La nueva época de los órganos judiciales es una oportunidad para que se cumpla el derecho de los ciudadanos a recibir una justicia pronta y expedita como lo establece la Constitución, sin importarsu condición social o económica.
Con la instalación del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la toma de posesión de 872 magistrados y jueces que fueron electos por voto directo el 1 de junio del presente año, el Poder Judicial de la Federación (PJF) inició el lunes 1 de septiembre una etapa inédita en la historia de la impartición de justicia en México.
La reforma aprobada el septiembre de 2024 por el Congreso de la Unión transformó de manera notoria al poder del país encargado de resolver interpretar y aplicar las leyes, resolver los conflictos legales entre particulares y los órganos del poder público, proteger los derechos humanos y el orden constitucional, así como garantizar la imparcialidad judicial.
La SCJN, cabeza del Poder Judicial, tendrá cambios importantes y estará conformada por nueve integrantes (cinco ministras y cuatro ministros), en lugar de los once anteriores; el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); y habrá una integración paritaria en todo el ámbito judicial, es decir, el número de juzgadores en todos los niveles tendrá un porcentaje similar de mujeres y hombres.
Corte abierta
Casi un año después de la aprobación de la reforma al PJF quedó instalado el pleno de la Suprema Corte con sus nuevos integrantes, luego de que rindieran protesta como jueces constitucionales en el Senado de la República el 1 de septiembre, en una sesión que se prolongó durante más de dos horas, ya que también se tomó protesta a 872 magistrados y jueces que asumieron sus nuevos cargos.
Previo a la toma de protesta los nuevos ministros participaron en la ceremonia de entrega y “consagración” de los bastones de mando, en el que cada uno de ellos recibió un bastón de servicio por parte de autoridades indígenas y afromexicanas.
Debido a la importancia y trascendencia histórica del nacimiento de una nueva Suprema Corte, la instalación del pleno fue un acto republicano, con la presencia de representantes del Legislativo y el Ejecutivo, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se puso de manifiesto el respeto entre los poderes que debe marcar el inicio de una etapa de diálogo y trabajo que contribuya a la justicia, la paz y el bienestar del pueblo.
La nueva Suprema Corte con sus nueve integrantes —quienes estarán en el cargo durante doce años— quedó así instalada la noche del lunes e inició sus actividades con una nueva estructura respecto de los últimos 30 años, al ser eliminadas las dos salas que la conformaban junto con el pleno: la primera, que se encargaba de los asuntos penales y civiles, y la segunda, que dirimía los temas administrativos y laborales.
Desde su fundación el 15 de marzo de 1825 la SCJN funcionó la mayor parte de ese periodo con salas especializadas para la distribución de las tareas. Ahora todos los asuntos se discutirán en el pleno, previa elaboración de los proyectos por parte de los ministros ponentes en turno.
El nuevo ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que el Poder Judicial Federal dará certeza jurídica a todos, especialmente a los que han sido excluidos y a los inversionistas. “Vamos a dar certeza a todos, va a ser una Corte abierta, abierta al pueblo”, subrayó.
Nuevo órgano disciplinario
Otra de las novedades de la nueva configuración del PJF es el Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituye al CJF, instancia que se encargó de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial.
El TDJ se encargará de la vigilancia y disciplina de los órganos del PJF, además de investigar, desahogar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa de los jueces y magistrados.
También estará bajo su jurisdicción la evaluación y seguimiento del desempeño de los juzgadores, así como resolver los conflictos que surjan entre el Poder Judicial y sus trabajadores.
Está integrado por cinco miembros: tres mujeres y dos hombres que estarán en esa función durante seis años, quienes realizarán su trabajo en comisiones y en el pleno.
Contará con un órgano de Administración Judicial encargado de administrar los órganos del PJF, coordinará y supervisará el buen funcionamiento de sus órganos auxiliares como la Escuela Nacional de Formación Judicial o la Defensoría Pública.
