Las principales causas que originan el trabajo infantil son la pobreza laboral, la disminución del ingreso doméstico, la exclusión y la desigualdad, factores que se agudizaron en los últimos 15 meses de confinamiento por la pandemia de coronavirus en el país y en el mundo.
Frente a este panorama se prevé que los 3.3 millones de menores que trabajan en México se incrementarán, lo que significa un retroceso en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es desaparecer las jornadas laborales en la población infantil del territorio nacional en 2025.
Todavía en 2019 la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, destacaba la reducción en el trabajo infantil entre 2017 y 2019 en 51 mil 696 personas, es decir, 2.5%. Pero ahora, aunque empieza la reactivación de la economía nacional, para los 32 millones de personas que viven en pobreza y pobreza extrema se complica la situación al grado de ver mermados sus ingresos y accesos a los alimentos básicos.
De hecho la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica que un millón de alumnos (2.5 a 3%) desertaron de la escuela por problemas económicos.
En este sentido la titular de la Secretaría del Trabajo puntualiza que “aún hay mucho por hacer y la pandemia del Covid-19 incrementó la dimensión de este desafío. Pero desde el gobierno de México seguiremos trabajando incansablemente hasta que ninguna niña, niño o adolescente se vea forzado a trabajar. Porque la infancia es esa etapa de la vida que debe estar repleta de afecto, esparcimiento, aprendizaje… Es responsabilidad del Estado garantizar el interés superior de la infancia”.
Datos del INEGI refieren que el trabajo infantil no permitido se da principalmente en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca.
Indican además que las entidades que tienen una mayor concentración de niños y niñas realizando trabajos son Oaxaca, Nayarit y Puebla.
Mientras los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 revelan que hay 3.3 millones de menores ocupados en formas de trabajo prohibidas, cifra que representa 11.5% de la población de cinco a 17 años.
Además 2.2 millones de menores de edad se encuentran ocupados en alguna actividad económica, cifra equivalente a 7.5% de este sector de la población, que en total alcanza los 20.8 millones. De ellos 73% participa en quehaceres domésticos y 5.3% (1.5 millones) realiza quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas.
Y es que la inclusión al mercado laboral a edades tempranas puede traer consecuencias que afectan el desarrollo de niños y adolescentes. Un menor de edad que trabaja puede, por un lado, disminuir el tiempo y calidad invertido en el estudio, juego, convivencia con sus pares u otras actividades que favorecen su crecimiento; y por otro, exponerse a sufrir algún problema físico o sicológico por realizar actividades no adecuadas.
En este tema Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señala que esta condición creció por la pandemia y continuará. Agrega que el efecto del confinamiento es mucho mayor para hogares con menores ingresos, de estratos bajos; y aunque los programas sociales tienen presencia amplia están repartidos para toda distribución del ingreso y poco más de la mitad de los estratos más bajos no recibe apoyo social.
Aproximadamente cuatro de cada diez hogares en el país fueron receptores de algún programa o apoyo de gobierno. La respuesta ante la crisis del Estado mexicano se enfocó en reforzar los programas sociales que existían antes de la crisis.
Los principales programas sociales reportados en marzo de 2021 fueron las pensiones de Bienestar (17%) y las becas Benito Juárez (15%). Además de los programas sociales seis de ocho gobiernos locales y otras instituciones emprendieron acciones de ayuda a los hogares ante la crisis por Covid-19, siendo las despensas en especie el apoyo más reportado (16% mencionó recibirlas).
En el mundo
Durante los últimos cuatro años el número de niños que trabaja registró un incremento de 8.4 millones, elevando hasta 160 millones el número de menores que desempeñan alguna tarea laboral, según el informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
La investigación indica además que el mundo no está en proceso de eliminar el trabajo infantil para 2025, como lo plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible: para cumplir esa meta el progreso global tendría que ser casi 18 veces más rápido que el ritmo alcanzado en las dos últimas décadas.
Por sectores el agrícola, con 70% o 112 millones, es donde se desempeñan la mayoría de los niños que trabajan; le sigue con 20% o 31.4 millones de menores afectados el de servicios; y con 10% el de la industria, que emplea a 16.5 millones de niños.
