El país enfrenta diversos retos en la gestión del agua para 2026: se requieren implementación, inversión y coordinación efectiva entre autoridades y sociedad civil.
A pesar de los avances legislativos recientes, como la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, México enfrenta un desafío enorme: garantizar agua suficiente, segura y accesible para todos.
Esta no es una crisis lejana sino que afecta ya a más de 20 millones de personas que viven con cortes frecuentes, agua contaminada o servicios insuficientes, especialmente en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.
De acuerdo con especialistas la desigualdad en el acceso al agua refleja problemas estructurales que no se resolverán únicamente con la creación de leyes, sino que se requieren además implementación, inversión y coordinación efectiva entre autoridades y sociedad civil.
La Ley General de Aguas promulgada recientemente (entró en vigor el 12 de diciembre de 2025) busca modernizar la gestión del recurso hídrico. Entre sus objetivos se encuentran la protección de ríos, lagos y acuíferos, la regulación del otorgamiento de concesiones y la garantía del derecho humano al agua.
Por su parte, las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, aprobadas tras un proceso legislativo que incluyó consultas públicas, debates en comisiones y la participación de especialistas y comunidades afectadas, endurecieron la regulación sobre la extracción de agua, fortalecieron la supervisión de los cuerpos de agua y establecieron sanciones más estrictas para quienes sobreexplotan o contaminan los recursos hídricos.
Sin embargo, los expertos coinciden en que las leyes, por sí solas, no resolverán la crisis.
Implementación y presupuesto
Para los especialistas el nuevo marco legal representa un avance significativo, pero insuficiente si no se traduce en acciones concretas.
Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, explica: “Las leyes son un avance, pero no basta con aprobar normas si no hay inversión y compromiso de ejecución. El agua sigue faltando en muchas comunidades; y eso nos recuerda que la legislación solo es una herramienta, no la solución completa”.
Vázquez advierte que el principal riesgo es repetir un patrón conocido: “Tenemos problemas graves de eficiencia; 76% del agua se usa en el campo, con eficiencias cercanas a 50%; en las ciudades se pierde alrededor de 40% por fugas; si no corregimos eso cualquier volumen recuperado se va a desperdiciar”.
En la misma línea, Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, coincide en señalar que el mayor desafío no está en el diseño normativo sino en su aplicación.
“Son leyes que dan orden, transparencia y certidumbre jurídica, pero la verdadera prueba es la implementación. México vive una crisis hídrica que no se resolverá solo con una nueva ley”, puntualiza.
Para Rodríguez el éxito de la reforma dependerá de fortalecer las capacidades técnicas, institucionales y, sobre todo, financieras en todos los niveles de gobierno, particularmente en los municipios, responsables directos de garantizar el derecho humano al agua.
El tema presupuestal aparece como el principal cuello de botella. Organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan que los países inviertan al menos 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) en materia hídrica. En México esto equivale a cerca de 350 mil millones de pesos al año.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se asignaron aproximadamente 36 mil 200 millones de pesos al sector hídrico, apenas cerca de 10% de lo recomendado. Para los especialistas esta brecha hace prácticamente imposible cumplir con las metas del Plan Nacional Hídrico y las nuevas leyes.
“Proyecto que no está acompañado de presupuesto se queda en una buena intención. Podemos tener un marco legal sólido, pero sin recursos suficientes seguiremos sin resolver el acceso al agua para millones de personas”, advierte Rodríguez.
Desafíos estructurales
Jorge Arriaga, coordinador ejecutivo de la Red del Agua de la UNAM, señala que el país atraviesa una transformación jurídica relevante: “Las reformas son la revisión más profunda de las leyes de agua en más de una década. Reconocen derechos y regulan competencias, pero sin monitoreo independiente y participación efectiva corremos el riesgo de que los avances queden en el papel”.
Por ello, subraya la necesidad de mecanismos complementarios: “Un Observatorio Nacional del Derecho Humano al Agua, robusto y autónomo, es indispensable para evaluar avances y señalar deficiencias”.
Arriaga detalla que los cambios legales tocaron disposiciones clave del andamiaje jurídico: “Se reformaron aspectos vinculados al artículo 4 Constitucional, que establece el derecho humano al agua y al saneamiento, así como al artículo 27, que reconoce al agua como propiedad de la Nación. En la Ley de Aguas Nacionales se modificaron artículos relacionados con la gestión del recurso, las concesiones, la planeación hídrica y las atribuciones de la autoridad federal, con la intención de ordenar el uso del agua y fortalecer la gobernanza”.
No obstante, advierte también que “si estos cambios no se acompañan de reglamentos claros, presupuesto suficiente y capacidades institucionales, el impacto real de la reforma será limitado”.
Entre los cambios más relevantes destacan el reconocimiento explícito del derecho humano al agua, la regulación más estricta para proteger acuíferos y cuerpos de agua frente a la sobreexplotación, la transparencia en concesiones y volúmenes asignados, y el fortalecimiento de la coordinación entre niveles de gobierno.
Estas modificaciones fueron resultado de un proceso legislativo largo, marcado por debates entre legisladores, especialistas y comunidades, en el que se analizaron los impactos de la sequía, la contaminación, el crecimiento urbano desordenado y la presión sobre los recursos hídricos.
La intención fue crear un marco jurídico más sólido y orientado a la protección del bien común, pero los expertos insisten: su aplicación efectiva depende de voluntad política, recursos y mecanismos de seguimiento claros.
