Un terreno donado por Alejandro Haghenbeck se convirtió en la piedra angular de un conflicto legal que dejó a más de 900 animales sin hogar.
Para entender la situación de los más de 900 perros y gatos que fueron desalojados de su hogar primero hay que retroceder casi cinco décadas. El Refugio Franciscano, fundado en 1977 por Ita Osorno, nació con un propósito claro: rescatar, rehabilitar y dar en adopción a animales abandonados en la Ciudad de México.
Desde sus primeros años el refugio desafió la manera informal en que se gestionaba el control animal en la capital y logró consolidarse como un modelo de atención, gracias también al apoyo del filántropo Alejandro Haghenbeck.
En 1991 Haghenbeck otorgó en comodato a Osorno un terreno de 163 mil metros cuadrados en Cuajimalpa, con la condición expresa de que se destinara de manera indefinida a alojar animales. Más adelante ratificó su voluntad en un testamento y dio a la Fundación Haghenbeck la facultad para garantizar su cumplimiento, designando a Josefina González Polo como supervisora del estatuto.
Sin embargo, la estabilidad del refugio se fracturó con la muerte del famoso filántropo. Carmela Rivero, quien originalmente era tesorera, asumió la presidencia de la fundación, debilitando cada vez más los vínculos con el refugio.
En 2020 el patronato de la Fundación Haghenbeck transfirió el terreno del refugio franciscano a un fideicomiso bancario con la intención de vender 16 hectáreas de alto valor inmobiliario por 650 mil pesos. La operación no se concretó debido a la resistencia legal del refugio, que se mantuvo firme en la defensa de la propiedad y su misión rescatista.
“El predio fue vendido pese a que el testamento de Antonio Haghenbeck establecía que debía destinarse indefinidamente a la protección animal y que no podía venderse. La venta fue irregular: se declaró un valor de 650 mil pesos por más de 16 hectáreas en Santa Fe, lo cual es una evidente evasión fiscal. En esta operación estarían involucradas autoridades, notarios y funcionarios”, afirma en entrevista León Téllez Berlanga, miembro de la mesa directiva del Refugio Franciscano.
Incumplimientos
Al año siguiente Carmela Rivero promovió un juicio civil para cancelar el comodato. Aunque un juez falló inicialmente a su favor, el refugio logró conservar el predio al impugnar la resolución. A partir de ese momento surgieron denuncias por presunto maltrato animal, mismas que en 2022 fueron desestimadas tras varias inspecciones oficiales.
“El refugio siempre ha trabajado bajo la supervisión de autoridades, con protocolos de atención y veterinaria. Las acusaciones actuales son inconsistentes con los hechos”, asevera Téllez Berlanga.
En un intento por resolver el conflicto, en 2022 se alcanzó un acuerdo judicial que preveía liberar el terreno de Cuajimalpa a cambio de que la fundación equipara un nuevo predio en Texcoco. El convenio preveía la construcción de infraestructura básica y módulos veterinarios, con un total de 165 espacios de 20 metros cuadrados cada uno, que debían estar listos en un plazo máximo de doce meses a partir de la facilitación del terreno. El refugio, por su parte, contaría con 60 días para abandonar Cuajimalpa una vez entregadas las instalaciones.
Sin embargo, el acuerdo nunca se concretó. La fundación no cumplió con la construcción de las instalaciones y solicitó la anulación del convenio. “El Refugio Franciscano aceptó un convenio para trasladarse a un terreno propio en Texcoco, a cambio de que la fundación construyera un refugio equivalente. Sin embargo, la construcción nunca se realizó. Aun así, la fundación nos denunció por un supuesto incumplimiento contractual, lo que derivó en una sentencia de desalojo y en la entrega de la custodia de los animales, situación que fue revertida posteriormente mediante una suspensión de amparo definitiva”, indica Téllez.
Avisos y operativo
El conflicto alcanzó su punto crítico en diciembre de 2025, cuando el Juzgado 60 de la Ciudad de México falló a favor de la fundación y, antes de que venciera el plazo de apelación, el terreno fue tomado con apoyo de diversas autoridades capitalinas y con la fuerza pública.
Entre el 11 y el 12 de diciembre el refugio quedó bajo control de la fundación; y durante varios días los animales permanecieron sin alimento, agua ni medicación, según denunció la subdirectora del Refugio Franciscano, Patricia Enríquez.
