Ciudad de México, a 22 de febrero. En México millones de personas sostienen la economía con jornadas extensas y salarios que, en muchos casos, apenas alcanzan para cubrir lo indispensable expresó la legisladora federal Mayra Espino Suárez y, agregó “esa ecuación desigual se suma un costo silencioso que rara vez aparece en el centro del debate público: el traslado diario del hogar al trabajo”.
Por ello, Espino Sánchez presentó una iniciativa para reformar y adicionar el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, con el propósito de incluir la ayuda de transporte público como una prestación social obligatoria para la población trabajadora.
Subrayó que en diciembre de 2025, la ocupación en el país abarcó a 61.9 millones de personas, de acuerdo con la Encuesta Empleo y Ocupación del INEGI, concentradas principalmente en el comercio, la industria manufacturera, el campo y los servicios.
Detrás de esas cifras, explicó la legisladora del partido Verde, hay historias concretas de trabajadoras y trabajadores que invierten horas en el transporte colectivo, el automóvil o el metro, no solo en tiempo, sino en dinero.
Dinero que no es opcional, dijo, que no se puede posponer y que, reduce el ingreso disponible para alimentación, educación o vivienda.
Se estima que cada integrante de un hogar gasta en promedio 170 pesos mensuales en transporte público, lo que equivale a 2 mil 40 pesos al año, alrededor del 3.58% de su gasto corriente monetario, agregó.
Puede parecer una cifra manejable en el papel, pero cuando hablamos de una familia de cuatro integrantes, el monto asciende a 680 pesos mensuales, detalló.
En la Zona Metropolitana del Valle de México, destacó, el 60% de la población destina cerca del 8% de su gasto total al transporte público, un porcentaje que supera la media de trece países de América Latina.
El traslado no es un lujo, precisó, es una condición para poder trabajar. Sin transporte no hay empleo posible. Sin empleo no hay ingreso. El costo de llegar al centro laboral sigue recayendo casi exclusivamente en el bolsillo del trabajador o la trabajadora.
Asimismo, Mayra Espino propuso reformar la fracción quinta del artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que este beneficio también alcance al personal de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno de la Ciudad de México y demás instituciones públicas.
La propuesta contempla excepciones razonables: cuando el patrón proporcione transporte, cuando la distancia y condiciones de seguridad no requieran el uso de transporte público o cuando el trabajo se realice de manera remota.
Por lo que Espino Suárez mencionó que no se trata de imponer cargas innecesarias, sino de reconocer una realidad que afecta directamente el bienestar de millones de personas. Durante los últimos años -dijo- hemos avanzado en equilibrar la relación entre capital y trabajo: aumentos al salario mínimo, regulación de la subcontratación, ampliación de vacaciones.
Quien trabaja no debería elegir entre pagar el pasaje o completar la despensa, y agregó, no se debería normalizar que una parte significativa de su ingreso se diluya en trayectos largos y, muchas veces, inseguros.
Garantizar una prestación de transporte público no es un privilegio, es reconocer que el trabajo comienza desde que la persona sale de su casa, concluyó.