CDMX. 30 de diciembre de 2025. El reciente descarrilamiento del Tren Interoceánico en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, que dejó 13 muertos y más de 98 heridos, no es solo un accidente, sino la consecuencia directa de la improvisación y negligencia del gobierno de la Cuarta Transformación, que ha demostrado, una vez más, su incapacidad para garantizar la seguridad de los mexicanos.
Este hecho trágico pone en evidencia lo que muchos ya sospechaban: las obras emblemáticas del gobierno de AMLO, como el Tren Interoceánico y el Tren Maya, están marcadas por la falta de planeación, la ausencia de supervisión adecuada y la ignorancia de protocolos de seguridad esenciales. A esto se suma el escándalo detrás de la participación de familiares cercanos a la administración, como Gonzalo "Bobby" López Beltrán, hijo de AMLO, quien además de ser designado como "supervisor" del proyecto, ha estado vinculado con los proveedores de balastros utilizados en el Tren Interoceánico.
No solo hay fallas técnicas, sino que el gobierno ha entregado contratos millonarios a empresas con vínculos personales con la familia de AMLO, en clara muestra de nepotismo y conflictos de intereses. Las empresas vinculadas a "Bobby" López Beltrán y sus amigos, encargados de suministrar el balastro para este megaproyecto, han sido señaladas por su falta de experiencia y los bajos estándares de calidad en los materiales entregados. La supervisión deficiente y la falta de transparencia en estos contratos ponen en riesgo no solo el proyecto, sino la vida de miles de mexicanos que, sin saberlo, depende de una infraestructura mal gestionada y mal supervisada.
El descarrilamiento en Oaxaca no es un hecho aislado. Es solo el más reciente en una larga lista de fallas técnicas que han afectado tanto al Tren Interoceánico como al Tren Maya, cuyos proyectos han estado rodeados de controversias, denuncias y señalamientos desde su inicio. Este tipo de tragedias no pueden ser vistas como simples accidentes, sino como la consecuencia directa de la negligencia y la corrupción que caracteriza a la administración de Morena. Las 13 vidas perdidas no pueden ser justificadas por el discurso vacío del progreso.
El gobierno de Morena ha demostrado, una y otra vez, que su afán por promover una imagen de progreso no ha sido suficiente para garantizar la seguridad de la población. Al contrario, se ha sacrificado la vida de los ciudadanos para satisfacer intereses políticos y económicos de allegados al poder. La seguridad no debe ser negociada ni puesta en segundo plano por intereses personales o familiares.
Por todo esto, exigimos una investigación exhaustiva que no se queda solo en el formalismo, sino que llegará hasta las últimas consecuencias. Los mexicanos merecen respuestas claras, transparencia total y sanciones ejemplares para los responsables de esta tragedia evitable.
Este gobierno ha demostrado una vez más su despreocupación por la seguridad de los mexicanos, priorizando la propaganda política por encima de la protección de la población. Ya no podemos seguir permitiendo que la negligencia gubernamental continúe cobrando vidas. México merece un gobierno responsable, que trabaje por la seguridad de todos y no ponga en riesgo la vida de los ciudadanos por intereses personales o políticos.