Impulsada por el diputado federal panista la propuesta legislativa tiene como objetivo prevenir los abusos de poder antes de que las agresiones escalen.
En México ejercer el periodismo sigue siendo una actividad de alto riesgo, marcada por violencia, presiones y censura: desde 2000 al menos 174 periodistas han sido asesinados en posible relación con su labor, según datos de Artículo 19 México y Centroamérica, y más de 90% de esos casos permanece impune.
Reporteros Sin Fronteras ubica a México como el país más peligroso de América Latina para ejercer la profesión y en el lugar 124 de 180 naciones en su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025.
A esta violencia física se suma una nueva forma de censura: el acoso judicial. Entre enero y julio de 2025, Artículo 19 documentó 51 casos de hostigamiento legal contra periodistas y medios, de los que 26 fueron por la vía electoral, 14 por la penal y once por la civil.
Casi la mitad de estos casos involucró a funcionarios públicos, muchos de ellos en busca de reelección o nuevos cargos.
Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19 México y Centroamérica, señala en entrevista que la violencia contra periodistas tiene múltiples factores: “La inseguridad sociopolítica convierte a los periodistas en víctimas al cubrirla; el Estado, sobre todo a nivel estatal y municipal, es uno de los principales perpetradores; y la impunidad permite que estos hechos continúen de manera sistemática”.
Todos estos factores, puntualiza, “se combinan para generar la espiral de violencia en la que se encuentran los periodistas mexicanos”.
Cárdenas destaca que el acoso judicial ha crecido de manera sostenida. “Desde 2016 documentamos 13 casos de procesos iniciados contra periodistas; en 2021 y 2023 alcanzamos 39 o 40 casos; y en los primeros siete meses de 2025 ya suman 51. Casi la mitad de estos, 25 casos, están vinculados a procesos electorales y a la violencia política de género. Existe un abuso sistemático de la normativa mexicana para silenciar a la prensa”, dice.
Nueva figura
En este contexto, el diputado federal Federico Döring, del Partido Acción Nacional (PAN), impulsa una reforma constitucional a los artículos 7, 38 y 41 que busca crear un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que funcione como una especie de “ombudsperson de la prensa”.
Este ente tendría la facultad de investigar violaciones a la libertad de expresión, emitir medidas cautelares, garantizar derechos laborales y solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción de delitos cometidos contra periodistas o medios de comunicación.
De acuerdo con la propuesta, el titular del organismo sería electo por el Senado mediante mayoría calificada, por un periodo de cinco años con posibilidad de reelección, y rendiría informes anuales ante el Congreso.
A la par, el artículo 38 se modificaría para suspender los derechos ciudadanos de quienes sean declarados agresores de periodistas, impidiéndoles contender por cargos de elección popular o ejercer funciones públicas.
En el artículo 41 se busca establecer que el trabajo periodístico y los medios de comunicación no puedan ser sancionados por “calumnia electoral”, figura utilizada en los últimos años para intimidar o censurar a la prensa crítica durante los procesos políticos.
Döring comenta a Vértigo que su propuesta pretende prevenir los abusos de poder antes de que las agresiones escalen. “A los periodistas nadie los defiende en este país. Lo que existe son mecanismos que reaccionan cuando ya ocurrió una tragedia. Lo que buscamos es que el Estado garantice desde antes que los periodistas puedan hacer su trabajo sin miedo ni censura”, afirma.
El diputado explica que esta nueva figura constitucional sería similar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero enfocada en la libertad de prensa y el derecho a la información. “Necesitamos una instancia que no solo investigue ataques o asesinatos, sino que actúe cuando quieren callar a un periodista con demandas, amenazas o censura institucional. Hay que detener eso antes de que pase algo peor”.
Para él, la defensa del periodismo no solo es una cuestión gremial sino un derecho ciudadano. “Si permitimos que la tiranía acabe con tu trabajo periodístico, yo pierdo tu información. Y si pierdo mi información, pierdo la posibilidad de comparar lo bueno y lo malo de los políticos. No puede haber democracia sin periodismo”, señala.
