CDMX. 23 de febrero de 2026. El diputado federal Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, a fin de prohibir el cobro de cuotas de reinscripción en instituciones educativas públicas y privadas, garantizando que el pago por inscripción se realice únicamente una vez al inicio de cada nivel educativo o programa de estudios.
El legislador expuso que la propuesta plantea adicionar un cuarto y quinto párrafo al artículo 151 de dicha ley para establecer con claridad que las instituciones educativas podrán realizar el cobro por concepto de inscripción únicamente al inicio de cada nivel educativo o programa de estudios.
Puntualizó que queda prohibido el cobro de cuotas de reinscripción o cualquier otro cargo administrativo similar por la continuidad de los estudios en ciclos subsecuentes del mismo programa.
Y, estipula, que el cobro de reinscripción será procedente de forma única y excepcional cuando el alumno haya interrumpido sus estudios por un periodo igual o mayor a un ciclo escolar (cuatrimestre, semestre, según el plan de estudios) y solicite su reincorporación.
El congresista del PRI argumentó que la deserción escolar en México es un fenómeno constante y complejo, impulsado principalmente por factores socioeconómicos como la necesidad de trabajar, la falta de recursos, bajos logros académicos, desinterés escolar, así como problemáticas familiares, inasistencia crónica o embarazo.
Sin embargo, enfatizó que las barreras económicas siguen siendo el factor determinante que obliga a miles de estudiantes a abandonar o posponer sus estudios.
Expuso que para el ciclo escolar 2024-2025, la matrícula nacional superó los 34.8 millones de estudiantes en educación básica, media superior y superior. Tan solo en educación media superior se registran aproximadamente 5.5 millones de estudiantes, nivel que concentra la mayor tasa de abandono escolar con 11.3 por ciento, seguido por secundaria con 3.7 por ciento y primaria con 0.6 por ciento. Además, cerca de 50.5 millones de mexicanos mayores de 15 años se encuentran en situación de rezago educativo.
“El pago de reinscripción representa una carga económica adicional que suele coincidir con otros gastos escolares como útiles, materiales, uniformes y libros. Para muchas familias, especialmente en contextos vulnerables, esta acumulación de gastos se convierte en la razón principal para que un estudiante no continúe su formación”, señaló.
Recordó que la Secretaría de Educación Pública (SEP), ha precisado que en ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o la entrega de documentación al pago de contraprestación alguna. Asimismo, la Ley General de Educación establece que se prohíbe cualquier pago que impida o condicione la prestación del servicio educativo.
El diputado Jericó Abramo destacó que la reinscripción es un trámite meramente administrativo para dar continuidad a los estudios en la misma institución y no constituye un nuevo servicio que justifique un cobro adicional. “Eliminar esta cuota no es un asunto menor; significa aliviar la economía familiar y cerrar una puerta más a la deserción escolar. La educación es un derecho, no un privilegio sujeto a cargos recurrentes”, afirmó.
Asimismo, la iniciativa contempla que, derivado de acciones de vigilancia, si las autoridades identifican incrementos indebidos en los costos de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables, deberán avisar a las autoridades competentes para los efectos correspondientes.
Finalmente, el legislador coahuilense reiteró que esta reforma busca fortalecer el principio constitucional de gratuidad y accesibilidad de la educación, promover la permanencia escolar y contribuir a elevar el promedio de escolaridad en el país, actualmente de 9.9 años, así como reducir la tasa de analfabetismo del 4.5 por ciento.