TULA, México, mayo 16.- Cuando las bombas comenzaron a caer del cielo y las balas rebotaban en sus pisos de concreto, María Cabrera, de 74 años, y su familia huyeron hacia las montañas del centro de México, cubiertas por la noche, con nada más que la ropa que llevaban puesta.
Una semana después, Cabrera revisa los restos carbonizados de su vida y rescata ollas, telas tejidas y una pequeña cruz de madera. Sabe que es la última vez que regresará al hogar donde había vivido durante 60 años.
“Oh, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado?”, dijo, entre sollozos desgarradores, mientras deambulaba junto a las cenizas quemadas de lo que alguna vez fue su colchón, en un pequeño cuarto con el techo derrumbado y un refrigerador derretido justo al cruzar la puerta. “¿Cómo vamos a reconstruir? No tenemos dinero, no tenemos nada”.
Ella forma parte de un creciente número de personas desplazadas en distintas regiones de México desgarradas por el conflicto, obligadas a abandonar sus hogares.
Expertos han descrito el fenómeno como una crisis invisible con consecuencias humanitarias de largo plazo: hay pocas cifras oficiales sobre la cantidad de desplazados, que casi no tienen recursos de qué echar mano una vez que la violencia los obliga a irse.
Cabrera huyó de su pequeño pueblo el viernes, tras años de creciente violencia de los cárteles en Tula. Este poblado, de alrededor de 200 indígenas náhuatl, es uno de los muchos en el estado central de Guerrero que han sido devastados por décadas de fragmentación de grupos criminales rivales que se disputan el control territorial.
La semana pasada, un grupo conocido como Los Ardillos atacó su pueblo y otros más con explosivos lanzados desde drones, abrió fuego contra las fuerzas de la policía comunitaria local, mató ganado y quemó viviendas como la de Cabrera hasta dejarlas reducidas a cenizas irreconocibles.