Ciudad de México, 8 de octubre de 2026. Gustavo Peña, Juez Familiar de la Ciudad de México, comparte sus reflexiones sobre la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que presidente Julio César Moreno Rivera.
El encuentro tuvo especial relevancia debido a que en él se aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones transitorias del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
“La transformación de la justicia en México exige mucho más que reformas legislativas: requiere voluntad política, responsabilidad institucional, diálogo y, sobre todo, un compromiso auténtico con los derechos humanos y las necesidades de la sociedad”, afirma el impartidor de Justicia.
A continuación, la visión de Gustavo Peña sobre la importancia de la citada reunión:
“Por invitación del diputado federal Julio César Moreno Rivera, tuve el honor de asistir a la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que él preside. En ella se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones transitorias del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”.
“Es importante reconocer el trabajo legislativo que encabeza el diputado Julio César Moreno Rivera, cuya conducción de la Comisión de Justicia permite destacar la importancia del diálogo parlamentario, la construcción de consensos y el análisis responsable de las reformas que inciden directamente en la vida de millones de mexicanas y mexicanos”.
“Uno de los aspectos más relevantes del dictamen consiste en ampliar hasta el 1 de abril de 2030 el plazo máximo para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, reconociendo que esta transformación requiere condiciones adecuadas de infraestructura, capacitación, modernización tecnológica y organización judicial”.
“Dicha modificación, contemplada en el artículo Segundo Transitorio, representa una oportunidad para que los poderes judiciales de las entidades federativas y de la Federación consoliden una transición ordenada y sin comprometer la continuidad de los servicios de impartición de justicia”.
“Asimismo, el artículo Décimo Primero Transitorio establece la obligación de concluir las adecuaciones institucionales necesarias y prevé mecanismos provisionales de operación cuando no se hayan completado los ajustes, privilegiando en todo momento el acceso efectivo a la justicia”.
“Otro avance importante se encuentra en los artículos Séptimo, Décimo Cuarto y Décimo Quinto Transitorios, relacionados con la coordinación institucional, la modernización de los sistemas de información jurisdiccional y la digitalización de los expedientes judiciales. Estas herramientas contribuyen a construir procedimientos más transparentes, eficientes y accesibles para la ciudadanía”.
“De igual manera, el artículo Sexto Transitorio incorpora una previsión para evitar que los recursos destinados a esta implementación afecten las asignaciones presupuestarias de programas sociales constitucionalmente protegidos”.
“Desde mi experiencia como juez familiar de la Ciudad de México, considero que el verdadero éxito de esta reforma deberá medirse en la protección efectiva de los derechos de las personas. Particularmente, en garantizar procedimientos que atiendan con sensibilidad, perspectiva de género, interés superior de la niñez y respeto a la dignidad humana los conflictos que afectan a las familias mexicanas”.
“La justicia familiar no puede entenderse únicamente como la aplicación de normas jurídicas. Detrás de cada expediente existen historias, derechos, necesidades y personas que esperan respuestas oportunas de las instituciones”.
“Por ello, considero fundamental reconocer el trabajo que desarrolla la Comisión de Justicia bajo la presidencia del diputado Julio César Moreno Rivera, así como la disposición de sus integrantes para analizar y construir acuerdos legislativos encaminados al fortalecimiento de nuestro sistema jurídico”.
“La colaboración respetuosa entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, desde sus respectivas competencias, resulta indispensable para que las reformas se traduzcan en resultados tangibles para la sociedad”.
El juez Gustavo Peña asegura que “México necesita una justicia moderna, cercana, humana, imparcial y verdaderamente accesible. Una justicia que no solamente transforme sus procedimientos, sino que fortalezca la confianza ciudadana en sus instituciones”.
Y concluye: “Estoy convencido de que la reforma judicial y la implementación responsable del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representan una oportunidad histórica para avanzar hacia un sistema de justicia más eficiente, incluyente y sensible a las realidades sociales”.
"Porque transformar la justicia no significa únicamente cambiar las leyes, sino garantizar que cada persona encuentre en los tribunales una respuesta digna, pronta y efectiva".