Cuauhtémoc, Chihuahua, a 20 de septiembre. Las finanzas del ayuntamiento de Cuauhtémoc, Chihuahua, podrían verse afectadas por la negligencia del presidente municipal Elías Humberto Pérez Mendoza luego de incumplir un contrato mediante el cual se daría tratamiento al actual tiradero a cielo abierto de la región, motivo por el que se le requiere 276 millones de pesos.
Cabe señalar, que esta controversia que enfrenta el ayuntamiento de Cuauhtémoc se debe a un incumplimiento de contrato mediante el que KEF EXPONENTIAL, SAPI DE CV y CORPORATIVO AMBIENTAL DKDA, SA DE CV demandan una indemnización luego de que obtuvieron una concesión mediante licitación pública nacional en diciembre de 2019, según consta en el acta de fallo emitida por el Comité de Compras, con número MC-CAACS-N25/2019.
En este fallo se autorizó a las dos empresas por un periodo de 15 años iniciar operaciones del 1 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2034, el tratamiento del actual tiradero a cielo abierto de esta localidad.
No obstante a esta determinación, la gestión panista de Humberto Pérez no respetó esta concesión.
El fallo para dar la concesión se dio el 23 de diciembre de 2019 y la celebración del contrato ocurrió el 31 de diciembre de 2019.
A pesar de estos acuerdos firmados por ley, la nueva administración encabezada por Pérez determinó sin previo aviso no respetar la concesión, ni pagar por las inversiones hechas por KEF EXPONENTIAL, SAPI DE CV/ y CORPORATIVO AMBIENTAL DKDA, SA DE CV.
Y es que las dos firmas ya habían invertido en el pago de una “Fianza de Cumplimiento” por un importe de 3 millones 374 mil 592 pesos, así como 12 millones de pesos más por el concepto de un contrato con los dueños de un terreno ejidal que serviría como relleno sanitario por los 15 años de la concesión.
Tras estos hechos por el incumplimiento del contrato, se demandó al gobierno actual a cargo del panista Pérez Mendoz a resarcir el equivalente al pago que KEF EXPONENTIAL, SAPI DE CV/CORPORATIVO AMBIENTAL DKDA, SA DE CV que recibirían a lo largo de 15 años.
Esto es, un estimado de 276 millones 738 mil 679 pesos, por indemnización que se habría reclamado el 23 de abril de 2020 sin que a la fecha se haya llegado a un acuerdo reparatorio.
E incluso, por ambas partes, quedó estipulado en el contrato la reparación en caso de que alguno de los dos cancelara el acuerdo.
Así quedó establecida en la cláusula vigésimo tercera del contrato, concerniente a “responsabilidades”. En este precepto, se advierte que el concesionario (las empresas) pagarán al municipio una pena convencional en caso de no ejecutar total o parcialmente los servicios de manera injustificada.
Por su parte, si es la parte gubernamental también tendrá que pagar. “Si el municipio, sin causa justificada decretara la revocación o rescisión de la concesión, indemnizará a el concesionario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 del código municipal para el Estado de Chihuahua”, dice el contrato.