CDMX. 12 de enero de 2026. La diputada federal Mónica Sandoval Hernández presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados, donde propuso incluir un Artículo 13 Bis en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia del derecho a la protección.
Argumentó que las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes; el personal de instituciones educativas, deportivas, religiosas, de salud, de asistencia social o de cualquier otra índole que brinde atención a menores; así como familiares por consanguinidad o afinidad, tendrán la obligación de denunciar de manera inmediata ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes la comisión de cualquier delito que atente contra el interés superior de la niñez.
Subrayó que la omisión de esta obligación será sancionada conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan.
La legisladora subrayó que es indispensable la creación de este artículo para dar visibilidad y fuerza normativa a la obligación que tienen el Estado, la sociedad, las personas adultas, instituciones y gobiernos de priorizar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, garantizando sus derechos.
Afirmó que cualquier acto u omisión que ponga en riesgo o perjudique el desarrollo integral y los derechos fundamentales de una niña, niño o adolescente —desde el ámbito familiar hasta el social y legal— se considera una violación al interés superior de la niñez y puede ser constitutivo de delito.
“Debemos reflexionar en torno a que, aunque México cuenta con un marco legal que protege los derechos de la infancia —como la vida, la salud, la educación y una vida libre de violencia— existe una gran brecha entre la ley y su aplicación efectiva”, afirmó.
Entre otras causas, detalló, porque en nuestro país los delitos son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, exposición pública, estigmatización, desconfianza en las autoridades, desconocimiento de derechos o por la ausencia de mecanismos accesibles para reportar y pedir ayuda.
La congresista del PRI recordó que, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las niñas, niños y adolescentes están expuestos a diversas formas de violencia a lo largo de su vida y en múltiples contextos: escuela, comunidad, instituciones de cuidado e incluso en el hogar.
Señaló que en México residen más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 63 por ciento sufre agresiones físicas y psicológicas como parte de su formación; seis de cada diez padecen violencia en sus hogares; mientras que delitos como el abuso sexual, el feminicidio infantil y la violencia digital siguen creciendo en un país donde el 97 por ciento de los casos permanece en la impunidad.
Finalmente, consideró que las estadísticas y leyes identifican delitos comunes que afectan directamente a niñas, niños y adolescentes, los cuales atentan contra el interés superior de la niñez, pues vulneran sus derechos fundamentales: integridad física y mental, vida, salud, educación y acceso a un entorno seguro