Las reformas político-electorales se imponen en el Senado pese al rechazo de la sociedad, la oposición y los empresarios.
La reforma en materia político-electoral propuesta por el Ejecutivo federal, denominada Plan B, fue aprobada por el Senado pese a que los expertos advierten que representa una violación al pacto federal y la autonomía de los estados, así como una afectación a los ingresos de un grupo de servidores públicos de los órganos electorales, nacional y locales.
Con el voto de la mayoría conformada por Morena, PVEM y PT el Senado aprobó en lo general la reforma y solo quedó excluido el tema de adelantar la revocación de mandato; esto debido a que los petistas rechazaron, junto con PAN, PRI y MC, la propuesta de realizar dicho ejercicio el mismo día de las elecciones de 2027.
Se prevé que el próximo 7 de abril la Cámara de Diputados vote el Plan B y los legisladores del régimen avalen una reforma que, a decir de la oposición, la sociedad, los empresarios y los expertos, es un evidente avance del autoritarismo, toda vez que se aprobarán cambios encaminados a disminuir el pluralismo político en la composición de los municipios, violar el pacto federal y afectar la operatividad de los órganos electorales.
Se requiere certeza
En el contexto del debate sobre la reforma electoral, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) envió “comunicaciones formales” a los senadores, diputados federales y diputados de los 32 Congresos locales, en las que señaló que “México requiere certeza, no modificaciones a las reglas del sistema electoral”.
La Coparmex recordó a los legisladores que “el país necesita fortalecer su Estado de Derecho, garantizar condiciones de seguridad, asegurar energía suficiente y confiable, y consolidar un entorno de certeza jurídica que permita a las empresas planear, invertir y generar empleo”.
La carta enviada por el presidente nacional del organismo, Juan José Sierra Álvarez, también advierte que “alterar las instituciones electorales en este momento genera señales de incertidumbre que impactan directamente en la llegada de capital”.
Además, “una reforma de esta magnitud requiere consensos amplios y un proceso de diálogo nacional que hoy no se observa. Reformas de este calado no pueden ser impuestas porque debilitan la legitimidad institucional”.
Sin pacto federal
En un encuentro de la organización Somos México, José Woldenberg, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), recordó que las primeras reformas electorales fueron de consenso y con ellas “se alcanzaron importantes logros democráticos que hoy, bajo el gobierno de Morena, han sido demolidos”.
En este sentido, Woldenberg criticó el llamado Plan B del Ejecutivo federal que “busca imponer una sola visión de país y una ruptura con el pacto federal como efecto del avance del autoritarismo y la regresión democrática, que ha ido avanzando desde 2018”.
Desde que el Plan B se discutió en las comisiones respectivas del Senado para ser dictaminado, la oposición dejó en claro que no apoyaría dicha propuesta del Ejecutivo federal.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, aseguró que “el Plan B de la reforma electoral es tan malo, que ni sus propios aliados lo defienden. No toca el dinero del crimen en las elecciones, no corrige la sobrerrepresentación y van a aumentar el gasto. Así no se reforma la democracia”.
Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, emitió el posicionamiento de su partido: “No es una reforma para ahorrar. Es una maniobra para concentrar el poder, debilitar contrapesos y torcer las reglas de la competencia democrática. No es austeridad, es control”.
Por eso, dijo, “rechazamos una reforma que destruye los equilibrios democráticos y socava los principios federalistas de nuestra república”.
Añadió: “Menos pluralidad en municipios y Congresos locales, más presión sobre el árbitro electoral y más ventajas para quien gobierna, no es democracia: es la ruta para construir un poder sin frenos, un partido hegemónico y un país sin voces disidentes”.
Aprobado
El miércoles 25 de marzo el Senado aprobó el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Constitución en materia electoral. Se registraron 87 votos a favor y 41 en contra, por lo que reunió la mayoría calificada que se requiere.
El pleno aceptó una “reserva” que presentó la senadora Lizeth Sánchez, del PT, para suprimir los cambios al artículo 35 sobre la revocación de mandato, por lo que esta figura se mantiene en los términos vigentes de la Constitución; es decir, no se aprobó adelantar el ejercicio para realizarlo el mismo día de las elecciones de 2027, sino hasta 2028, en caso de llevarse a cabo.
La petista sostuvo que “la revocación de mandato y las elecciones son mecanismos con propósitos distintos, que de mezclarse en un mismo proceso electoral abre el riesgo de distorsionar su sentido democrático”.
Con los cambios constitucionales aprobados los ayuntamientos de los municipios podrán integrarse con una sindicatura y hasta 15 regidurías; también para el ámbito local se agrega que el presupuesto de las Legislaturas estatales no debe exceder de 0.75% del Presupuesto de Egresos de la respectiva entidad federativa.
El dictamen también precisa que los funcionarios de los órganos electorales, nacionales y locales no podrán tener una remuneración mayor a la que percibe la persona titular del Ejecutivo federal.
Se establece además que el Senado debe reducir de forma progresiva su presupuesto en los próximos cuatro ejercicios fiscales, hasta lograr una disminución acumulada de 15 por ciento.
La senadora panista Verónica Rodríguez denunció que esta reforma “vende una idea de eliminación de privilegios, pero en realidad busca concentrar el poder y vulnerar el federalismo y la división de poderes al decidir desde el centro del país la integración de los cabildos municipales sin consultar a los Congresos locales”.
El senador priista Manuel Añorve acusó que lo que quiere el régimen morenista es utilizar los recursos de las entidades para que el Ejecutivo “aparezca por la puerta de atrás” para hacer campaña a favor de su partido en 2027.
Finalmente, Clemente Castañeda dijo que MC “tomó la decisión de rechazar el Plan B porque considera que no tiene ningún impacto positivo en la vida de los mexicanos y, en cambio, se pretende hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante”.