Ciudadanos, organizaciones civiles, académicos y dirigentes del nuevo partido Somos México llaman al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a realizar las diligencias correspondientes para evitar lo que consideran actos anticipados de campaña, que desarrollan algunos personajes y fuerzas políticas.
De acuerdo con lo expuesto en el blog del magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña, “entre las inequidades que existen en los procesos electorales”, están “las expresiones que previo al inicio formal de las campañas electorales, llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducirle simpatía”.
Fraude a la ley
Desde hace varios meses los dirigentes de distintos partidos de oposición han denunciado ante las autoridades electorales que diversos personajes de la política, en particular de Morena, desarrollan “actos anticipados de campaña”, lo cual está prohibido en la normatividad electoral.
En atención a dichos reclamos, a finales de mayo los consejeros del INE, Arturo Castillo Loza y Jorge Montaño Ventura, propusieron que el Consejo General de este organismo emitiera “lineamientos para regular las actividades adelantadas de los partidos presumiblemente relacionados con las elecciones del próximo año”. La mayoría de sus compañeros rechazaron la propuesta.
Además, la presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, argumentó que corresponde al Congreso de la Unión legislar para modificar las leyes y se faculte al INE a regular dichos actos adelantados.
Luego del rechazo mayoritario de los consejeros electorales, diversos aspirantes a cargos de elección continuaron desarrollando actividades que, para los expertos, constituyen actos anticipados de campaña, mismos que están prohibidos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Durante junio hubo nuevos intentos para que el tema se discutiera en el Consejo General del INE, pero la mayoría de los consejeros mantuvieron su posición de no abordar el asunto.
El tema regresó a la discusión pública el 13 de julio cuando Guadalupe Acosta Naranjo, presidente del nuevo partido político Somos México, emitió su primer mensaje en el interior del Consejo General del INE.
“Consejeros: urge detener las ilegales campañas adelantadas, la intromisión presidencial en el proceso electoral, el uso de los programas sociales de manera clientelar y la intromisión escandalosa de la delincuencia organizada en las elecciones, con su violencia criminal y su dinero sucio”, expresó.
El mismo día la organización Observatorio Nacional Ciudadano emitió un pronunciamiento en el mismo sentido: “El proceso electoral 2026-2027 aún no inicia. No obstante, diversos actores políticos, aspirantes, partidos y grupos de apoyo han comenzado a desplegar actividades públicas de promoción personal y posicionamiento electoral que, por su sistematicidad, recursos empleados, territorialidad y finalidad política. Deben considerarse como actos anticipados de campaña y no como simples expresiones espontáneas de participación ciudadana”.
En el comunicado se enfatizó que “la anticipación indebida de las campañas altera las condiciones de equidad en la contienda, distorsiona el modelo constitucional de competencia equitativa y permite que quienes disponen de mayores recursos económicos, partidistas o gubernamentales obtengan ventajas indebidas antes de la aplicación de las reglas legales, la fiscalización efectiva y el control institucional suficiente que debe regir”.
Entre los firmantes del pronunciamiento están Diego Valadés, José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos, exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); además de expertos en temas electorales y constitucionales como Jorge Alcocer, Natalia Reyes Heroles y Jesús Orozco Henríquez.
Los expertos también expusieron que la “la máxima autoridad no puede limitarse a observar pasivamente el despliegue anticipado de propaganda, estructuras territoriales, eventos masivos, producción de materiales, contratación de servicios, publicidad en plataformas digitales y uso de recursos cuyo origen y monto son desconocidos, bajo el pretexto de que el proceso electoral no ha iniciado y que se trata de acciones intra partidistas”.
Los expertos lanzaron un llamado al INE y al TEPJF para que actúen conforme a sus facultades, e “impidan la consolidación e impunidad del fraude a la ley que estamos viendo”.
La ley es la ley
Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, expuso en su blog institucional lo siguiente: “El principio constitucional de equidad electoral está diseñado y sustentado en la igualdad de condiciones que deben gozar todas las personas que contienden a un cargo público. Entre las inequidades está el posicionamiento de forma anticipada a las etapas electorales de los aspirantes a cargos de elección popular”.
Agregó: “Esto es, los actos anticipados de campaña, que consisten en aquellas expresiones que previo al inicio formal de las campañas electorales, llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducirle simpatía”.
Asimismo, en una reciente entrevista el consejero Arturo Castillo destacó que “en distintas entidades del país ya se observan procesos políticos anticipados que podrían constituir actos anticipados de precampaña o campaña”, por lo que urgió a “aprobar medidas que permitan fiscalizar y regular estas actividades antes del inicio formal del proceso electoral de 2027”.
Aseguró que el instituto “cuenta con facultades y precedentes suficientes para emitir lineamientos que permitan supervisar de manera anticipada estos procesos, como ocurrió en 2023”. Igualmente afirmó que “la ausencia de regulación me parece que es una mera cuestión de falta de voluntad política”.