Asimismo la prevalencia del trabajo infantil en las zonas rurales (14%) es casi tres veces superior al de las zonas urbanas (5%).
La OIT y el UNICEF coinciden en señalar que “los niños que trabajan corren el riesgo de sufrir daños físicos y mentales. El trabajo infantil compromete su educación, restringe sus derechos y limita sus oportunidades futuras, además de que conduce a círculos viciosos de pobreza y trabajo infantil por generaciones”.
Añaden que “más de 50% de los niños realiza trabajos peligrosos, es decir, peligrosos para su salud, educación y bienestar. El trabajo infantil es una triste realidad para demasiados niños”.
Vinícius Pinheiro, director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, expresa que “la combinación de la pérdida de empleo, el aumento de la pobreza y el cierre de escuelas es una tormenta perfecta para la proliferación del trabajo infantil. Abandonar la escuela y entrar prematuramente en el mercado laboral reduce las posibilidades de conseguir mejores empleos en el futuro, perpetuando la trampa de la pobreza”.
Agrega que “es cierto que ha habido avances en las últimas dos décadas en la región, pero las cifras siguen siendo demasiado altas. Y la crisis social y económica provocada por la pandemia podría causar un retroceso dramático si no se actúa pronto. El diálogo social y la cooperación internacional son esenciales para una respuesta que incluya medidas de protección social, más y mejor educación, fortalecimiento de la inspección laboral y trabajo decente para los padres”.
2021
La pandemia afecta más a los hogares de menor nivel socioeconómico, haciendo las brechas entre los que tienen y no aún más grandes.
Asimismo afecta más a las mujeres y “los impactos en bienestar tendrán secuelas a mediano y largo plazo”, explica Graciela Teruel, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana.
Al presentar los resultados de la Encuesta de Seguimiento de los Efectos del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares Mexicanos (Encovid-19), correspondiente a marzo de este año, donde se observan los efectos severos que deja la pandemia en el bienestar de la población en términos de empleo, ingresos, salud mental y alimentación, la investigadora comenta que la recuperación en el ingreso de los hogares sigue rezagada respecto de la recuperación en el empleo ya que 64% de los hogares declaró tener menos ingresos que antes de la pandemia.
Los hogares de menor nivel socioeconómico reportaron una mayor pérdida de ingresos, con 70%, respecto de los de mayor nivel socioeconómico (53%). La recuperación también es desigual: mientras que solo 4% de los hogares de bajo nivel socioeconómico reporta un mayor ingreso que antes de la pandemia, en los hogares de nivel socioeconómico alto este porcentaje es de 12 por ciento.
Graciela Teruel dice que la Encovid-19 arrojó que 4.2 millones de personas se encontraban desocupadas en ese momento (7.3% de la Población Económicamente Activa), es decir, estaban desempleadas, las habían descansado sin goce de sueldo o no podían salir a buscar trabajo por la pandemia.
Seguridad alimentaria
Un hallazgo preocupante es la disminución en los niveles de seguridad alimentaria, acompañada por un alarmante aumento en la inseguridad alimentaria moderada y severa (hogares que no reportaron preocupaciones o dificultades para acceder a alimentos), al bajar de 33% en diciembre de 2020 a 27% en marzo de 2021.
“La seguridad alimentaria es un foco rojo porque tiene que ver con el porcentaje de personas que tienen acceso a una adecuada alimentación. La inseguridad severa es consistente: empezó con 12% y ha ido aumentando mes a mes hasta llegar a 17% en marzo (2021). Esto habla de personas que tienen hambre, que ven reducidas la calidad y la cantidad de alimentos que consumen”, precisa Teruel.
Por su parte Roberto Vélez, director del Centro Espinosa Yglesias, explica que los datos sobre la seguridad alimentaria arrojan luz sobre el escenario que viene ya que cuando se presenta un problema de este tipo, aunque todo el hogar es afectado, la población que se encuentra en crecimiento biológico y desarrollo nutricional es más vulnerable.
“La Encovid-19 nos dice lo que nos puede esperar en un futuro sobre un nivel de vida biológico en la población afectada. Tenemos un costo que no se está observando, no tenemos una solución total, pero vamos a tener que pensar cómo se empezará a resolver este problema que se presentará en los próximo años”, concluye.