Ciudad de México, a 20 de enero. Los amparos promovidos para proteger a cerca de mil perros y gatos rescatados del Refugio Franciscano ya comenzaron a generar efectos concretos en la actuación del Gobierno de la Ciudad de México, al establecer obligaciones reforzadas de protección, transparencia y adopción para los animales actualmente bajo custodia oficial, explicó Laura Ballesteros.
La diputada federal de Movimiento Ciudadano, dijo que el recurso legal amplifica los derechos de los animales conforme al artículo cuarto constitucional, al reconocerlos como seres sintientes sujetos a una tutela especial por parte del Estado.
Entre las primeras medidas derivadas del amparo se encuentra la creación de un micrositio público que deberá concentrar la información individual de cada animal, incluyendo fotografías, nombres y expedientes médicos, con el fin de que la ciudadanía pueda dar seguimiento puntual a su estado de salud y condiciones de resguardo. La jefa de Gobierno anunció la habilitación de esta plataforma al día siguiente de presentada la solicitud, y se prevé que comience a operar en el transcurso de esta semana.
El amparo también obliga a las autoridades capitalinas a destinar recursos extraordinarios para la atención de los perros y gatos, en un contexto de limitaciones presupuestales en materia de albergues y refugios.
Ballesteros advirtió que la ciudad no cuenta con fondos suficientes para la atención de animales domésticos y que los espacios públicos y privados existentes no están preparados para recibir contingentes de esta magnitud.
Como parte central de la resolución, se estableció además la elaboración de un protocolo especial de adopción que permita a los animales integrarse a familias responsables y evitar que permanezcan de forma indefinida bajo resguardo institucional. “No se trata de que el gobierno se quede con ellos para siempre, sino de que encuentren una familia y una vida digna”, señaló la legisladora.
La diputada contextualizó el caso dentro de una problemática más amplia de maltrato animal en el país. De acuerdo con cifras oficiales, en los últimos seis años más de veintitrés mil animales domésticos han sido víctimas de maltrato en la Ciudad de México, mientras que a nivel nacional siete de cada diez perros y gatos han sufrido algún tipo de violencia.
Ballesteros subrayó que el avance en el caso del Refugio Franciscano es resultado de la presión de colectivos, organizaciones civiles y ciudadanos, y recordó que precedentes como el caso de la elefanta Ely derivaron en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impulsaron reformas constitucionales en materia de bienestar animal.
En ese contexto nacional y garantista, informó que esta semana será presentada ante la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley General de Bienestar Animal, con acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de consolidar un marco legal que garantice esa lucha garantista de derechos para todos los animales del país, de todos los sectores.