Ciudad de México, a 31 de octubre. Integrantes de las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción se reunieron con el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, quien informó que los “expedientes relacionados con estos hechos noticiosos” son alrededor de 18, de los cuales 13 se encuentran en investigación y cinco ya están en procedimiento de responsabilidades, por lo que dejó el citatorio para su audiencia inicial; es decir, “formalmente ya se realizó la imputación al servidor público”.
Carvente Contreras explicó que de los contratos del INE que ahorita se encuentran mediáticos solamente representan el cuatro por ciento; es decir, hay 96 por ciento de contratos que necesitan también ser fiscalizados. “Nosotros no únicamente auditamos lo que tiene que ver con contratos mediáticos o con contratos de materia electoral, tratamos de fiscalizar todas las otras adquisiciones”.
Precisó que, de los 13 expedientes sin investigación, se tiene un expediente maestro, el cual origina, a su vez, otros cuatro expedientes en donde en los primeros tres se identifica actuación bajo conflicto de interés, y en el cuarto ocultamiento de conflicto de interés. Cada uno de estos expedientes está personalizado, es decir responde a una persona.
De esos tres expedientes, agregó, “ocho responden a expedientes derivados de nuestra área de Auditoría; es decir, estos hechos noticiosos también ya los teníamos identificados en el área de Auditoría y conformaron el informe de presuntos hechos irregulares para que se convirtieran en una investigación”.
Aclaró que el OIC tiene límites y únicamente investiga, sustancia y resuelve las faltas no graves. Las faltas graves corresponde determinarlas e imponer su sanción el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. “Nosotros lo que hacemos es un emplazamiento, el citatorio de audiencia inicial y después se remite el expediente al Tribunal”, el cual asume competencia, en su caso, admite y desahoga pruebas, tiene un periodo de alegatos y, posteriormente, emite la resolución. Y “cinco personas ya están determinadas por faltas graves, estos ya iniciaron su procedimiento de responsabilidad administrativa”.
Añadió que estos expedientes no solamente se refieren a material electoral, también existen en otras aristas de la contratación pública; “hay un universo de contratación pública y existe todo un segmento que corresponde a material electoral. De estas se han generado 25 vistas al área de Investigaciones”.
Detalló que los tipos administrativos que se han identificado son: ocultamiento y actuación bajo conflicto de interés, desvío de recursos públicos, simulación de cumplimiento de requisitos en las contrataciones, abuso de funciones, daño patrimonial y perjuicio a la hacienda pública y faltas de particulares.
A su vez, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), afirmó que “esta comparecencia no es una cacería de brujas, pero tampoco va a ser un mero trámite”.
“Hoy estamos aquí para ejercer una de las responsabilidades más importantes que nos confirió la Constitución Política al Poder Legislativo, que es vigilar a quien vigila los recursos. No estamos aquí para debilitar al INE, estamos aquí porque queremos un INE fuerte, confiable, pero sobre todo que esté por encima de cualquier sospecha”, subrayó.
Indicó que el INE es una institución fundamental para la democracia de nuestro país, “es el depositario de la confianza de millones de mexicanos y el garante del voto de cada uno de ellos”. Proteger a una institución no significa cerrar los ojos ante posibles irregularidades; “por el contrario, las instituciones se fortalecen cuando se revisan, se corrigen y rinden cuentas”.
Pidió al funcionario explicar de qué se percató y qué advirtió durante la administración de la exconsejera Guadalupe Taddei Zavala y de los funcionarios administrativos que ahí estaban. Además, qué hizo el OIC para prevenir irregularidades, detectarlas e investigarlas, y si se tienen herramientas suficientes para saber estas irregularidades. Asimismo, en qué pueden coadyuvar las y los legisladores para fortalecer su función o investigación.
“A la luz de las investigaciones periodísticas donde se ha evidenciado que había colusión de proveedores con funcionarios, de proveedores entre sí, simulación de competencia, fabricación de estudios de mercado y otras cosas grotescas, le pregunto ¿su oficina tenía la forma de averiguarlo?”, explicó.