CDMX. 12 de noviembre de 2025. La diputada federal Lorena Piñón Rivera presentó ante el Pleno iniciativa de reforma al Código Penal Federal ya la Ley General de Cultura Física y Deporte que busca erradicar la violencia en los recintos deportivos mediante la creación de nuevos tipos penales y sanciones severas, advirtiendo que el prestigio internacional de México y la sede de la Copa del Mundo 2026 están en juego.
"Estamos a menos de un año de recibir la Copa Mundial de Fútbol. La FIFA nos ha confiado esta sede, pero esa confianza puede perderse", advirtió la diputada, quien calificó su propuesta como una "Ley Antibarras" de carácter urgente que "no admite demora".
La legisladora fue contundente al señalar que la violencia en los estadios no solo pone en riesgo la seguridad de las familias mexicanas, sino que amenaza con convertirse en una humillación nacional de proporciones históricas: "¿Se imaginan que el Mundial sea sólo en Estados Unidos y Canadá? ¿Se imaginan las repercusiones económicas, turísticas, diplomáticas?".
La iniciativa establece penas de prisión de 2 a 12 años para quienes lancen objetos, invadan el terreno de juego, participen en riñas o introduzcan armas en recintos deportivos. Sin embargo, el aspecto más innovador es la incorporación de responsabilidad penal para directivos de clubes, ligas y federaciones deportivas que sean omisos en sus obligaciones de seguridad o que apoyen a grupos violentos organizados, quienes enfrentarían penas de 7 a 12 años de prisión.
"Esta ley va más allá de aficionados violentos", subrayó Piñón Rivera, colocando en el centro del debate la corresponsabilidad institucional en los episodios de violencia.
La congresista veracruzana evocó la tragedia del 5 de marzo de 2022 en el Estadio Corregidora de Querétaro, cuando una batalla campal entre aficionados dejó imágenes que recorrieron el mundo: sangre en las gradas, familias huyendo despavoridas y una mancha en la reputación del fútbol mexicano que aún no se borra.
"Desde entonces hemos visto violencia en otros recintos del país. Cada fin de semana el riesgo se repite", denunció, alertando que "desgraciadamente, la violencia está en el imaginario colectivo mundial cuando se piensa en México" y que un nuevo episodio de esa magnitud en los meses anteriores o durante el Mundial podría llevar a la FIFA a retirar partidos o incluso la sede completa del país.
Piñón Rivera enfatizó que su propuesta tiene un "alcance universal", aplicable "desde un campo deportivo llanero hasta el Estadio Azteca", porque "la violencia no puede tener cabida en ningún espacio donde se practique el deporte". La diputada trazó paralelos con casos internacionales para dimensionar la gravedad del problema: recordó que Inglaterra tuvo que promulgar dos leyes antibarras después de tragedias donde murieron más de 130 personas, y que Argentina lleva décadas luchando contra las barras bravas, con más de 210 muertos desde 1984.
Desde la Tribuna, el representante del tricolor mencionó que presentaba esta iniciativa en congruencia con el liderazgo ejercido por Alejandro Moreno Cárdenas, con respeto a las leyes y la no violencia. Expuso que busca proteger a las familias mexicanas: "a ese padre que quiere llevar a su hijo a ver un partido, a esa madre que acompaña a su hija a apoyar a su equipo, a los niños que sueñan con ser futbolistas y que merecen crecer en un ambiente deportivo sano".
La diputada Lorena Piñón hizo un llamado urgente a la CONADE, la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX y las autoridades de seguridad, advirtiendo que "la legislación es solo una herramienta" y que se necesita el cumplimiento de responsabilidades por parte de todas las instancias.
"Protejamos a nuestras familias. Protejamos nuestro fútbol. Protejamos a México". Al concluir su exposición, el coordinador Rubén Moreira expuso que todos los integrantes de la bancada del PRI se unían a la iniciativa, dada la importancia del tema.