Ciudad de México, a 16 de diciembre. Uno de los únicos organismos democrático de la capital del país fue borrado del mapa administrativo como lo es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info-CDMX), así como lo fue el año pasado el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), a nivel nacional.
Con la ausencia de la oposición y con los votos a favor de 45 diputados de Morena y bancadas afines, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma a la Constitución local con la que deja de existir el Info-CDMX, cuyo pleno estaba integrado por tres comisionados, y será sustituido por un órgano sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General, con un solo comisionado.
Entre una trifulca de diputadas de Morena, PAN y PRI se dio este revés en el órgano parlamentario capitalino, al derecho de acceso a la información de los capitalinos.
El origen del conflicto fue la aprobación del dictamen que eliminó a este órgano de transparencia como ente constitucional autónomo y transfiere sus funciones a un órgano desconcentrado sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General.
La tensión se agravó cuando, durante la sesión, Morena incorporó una reserva de último momento para que el nuevo órgano garante estuviera integrado por un solo comisionado, en lugar de un cuerpo colegiado.
Para las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, esta modificación elimina contrapesos, concentra decisiones y pone en riesgo el derecho ciudadano de acceso a la información.
El Info-CDMX era el organismo encargado de garantizar en la capital el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Entre sus funciones se encontraban resolver recursos de revisión, supervisar el cumplimiento de obligaciones de transparencia, regular el tratamiento de datos personales y capacitar a servidores públicos y ciudadanía.
Ahora la reforma establece que sus funciones pasarán a un órgano desconcentrado adscrito a la Contraloría capitalina, que llevaría por nombre “Transparencia para el Pueblo de la Ciudad de México”.
Si bien el dictamen garantiza los derechos laborales del personal y fija un periodo de transición de hasta seis meses, las críticas no se hicieron esperar.