubre.
De acuerdo con la empresa ferroviaria Kansas City Southern México este bloqueo le causó una afectación económica de 25 millones de dólares porque se dejaron de mover cuatro mil 300 toneladas de productos de consumo nacional y de exportación.
A su vez, la Asociación de Industriales de Michoacán estima que sus pérdidas a causa del mismo bloqueo ascienden a dos mil millones de pesos.
Delincuentes
El inicio de las campañas electorales de 2021, la emergencia sanitaria que causó la pandemia de Covid-19 y la conclusión de los trabajos de la pasada Legislatura impidieron que la iniciativa de reforma a la Ley General de Vías Generales de Comunicación se analizara en el Senado y apenas hace unos días la cámara alta la retomó para su discusión.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado acordó realizar una mesa de trabajo para analizar la minuta que reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para sancionar a quienes interrumpan, dañen o restrinjan las vías de comunicación y al transporte en México.
Coincidieron los integrantes de la comisión en señalar “la necesidad de realizar a la brevedad una reunión para dialogar con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de definir correctamente este nuevo tipo penal”.
La propuesta prevé “sanciones de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación o los medios de transporte”.
También prevé sanciones “para quienes interrumpan la construcción de dichas vías o que para obtener un lucro bloqueen el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje; o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación”.
Noé Castañón Ramírez, senador de Movimiento Ciudadano, subraya que “la protesta ya no es la causa de la toma de las vías de comunicación sino que se convirtió en un tema de lucro, por lo que es urgente legislar en la materia. Tenemos la gran oportunidad de modificar la minuta para darle al pueblo de México un instrumento jurídico eficaz”.
Sergio Pérez Flores, de Morena, denuncia que “los conductores de autotransporte son doblemente castigados, puesto que se les ‘botea’ y además se les cobra mediante el Telepeaje”.
En su reciente comparecencia ante el Senado el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, indicó que en 2020 “el monto total de pérdidas por la toma de casetas ascendió a cuatro mil 121 millones de pesos”.
Y afirmó: “Este tipo de acciones ya no representan actos de protesta social, sino que se trata de organizaciones de delincuentes”.
Proyecto de decreto
Se reforma el artículo 533 y se adiciona un artículo 533 Bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:
Artículo 533. Los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación, o los medios de transporte, o interrumpan la construcción de dichas vías, o total o parcialmente interrumpan la prestación de servicio, operación, o deterioren las vías generales de comunicación o los medios de transporte así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen por estas, serán castigados con tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización vigentes.
Artículo 533 Bis. A quienes en el ejercicio de la conducta establecida en el artículo anterior obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación, se les sancionará con seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a mil Unidades de Medida y Actualización vigentes.