CDMX. 8 de octubre de 2025. Los diputados federales del PRI, coordinados por Rubén Moreira Valdés, votaron en contra de la reforma a la Ley Aduanera, impulsada por Morena, ya que no busca mejorar la administración, perpetúa la militarización y su fin es recaudatorio. Busca eximir de toda responsabilidad a los funcionarios públicos, pese a que son pieza clave en los esquemas de corrupción, mientras tanto pretender castigar de manera desproporcionada a los agentes aduanales.
Al inicio de la sesión, a nombre del Grupo Parlamentario priista, el diputado Christian Castro presentó una moción suspensiva por ser “un producto legislativo atropellado, incompleto y violatorio de los derechos humanos, que lejos de atender a los grandes retos a los que hoy nos enfrentamos, construye un sistema represor que contribuye a la corrupción”.
Alertó sobre las multas excesivas de hasta 300 por ciento que esta ley impondría a los agentes aduanales, las que demostraron no combatir la corrupción ni atacar el contrabando. Son mecanismos punitivos cuyo único fin es aumentar la recaudación a costa de los bolsillos de la gente”, expresó.
Al posicionar por el PRI, los legisladores Jericó Abramo, Emilio Lara, Ariana del Rejón Lara, Verónica Martínez García, Emilio Suárez Licona y Emilio Lara Calderón se pronunciaron por tener aduanas transparentes, eficientes y civiles que combatan el tráfico ilegal sin atropellar derechos, que fortalezcan el comercio y den certeza a quienes sí cumplen la ley.
Jericó Abramo denunció que en los últimos seis años el oficialismo permitió un fraude institucional en las aduanas por casi 625 mil millones de pesos en evasión fiscal, fenómeno conocido como huachicol fiscal.
Subrayó que el dictamen carece de mecanismos efectivos de transparencia y combate a la corrupción. “Eludir la corresponsabilidad impide que el Grupo Parlamentario del PRI acompañe esta iniciativa. No podemos aceptar que se proteja al sector público mientras se responsabiliza únicamente a los particulares”, enfatizó.
Abramo Maso propuso la creación de un Servicio Profesional de Carrera para funcionarios aduanales, con el objetivo de eliminar la discrecionalidad política en las aduanas y retirar al Ejército ya la Marina de tareas que no les corresponden”.
Durante su intervención, Emilio Lara aseguró que este dictamen es una tapadera, una cortina de humo del escándalo de corrupción más grande que se ha vivido en nuestro país, que es el huachicol fiscal.
Indicó que este dictamen no busca ponerle controles a la militarización, sino que busca recaudar más a través de las multas que le van a poner a los agentes aduanales. “Esta ley es producto de un escándalo y de la presión de los Estados Unidos”, advirtió.
En tanto, Ariana del Rejón acusó que la reforma castigaba a los agentes aduanales y eliminaba todas las defensas legales, pero no toca a un militar, al crimen organizado, ni a los narcosenadores o a narcogobernadores del oficialismo.
A su vez, Verónica Martínez reiteró que el GPPRI no acompañará esta ley que busca lavarse las manos en su responsabilidad; “una ley que no construye sólo traslada responsabilidades; que no moderniza, sólo encarece; y que no impulsa al país, sólo lo detiene”.
Finalmente, Emilio Suárez Licona reiteró que la iniciativa no atiende los problemas estructurales del huachicol fiscal. “Al contrario, impone una carga administrativa desproporcionada sobre los agentes aduanales y el sector privado, que solo las grandes empresas podrán cumplir, dejando fuera a las pequeñas”, concluyó.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdés, refrendó el rechazo a esta Ley Aduanera, señalando que Morena busca distraer la atención de los temas verdaderamente urgentes, como la Inseguridad, la corrupción y el huachicol fiscal.