Ciudad de México, México, México, 11 de mayo. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) instó a México a tomar una serie de acciones para hacer frente a lo que catalogó como una "grave" y "generalizada" crisis de desaparecidos que se ha exacerbado por la violencia, la complicidad de algunas autoridades con el crimen organizado y la "impunidad estructural".
El informe de la CIDH se difundió a un mes de la controversia que surgió tras el reporte del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) que solicitó remitir urgentemente la situación de México a la Asamblea General para que considere medidas para erradicar las desapariciones forzadas, lo que fue rechazado por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
La crisis que padece México bien la conoce la activista Conchita Belmontes, quien hace tres días recibió la notificación de que el cuerpo de su hijo, al que buscó por casi diez años, estuvo todo ese tiempo en el servicio forense del estado occidental de Jalisco, pero tardaron casi una década en identificarlo.
Belmontes señaló a la agencia AP entre llantos que el reporte de la fiscalía estatal sobre el hallazgo de los restos de su hijo Juan Antonio le generó "mucho coraje e impotencia" porque "todo este tiempo tuvieron el cuerpo de mi hijo, pero nunca me lo dijeron y me hicieron pasar todos estos años de dolor y sufrimiento".
El caso Juan Antonio Olmeda Belmontes, quien desapareció en junio de 2016 en Jalisco, se suma a los más de 70 mil cuerpos que según la CED permanecen en las morgues sin identificar, lo que ha profundizado la crisis que enfrenta México, que acumula casi 134 mil desaparecidos.
La radiografía del fenómeno
Al hacer un diagnóstico del fenómeno, la CIDH admitió que las cifras reflejan la "grave situación" del país, que se ha agravado por "la falta de eficacia de las medidas de prevención, la persistencia de altos niveles de violencia, la desconfianza en las autoridades y la impunidad estructural".
Entre las víctimas de desapariciones, la comisión apuntó que hay una "multiplicidad de perfiles", incluyendo a niños y jóvenes reclutados por el crimen organizado, mujeres y niñas víctimas de violencia de género y la trata de personas, periodistas, integrantes de la comunidad LGTBIQ+ y activistas.
Para atender la problemática que arrastra México desde hace varias décadas, la CIDH remitió al gobierno 40 recomendaciones, entre las que destacó la necesidad de fortalecer las instituciones estatales, la participación central de las víctimas y sus familias y "la identificación y el desmantelamiento de redes de connivencia" entre el crimen organizado y agentes estatales.
La CIDH también urgió al Estado mexicano a adoptar "medidas extraordinarias para reorganizar las investigaciones y la jurisdicción".
La CIDH ofrece apoyo
Andrea Pochak, vicepresidente de la CIDH y relatora para México, descartó que el informe de ese organismo que es autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) busque establecer una responsabilidad jurídica del Estado mexicano y planteó que la comisión está abierta a brindar cooperación técnica para atender la crisis.
En ese sentido recordó que desde hace varios años la CIDH ha prestado apoyo a México, tal como ocurrió con el grupo de expertos independientes que apoyó las investigaciones del emblemático caso de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014.
A diferencia de lo que fueron las tensiones que generó el informe de la CED, en esta oportunidad el gobierno de Sheinbaum recibió favorablemente las recomendaciones de la CIDH.
Mientras se avanza en el diagnóstico, para Belmontes la realidad es otra. La activista, de 65 años, que padece cáncer de colon, afirmó que pese al hallazgo de su hijo no detendrá su lucha para que los responsables de la demora en la identificación del cuerpo respondan ante la justicia. "Seguiré luchando para que otras madres no pasen lo mismo que yo pasé".