Ciudad de México, México, 7 de octubre de 2026.— La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la expedición de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con Por, por lo que la minuta fue enviada al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.
La nueva legislación busca establecer bases para fortalecer y armonizar la información catastral y registral del país, mejorar la identificación de los inmuebles y facilitar la vinculación entre los datos de los catastros y los registros públicos de la propiedad.
Durante la discusión, el pleno aprobó una modificación propuesta por la diputada Elena Edith Segura Trejo, de Morena, al artículo 5. La reserva incorpora que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como las autoridades catastrales y registrales, podrán colaborar y coordinarse con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La modificación busca aprovechar la información estadística y geográfica que genera el Instituto para conocer las condiciones y capacidades de los catastros en los distintos territorios.
¿Para qué servirá la armonización?
De acuerdo con la exposición presentada durante el debate, uno de los instrumentos centrales será la Cédula Única de Catastro y de Registro, con la que se pretende facilitar la vinculación de la información relacionada con los inmuebles.
La herramienta podría contribuir a reducir duplicidades, actualizar los datos y fortalecer la trazabilidad de los actos jurídicos y administrativos relacionados con las propiedades.
Segura Trejo señaló que la participación técnica del Inegi permitirá contar con información objetiva sobre las condiciones en las que operan los catastros municipales y las capacidades existentes en cada territorio.
El Instituto ya genera información estadística específica sobre la función catastral. El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (CNGMD) 2025 incluye información sobre catastro municipal, cobro del impuesto predial y planeación y gestión territorial.
Los datos del catastro
Los resultados más recientes del Inegi muestran que durante 2024, mil 974 municipios, equivalentes a 94% de los municipios considerados en el levantamiento, reportaron contar con un padrón para el registro de predios. En contraste, 108 municipios, 5.15%, dijeron no contar con él y 17, 0.8%, desconocían la situación administrativa.
El propio CNGMD 2025 contempla variables sobre la existencia y actualización de los padrones catastrales, la identificación única de predios, los componentes de las claves catastrales y la vinculación entre los padrones catastral y fiscal.
Estos datos son relevantes porque el catastro no solamente permite identificar físicamente los inmuebles. También constituye una herramienta para la planeación territorial, la regularización de la propiedad y la administración del impuesto predial.
En su levantamiento de 2023, el Inegi registró información de 2 mil 095 municipios con actividad catastral o cobro del impuesto predial, después de excluir demarcaciones y municipios que no proporcionaron información o que no tuvieron actividad en esas materias.
Coordinación con el Inegi
La modificación aprobada por los diputados establece una posibilidad de coordinación que busca aprovechar la capacidad técnica del Inegi sin convertirlo en la autoridad responsable de los catastros o de los registros públicos.
Segura Trejo sostuvo que la información generada por el Instituto permitirá conocer las condiciones territoriales y las capacidades institucionales antes de establecer prioridades y orientar recursos.
El CNGMD tiene precisamente entre sus objetivos generar información cuantitativa y cualitativa sobre la función catastral y el cobro del impuesto predial para apoyar la toma de decisiones y las políticas públicas relacionadas con la tenencia de la tierra y el uso multifinalitario de la información catastral.
Con la aprobación de la minuta, el siguiente paso corresponde al Senado de la República, donde deberá continuar el procedimiento legislativo.
Si la Cámara alta aprueba el proyecto en los términos enviados por los diputados, la reforma avanzará hacia las siguientes etapas previstas por la Constitución para su eventual entrada en vigor.
Los partidos de oposición criticaron la ley ante un posible aumento del predial
PAN y PRI sostuvieron que la actualización de los valores catastrales y la incorporación de predios que actualmente no están registrados pueden ampliar la base gravable y, en consecuencia, provocar que algunos propietarios paguen más predial. El argumento fue resumido por legisladores de oposición como un posible “predialazo”.
El punto importante es que la ley no crea un nuevo impuesto ni modifica directamente las tasas del predial. Sin embargo, el propio dictamen señala que una mejor actualización catastral puede ampliar la base fiscal al incorporar predios faltantes y actualizar información.
De igual forma refirieron la relación entre Federación, estados y municipios. La oposición cuestionó que una ley federal establezca criterios de homologación, plataformas, modelos y mecanismos de interoperabilidad para funciones que tienen una importante participación municipal.
El argumento oficial es que no se elimina la facultad municipal sobre el predial: el artículo 115 constitucional mantiene en los municipios la administración de sus haciendas y el cobro correspondiente, mientras las legislaturas estatales aprueban las leyes de ingresos municipales.
También hubo preocupación por la cantidad de información que podrá integrarse e interoperar entre catastros, registros públicos y plataformas digitales.
La diputada panista Nancy Aracely Olguín Díaz advirtió sobre los riesgos de concentrar información inmobiliaria y datos de la población en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sin suficientes contrapesos institucionales.
Este punto adquiere relevancia porque el proyecto contempla herramientas como la Clave Única Catastral, la Cédula Única Catastral y Registral, plataformas digitales y mecanismos de identificación digital.
Otro desafío señalado en el propio análisis de la iniciativa es la desigual capacidad tecnológica y administrativa de los municipios. Hay municipios con rezagos en infraestructura, conectividad, digitalización y presupuesto.
El dictamen contempla un calendario de implementación que deberá considerar precisamente esas diferencias.
Esto plantea una cuestión práctica: homologar los sistemas no significa que todos los municipios tengan la misma capacidad para cumplirlos al mismo ritmo, señalaron diputados opositores.