Nos dirigimos hacia un Estado policiaco: especialistas

Dentro de la programación de su canal de TV, Somos MX ha privilegiado la exposición y el debate de ideas no sólo entre sus integrantes, sino también entre un sinnúmero de ciudadanos que desde la academia, el periodismo o el activismo contribuyen al examen de los grandes problemas nacionales.
Durante la primera transmisión se abordó el rumbo policiaco que está tomando el Estado mexicano a través de la andanada de reformas recientemente aprobadas por el Congreso. Participaron en este estreno televisivo la exlegisladora Rosario Guerra, la activista y experta en derechos humanos Mariclaire Acosta y el consultor y exdirector del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés.
A propósito de las iniciativas sobre la Guardia Nacional, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, Guillermo Valdés señaló tanto sus aciertos como sus profundas contradicciones.
“Es un acierto —reconoce Valdés— que se mantenga una Secretaría de Seguridad Pública con mando civil, pero esto entra en contradicción con el gran poder otorgado a la Guardia Nacional. Es una contradicción brutal. El artículo 21 de la Constitución dice que las instituciones responsables de la seguridad en México serán de carácter civil, y la Guardia Nacional es ya absolutamente militar, por más que quieran manejar el argumento falaz, absurdo, de que tiene un mando civil”.
Sobre el nuevo Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, Valdés consideró que si bien representa un avance, presenta múltiples problemas: “se está apostando demasiado a la inteligencia derivada del espionaje, del uso masivo de la intervención en telecomunicaciones y de los datos privados de los ciudadanos”.
El experto advirtió que, si bien es legítimo recurrir a estas herramientas, su uso debe estar sujeto a control judicial: “cuando entra en conflicto el derecho del Estado a garantizar la seguridad pública con el derecho humano básico a la privacidad, debe evaluarse cada caso; para eso están los jueces”.
Valdés también alertó que la ley busca “generar inteligencia para la seguridad pública”, pero incluye términos como “paz social”, lo que podría llevar a la criminalización de la protesta social: “si se quiere tener un sistema de inteligencia que no es legítimo, ni legal, ni eficaz, entonces no sirve. Y si no hay vigilancia ni supervisión de otros poderes, es una invitación al abuso”.
Rodrigo Morales añadió que “el paquete legislativo configura una nueva institucionalidad; lo que vemos es un incremento de atribuciones y una disminución de contrapesos no sólo en seguridad e inteligencia, sino también en telecomunicaciones, en el nuevo esquema registral de la CURP con biométricos, todo ello sin vigilancia ni rendición de cuentas. Nos estamos despidiendo de la colegialidad como valor”.
Por su parte, Rosario Guerra recordó que la Ley de Telecomunicaciones fue ampliamente modificada por ser altamente controvertida: “permitía al gobierno bajar contenidos de plataformas digitales y aplicar censura en medios. Establecía una separación entre información y opinión, lo cual atentaba contra el derecho a la crítica”.
Sobre la Agencia de Transformación Digital, Guerra explicó que depende directamente del Ejecutivo Federal y regula todo el sistema de radiodifusión, telecomunicaciones e Internet: “limita a los privados, suspende o anula concesiones, y regula la publicidad sin definir claramente los derechos que pretende proteger”.
Mariclaire Acosta, experta en derechos humanos, abordó la nueva ley en materia de desapariciones. Recordó que los hallazgos en el Rancho Izaguirre en Jalisco llamaron la atención de la ONU, cuyo comité evalúa si en México hay indicios sólidos de crímenes de lesa humanidad. De confirmarse, el tema pasaría a la Asamblea General.
Acosta alertó sobre dos problemas centrales en la ley: primero, la creación de una plataforma de identidad (CUR) con acceso para múltiples instancias, incluida la Guardia Nacional; segundo, la duplicidad institucional con la desaparición del sistema nacional de búsqueda creado anteriormente. Afortunadamente, dijo, Karla Quintana entregó el registro a la CIDH.
Finalmente, denunció que ahora las familias deben acudir a las fiscalías para iniciar una carpeta de investigación, lo que inhibe la denuncia inmediata y frena la activación de protocolos de búsqueda. “Con más de 129 mil desapariciones, y 45 nuevas cada día desde el inicio del actual sexenio, esta crisis generalizada se ha profundizado, afectando sobre todo a jóvenes, niñas y niños”.