Döring menciona los casos del periodista Héctor de Mauleón, demandado por una magistrada en Tamaulipas, y Jorge Luis González, al cual se le impuso en Campeche un censor judicial. “No puede ser que quienes revelan abusos del poder terminen perseguidos por los tribunales”, reclama.
También cita al periodista Paco Cedeño, amenazado recientemente en Morelos, y a Lourdes Mendoza, columnista de Vértigo, querellada por exponer vínculos entre servidores públicos y empresarios. “Hay un patrón claro: si incomodas al poder, te persiguen en los juzgados o en redes. Eso es censura disfrazada de justicia”.
El legislador también cuestiona la opacidad que, asegura, se ha instalado en el gobierno federal tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). “Desde que crearon la ventanilla de transparencia del bienestar 99.6% de las solicitudes ha sido rechazado. Si a eso se suma la mutilación del juicio de amparo, el resultado es un Estado que castiga la información y premia la opacidad”, afirma.
Para Döring la reforma no solo pretende blindar a los periodistas, sino devolverle además a la ciudadanía su derecho a saber cómo se gasta el dinero público.
El diputado considera que la única manera de frenar los abusos del poder es mediante sanciones contundentes. “La única herramienta eficaz para que los políticos se porten bien es que pierdan sus derechos políticos. No se trata de venganza sino de justicia democrática”, dice.
Si un servidor público ataca a la prensa, agrega, “debe perder la posibilidad de volver a ocupar un cargo. Así, quien abuse del poder sabrá que no podrá refugiarse después en otra oficina del gobierno”.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Radio y Televisión para su análisis.
En el Congreso, de hecho, el proyecto abrió un nuevo debate sobre la eficacia del sistema actual de protección a periodistas y la urgencia de fortalecer los mecanismos existentes, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) o el Mecanismo Federal de Protección de Periodistas.
Proteger la verdad
Cárdenas coincide en que la reforma debe tener un enfoque preventivo: “La protección de la prensa protege la vida democrática. La libertad de expresión tiene una dimensión individual y colectiva: mientras los periodistas informan, los ciudadanos acceden a información vital”.
Añade que los mecanismos existentes incluyen a la CNDH, fiscalías especializadas en algunos estados y el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas, pero el desafío sigue siendo que estas instituciones funcionen en la práctica con independencia y recursos suficientes.
Sobre la reforma, Cárdenas explica: “Es posible crear nuevas figuras. Sin embargo, el histórico problema en México es pasar del papel a la práctica. Las instituciones pueden existir, pero la independencia, los recursos y la capacidad de gestión son lo que garantizará que funcionen. Es fundamental discutirlo con periodistas, víctimas de acoso y especialistas”.
El oficial de Artículo 19 ofrece recomendaciones concretas: “Los periodistas deben conocer sus derechos ante cualquier proceso electoral, civil o penal. Si reciben notificaciones, deben contactar a un abogado de confianza o a la sociedad civil. Nosotros brindamos asesoría gratuita para identificar la acusación y tomar medidas adecuadas. La obligación principal de proteger a la prensa es del Estado, y eso no debe perderse de vista”.
De acuerdo con los especialistas el reto para la iniciativa será garantizar independencia, presupuesto y transparencia en la elección de sus titulares. México sigue siendo el país con más periodistas asesinados en América Latina y uno de los más impunes del mundo. A la violencia física se suman campañas de estigmatización desde el poder, precariedad laboral y demandas por “daño moral” que buscan asfixiar económicamente a los medios críticos.
Frente a este escenario, la reforma de Döring busca levantar una barrera legal y ética que proteja a quienes hacen del periodismo un servicio público.
Con esta propuesta la atención se centra en que ningún periodista tenga que esperar a ser amenazado o agredido para recibir protección: “El Estado tiene que estar de tu lado desde el momento en que decides informar”, concluye Döring.
La iniciativa aún enfrenta un largo camino legislativo, pero ya colocó el tema de la libertad de prensa en el centro del debate público y plantea un cambio significativo en la relación entre poder y prensa en México.