El desalojo, dice Téllez, fue consecuencia de que el Refugio Franciscano no acreditó la propiedad ni el acceso al predio al que pretendía trasladarse en Texcoco. El Tribunal Superior de Justicia local determinó que al no existir certeza sobre el espacio para la construcción del nuevo albergue el refugio incumplió con el acuerdo, por lo que el desalojo se declaró fundado.
Finalmente, el 7 de enero pasado más de 900 perros y gatos fueron retirados del lugar en un operativo que involucró a diversas autoridades capitalinas. Para León Téllez la acción fue desproporcionada: “El operativo fue un acto de intimidación y abuso de la fuerza pública. Existía una suspensión de amparo que protegía tanto a los animales como al refugio, pero se ignoró, causando estrés y maltrato a los animales durante su traslado”.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia capitalina, de los 936 animales identificados al menos 798 —759 perros y 39 gatos— presentaban condiciones compatibles con maltrato, según dictámenes técnicos. La Fiscalía también señaló que 20 animales se encontraban hospitalizados por la gravedad de su estado de salud y 21 más habían fallecido fuera del inmueble.
Las autoridades documentaron hacinamiento severo, con un número de animales muy superior a la capacidad del refugio, espacios insuficientes, falta de ventilación y luz natural, jaulas sin protección contra la intemperie, acumulación de excremento y orina, así como presencia de fauna nociva.
“Fue despojo, no rescate”
Luego del operativo el Refugio Franciscano exigió a la Fundación Haghenbeck detallar el paradero de más de 300 animales que no se encontraban registrados. “Es alarmante y doloroso que hoy hablen de 759 perros y 39 gatos cuando nosotros tenemos documentados más de mil 95 corazones latiendo en ese albergue. Exigimos a la fundación que rinda cuentas: ¿dónde están los que faltan, qué hicieron con ellos?”, declaró el refugio.
La indignación colectiva tampoco se hizo esperar. El 11 de enero cientos de personas marcharon en la Ciudad de México en apoyo al Refugio Franciscano, exigiendo la devolución de los animales y el respeto a la voluntad de Antonio Haghenbeck. Las principales consignas fueron: “Fue despojo, no rescate” y “Regresen a los animales y restituyan al Refugio Franciscano”.
Para las autoridades el operativo no fue un despojo sino el cumplimiento de una orden judicial derivada de una investigación por presunto maltrato animal. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, aseguró que “la Fiscalía fue notificada de una suspensión de amparo relacionada con este operativo; el acto reclamado tenía que ver con un proceso civil, no con nuestra actuación”.
Por su parte, la Jefatura de Gobierno afirmó que el rescate se realizó para garantizar la atención adecuada de los animales, descartando cualquier intención de destinarlos a un desarrollo inmobiliario.
Asimismo destacó que el Gobierno de la Ciudad de México no es parte del conflicto entre particulares que disputan el terreno en Cuajimalpa y aseguró que se respetará la resolución judicial que determine a quién corresponde la restitución del predio.
Avanza un acuerdo
Después de varias conferencias y declaraciones Gina Rivera, directora del Refugio Franciscano, y el abogado Fernando Pérez, se encontraron con el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la jefa de Gobierno para discutir la situación actual de los animales. Se acordó que el refugio tendría acceso a los tres albergues a donde fueron trasladados los animales, con el fin de verificar su estado de salud y bienestar. León Téllez puntualizó: “Los animales fueron trasladados sin el cuidado adecuado. No sabían cuáles estaban enfermos ni cuáles requerían tratamiento. Y algunos ya han muerto. La fundación no tiene capacidad para manejarlos correctamente”.
En paralelo, a través de un comunicado, el refugio abrió la posibilidad de trasladarse al predio en Texcoco. Socorro Silva, vocera del refugio, aclaró que no buscan aferrarse al terreno de Cuajimalpa sino continuar operando y garantizando bienestar a los animales. “No tenemos interés en ese predio, solo queremos que nos permitan acondicionar las instalaciones en Texcoco, donde tenemos mil 500 metros a nuestra disposición”, indicó.
Durante un recorrido por la UTOPÍA de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde están 183 de los perros que previamente residían en el refugio de Cuajimalpa, las autoridades capitalinas aseguraron que no criminalizan a los rescatistas y no permitirán de ninguna forma que los animales sean sacrificados.
Más allá de esta disputa concreta, señalan expertos, el caso revela vacíos normativos y de supervisión sobre la legitimidad de los testamentos y la operación de refugios en la capital. Por ello, en medio del conflicto, el gobierno capitalino anunció que trabajará en una nueva legislación para reforzar la operación de estos centros y regular aspectos de personal, capacitación y protocolos de atención.