Además, se encargará de aprobar y ejercer el presupuesto del Poder Judicial, expedir los reglamentos en materia administrativa, de carrera judicial y de escalafón.
Así, la nueva etapa del Poder Judicial y de la Suprema Corte representa un desafío para uno de los tres poderes de la República, aquejado hasta ahora por diversos problemas como nepotismo, corrupción y dilación en la impartición de justicia.
Para los expertos, la nueva época de los órganos judiciales es una oportunidad para que se cumpla el derecho que tienen los ciudadanos a recibir una justicia pronta y expedita, como establece la Constitución, sin importar su condición social o económica.
Esto significa que las autoridades judiciales deben resolver los casos de manera rápida, completa e imparcial, dentro de los plazos y términos que establecen las leyes, sin obstáculos ni demoras indebidas.
Hugo Aguilar Ortiz
Es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Fue coordinador de derechos indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Coordinó las consultas con las comunidades sobre la construcción del Tren Maya y el Tren Interoceánico y el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Luego de recibir su constancia como ministro electo afirmó que la nueva Suprema Corte estará guiada por los principios del Estado de Derecho, el pluralismo jurídico y el acceso pleno a la justicia.
Lenia Batres Guadarrama
Es licenciada en Derecho por la Universidad Humanitas. Es maestra en Derecho y Derecho Penal, así como en Gestión Pública y Estudios de la Ciudad. Fue diputada federal en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión. En el Gobierno de la Ciudad de México fue directora general jurídica y de gobierno de la Delegación Cuauhtémoc, asesora de la Jefatura de Gobierno, directora general de Regulación al Transporte y directora general de Asuntos Jurídico-Normativos de la Autoridad del Espacio Público. Repite en el cargo.
Yasmín Esquivel Mossa
Es egresada de la Facultad de Derecho de la FES Aragón de la UNAM. Tiene maestría y doctorado en Derecho, así como varias especialidades en materias jurídicas. Cuenta con más de 40 años de trayectoria en el servicio público; entre otras funciones, como juzgadora en los Tribunales Agrarios. Fue magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX, donde ocupó la Presidencia del órgano en dos ocasiones. Repite en el cargo.
Loretta Ortiz Ahlf
Es doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España en 2009. Tiene maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho en 1978. Fue integrante del Grupo Redactor de la Constitución de la Ciudad de México. Fungió como diputada federal de 2012 a 2015. Fue directora Jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 1993 a 1998. Repite en el cargo.
María Estela Ríos González
Es abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios de maestría por la misma institución. Es maestra en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant. Fungió como consejera Jurídica del Ejecutivo Federal de 2021 a 2024. Se desempeñó como directora de ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario. Fue litigante en derecho laboral durante más de 30 años.
Giovanni Figueroa Mejía
Es abogado por la Universidad Autónoma de Nayarit, con maestría en Estudios Superiores de Derecho Constitucional y el Doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó investigaciones en las universidades de Perugia, Bolonia y La Sapienza de Roma, Italia, así como en la universidad francesa Sciences Po París. Cuenta con una trayectoria académica de más de 20 años.
Irving Espinosa Betanzo
Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM. Es especialista en Gestión Pública para la Buena Administración y candidato a doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Se ha desempeñado como docente en la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, el Instituto Rosario Castellanos y el Instituto de Especialización y Formación Profesional de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Cuenta con más de 25 años de experiencia como abogado.
Arístides Rodrigo Guerrero García
Es doctor, maestro, especialista y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, donde fue profesor de Derecho Constitucional. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid. Formó parte del Tribunal Electoral de la CDMXy fue comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la CDMX.
Sara Irene Herrerías Guerra
Es licenciada en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho Penal, y cuenta con estudios de maestría en Derecho por esa misma casa de estudios. También es maestra en Criminología y doctora en Ciencias Penales y Política Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Se desempeñó como titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito
y Servicios a la Comunidad en la extinta Procuraduría General de la República. Fungió como titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.