Luego de que una serie de investigaciones periodísticas exhibieron posibles actos de corrupción por parte de Guadalupe Taddei y contratistas del Instituto Nacional Electoral (INE), partidos de oposición, organizaciones ciudadanas, así como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzaron un llamado urgente a recuperar al organismo y devolverle su carácter 100% ciudadano.
Los representantes de diversos sectores de la sociedad destacaron la importancia de que la recepción y conteo de los votos siga en manos de los ciudadanos, de nuestros vecinos, y que no se permita que esta tarea quede en manos del gobierno o los partidos políticos.
Asimismo, demandaron que se investiguen los presuntos actos de corrupción y se castigue a los responsables, toda vez que, en su opinión, hay suficientes pruebas que demuestran hechos delictivos.
Investigan actos de corrupción
La postura sobre el INE por parte de los representantes de los grupos empresariales más importantes del país se da en el marco de las investigaciones a la administración de Taddei —sus principales colaboradores y contratistas—, llevadas a cabo por parte del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de los señalamientos de legisladores de todos los partidos políticos en el Congreso de la Unión.
Asimismo, los consejeros electorales resolvieron de manera unánime presentar una denuncia penal que abarca a cualquier colaborador que pueda presentar algún indicio o señalamiento y que trabaje o no en el INE actualmente.
Las pesquisas hasta el momento puntualizan la renuncia de 30 funcionarios, 17 de ellos ligados al grupo operativo de la exConsejera Presidenta.
Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias de 40 personas (25 físicas y 15 morales) vinculadas con proveedores electorales; esto luego de identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de autoridades competentes y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Todas estas instancias fiscalizadoras auditarán y revisarán presuntos conflictos de interés y simulaciones de competencia en contratos millonarios otorgados con proveedores de materiales electorales durante la gestión de Taddei a una red de empresas relacionadas con los empresarios hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Cúpulas
Mientras en la Cámara de Diputados privan los desacuerdos entre Morena y la oposición para procesar el relevo en la presidencia del organismo, la sociedad exige transparencia en la selección, así como garantizar la autonomía de quien ocupe el cargo.
El CCE pidió que la designación de la nueva presidencia del INE sea transparente, verificable y basada en criterios objetivos para fortalecer la confianza ciudadana.
El organismo empresarial llamó a la Cámara de Diputados a elegir perfiles con trayectoria electoral, capacidad técnica y probidad, por encima de consideraciones políticas. También solicitó revisar las disposiciones legales para asegurar la continuidad operativa del INE y fortalecer sus mecanismos internos de deliberación y toma de decisiones colegiadas.
El CCE señaló que el INE y sus 16 mil colaboradores tendrán una función determinante para la vida democrática del país, la certeza jurídica, la estabilidad política y las condiciones para la inversión.
Por su parte la Coparmex, en voz de su presidente Juan José Sierra Álvarez, expuso que no basta con la renuncia de la expresidenta del organismo electoral.
“Se requiere que se investigue con total transparencia a favor del Estado de derecho, que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes”, expuso.
Sostuvo que deslindar responsabilidades es parte de la certeza que necesita recuperar la ciudadanía frente al INE, debido a que la confianza en el instituto será determinante rumbo al proceso electoral de 2027.
El dirigente señaló que la salida de Taddei tampoco agota el problema institucional, porque la persona que encabece posteriormente al organismo y el proceso mediante el cual sea designada serán piezas centrales para reconstruir la confianza electoral.
El presidente de la Coparmex exigió que la designación de quien ocupe la presidencia del INE privilegie independencia, capacidad técnica, compromiso con la legalidad e imparcialidad, condiciones que considera indispensables para garantizar certeza rumbo a las elecciones de 2027.
Afirmó que la confianza en el árbitro electoral es fundamental para la vida democrática del país y advirtió que detrás de esa certeza están en juego la fortaleza del Estado democrático, el Estado de derecho y las libertades de los ciudadanos.
Concordó con Ricardo Salinas Pliego, presidente y fundador de Grupo Salinas (GS), en lo referente a que el INE representa a los ciudadanos y no a los partidos políticos. Por ello, defendió la necesidad de preservar instituciones autónomas e independientes.
Salinas Pliego está de acuerdo con la necesidad de recuperar al INE y garantizar que siga siendo 100% ciudadano, vigilando que no sea controlado por los partidos políticos y el gobierno.
Asimismo, expresó su preocupación por el hecho de que el INE tiene nuestra identidad: nombres, domicilios, fotografías y huellas digitales, y esta información está en manos de presuntos delincuentes “que no tienen ningún empacho en aliarse con el crimen organizado”.
Indebida relación
El Observatorio Ciudadano exigió investigar y deslindar responsabilidades por los señalamientos de presuntos actos de corrupción que involucran a Taddei y a un empresario proveedor de materiales electorales.
“Documentos, videos y fotografías difundidos en investigaciones periodísticas muestran que en la trama de irregularidades y corrupción están presuntamente involucrados colaboradores y funcionarios del INE, contratados o designados por la propia Consejera Presidenta. Dichos trabajos han documentado indicios verosímiles de la indebida relación entre Taddei y un contratista”, detalló.
A su vez, el nuevo partido político nacional Somos señaló: “La profunda y penosa descomposición del INE, debida a la acción corruptora de Guadalupe Taddei y de sus socios, no está siendo abordada con la seriedad ni con la responsabilidad que merece por parte del gobierno ni de su partido Morena.
El 6 de noviembre el INE informó que “presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes”.
El organismo expuso que “sostiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales”.
Un INE ciudadano
Un grupo de organizaciones sociales convocaron a una movilización nacional para el 6 de diciembre, con la finalidad de exigir a los diputados federales que nombren a un nuevo presidente del INE que garantice mantener un organismo ciudadano e independiente de los partidos y del gobierno.
Entre otras demandas, reclaman que la designación se realice por consenso de todos los partidos; que se asigne el presupuesto necesario para la organización de las elecciones del próximo año; y que se castigue a los responsables de la corrupción en el instituto.
En cada ciudad del país, se pide a los ciudadanos y a los simpatizantes de más de 50 organizaciones que se pongan la playera verde de la Selección Nacional.
En el caso de la capital, la cita es en el Auditorio Nacional a las 10:00 horas, para partir rumbo al Ángel de la Independencia.
“Se requiere que se investigue con total transparencia a favor del Estado de derecho”.
Investigaciones
- El Órgano Interno de Control del INE mantiene bajo investigación directa a 13 funcionarios públicos y siete empresas presuntamente implicadas en los esquemas fraudulentos.
- La ASF rastrea operaciones del INE por ocho mil 870 millones de pesos que involucran a dos grupos empresariales y a los 32 organismos públicos locales electorales por presunta subcontratación irregular y vínculos con funcionarios.
- Los consejeros del INE presentaron una denuncia penal ante la FGR para indagar posibles delitos penales atribuidos a la asignación irregular de contratos con una red de empresas proveedoras.
- La SHCP por conducto de la UIF determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales vinculadas con proveedores electorales.