Así, a pesar de los avances legislativos los problemas persisten y se agravan por factores como el cambio climático, que provoca sequías extremas en el norte del país, inundaciones en el sur y centro, además de una contaminación generalizada de ríos y lagos.
Los especialistas coinciden en afirmar que México ha dado pasos importantes con la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, pero la verdadera prueba será convertir estas normas en acciones concretas: infraestructura funcional, protección de acuíferos, eficiencia en el uso, monitoreo independiente y participación ciudadana activa.
Solo así, dicen, será posible garantizar un sistema hídrico justo, moderno y sostenible, capaz de enfrentar el crecimiento poblacional, los impactos del cambio climático y la histórica desigualdad en el acceso al agua.
Asimismo, aseveran que estos aspectos y sus soluciones deberán incorporarse de manera detallada en los futuros reglamentos derivados de ambas leyes.
La crisis hídrica mexicana no admite soluciones parciales; requiere un enfoque integral que vincule leyes, recursos, educación, ciencia y gobernanza.
Mientras tanto, millones de personas continúan esperando agua limpia, segura y suficiente, y el país enfrenta un desafío que marcará la vida de generaciones futuras si no se actúa con decisión y urgencia.
Tratado con EU, un punto y aparte
Pero la crisis del agua en México no se queda dentro de sus fronteras. A la compleja situación interna se suma una dimensión internacional cada vez más tensa: el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos.
En medio de una relación bilateral marcada por amenazas arancelarias, disputas comerciales y fricciones políticas, el agua del Río Bravo se convirtió en un nuevo punto de presión.
La sequía prolongada en el norte del país y los compromisos pendientes colocaron a México ante una negociación urgente, en la que cumplir con el tratado sin afectar el consumo humano ni detonar conflictos sociales se convirtió en otra prueba del equilibrio diplomático y de la gobernanza hídrica.
El tratado establece que México debe entregar a EU un promedio anual de 432 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo, en ciclos de cinco años conocidos como quinquenios. Sin embargo, la persistencia de sequías extremas provocó que México acumulara un déficit en sus entregas, lo que detonó presiones del presidente estadunidense Donald Trump, quien recientemente amenazó con imponer al país un nuevo arancel de 5% si “continúa incumpliendo” el Tratado de Aguas.
Ante este escenario, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo que establece como plazo el 31 de diciembre de 2025, mediante el cual México se compromete a liberar más de 249 millones de metros cúbicos de agua, con entregas iniciadas la semana del 15 de diciembre. El objetivo es saldar parte del adeudo y evitar sanciones económicas.
El gobierno mexicano aseguró que estas entregas no afectarán el consumo humano ni la producción agrícola nacional y que ambas partes trabajarán en un plan integral antes del 31 de enero de 2026 para atender la problemática de fondo.
Para Eduardo Vázquez el problema no es únicamente de infraestructura, sino su operación y planeación: “Existen los vasos de almacenamiento, como las presas Falcón y La Amistad, que permiten cumplir con las entregas, pero una cosa es tener la infraestructura y otra operarla de manera eficiente”.
Advierte además que el propio tratado prevé mecanismos para postergar entregas en escenarios extraordinarios, aunque los retrasos acumulados han elevado la presión: “Hoy el volumen que debemos entregar hacia 2030 es muy significativo y eso obliga a tomar decisiones complejas sobre la asignación del agua”.
Jorge Arriaga añade que el conflicto no es solo internacional sino también interno: “Hay estados que consideran que esa agua es suya, cuando constitucionalmente el agua es de la nación. No le corresponde a un gobernador decidir si se entrega o no; esa facultad es del Estado, a través de la Comisión Nacional del Agua”.
Arriaga también alerta sobre la debilidad institucional: “La Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos tiene un presupuesto hasta mil veces menor que su contraparte estadunidense. Así es muy difícil negociar, generar información técnica y defender posiciones”.
Desde la perspectiva de Raúl Rodríguez las presiones del gobierno de EU forman parte de una estrategia más amplia: “Trump siendo Trump. No lo subestimemos. Usa el tratado como palanca política, incluso con la intención de debilitarlo o deshacerlo”.
Rodríguez recuerda que el tratado ha funcionado por más de 80 años y que, paradójicamente, es favorable para México: “Nosotros solo estamos obligados a compartir un tercio del agua, y eso es lo que no les gusta. Algo estamos haciendo bien para que haya durado tanto tiempo”.
El especialista considera que el gobierno mexicano ha actuado con prudencia al priorizar el consumo humano y evitar conflictos sociales como el ocurrido en 2020 en Chihuahua, cuando agricultores tomaron la presa La Boquilla para impedir el envío de agua a Estados Unidos, un episodio que terminó con un enfrentamiento y una persona fallecida.
“Hoy, con una nueva ley de aguas recién aprobada y tensiones sociales latentes, un error podría detonar una crisis mayor. En este sentido, la postura del gobierno federal es la correcta”, afirma.
Pero el caso del Tratado de 1944 vuelve a evidenciar que la gestión del agua no es solo un asunto técnico, sino político, social y estratégico. En un contexto de escasez creciente y presión internacional, la cooperación binacional, el fortalecimiento institucional y una visión de largo plazo serán determinantes para evitar que el agua se convierta en el detonante de un conflicto mayor.