En América Latina (AL) tenemos una débil cultura constitucional y enfrentamos riesgos políticos graves, alertó el jurista argentino Antonio María Hernández, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México
No obstante, aclaró, es un error conceptual creer que nuestra región es una unidad y que todos tenemos la misma cultura constitucional. Uruguay es la única nación que siempre es democracia plena, ya que en cualquiera de los índices que se analicen -como los de transparencia internacional, lucha contra la corrupción- ocupa el lugar 13 a nivel mundial.
En la región hay problemas centrales vinculados a dicha cultura que requieren estudios detenidos y profundos. Por ejemplo, ha aumentado el número de “países híbridos”, o sea con algo de democracia y elementos autocráticos claros, expuso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
También se enfrenta el hiperpresidencialismo o el avance del presidente de la república sin adecuados controles constitucionales, del Congreso ni del Poder Judicial, fenómeno que produce el debilitamiento de las instituciones y de la cultura constitucional. Y dentro de él, el absolutismo presidencial, término empleado por el jurista Diego Valadés.
Al dictar la conferencia magistral “La cultura constitucional en América Latina” -moderada por la directora del IIJ, Mónica González Contró-, el experto, quien ha realizado contribuciones al derecho constitucional, el federalismo y el derecho municipal, abundó:
Hay una tendencia a la centralización en naciones como México, Argentina y Brasil. “No puedo colocar a Venezuela en la lista de los sistemas federales, porque solo hay federación si hay democracia”.
Otras dificultades son la polarización; ataques a la libertad de prensa y asesinato de periodistas con derivaciones graves para la cultura constitucional y la democracia; migraciones y desigualdad, puntualizó ante el presidente honorario vitalicio del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) y exdirector del IIJ, Diego Valadés Ríos.
A ello se suman los peligros de la inteligencia artificial, el tecnofeudalismo, las empresas que manejan los algoritmos y el control político de las redes, añadió en el aula Dr. Guillermo Floris Margadant del IIJ.
Según un informe de The Economist, en América Latina solamente son democracias plenas Uruguay y Costa Rica; democracias defectuosas, Chile, Argentina, Brasil y Colombia; y en “sistema híbrido” México, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras y Guatemala. Las naciones autoritarias siguen siendo Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, mencionó Antonio María Hernández.
Los países fracasan, sin lugar a duda, porque se quedan sin instituciones y violan la constitución y las leyes, explicó el abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba.
Expuso que entre las propuestas para elevar la cultura constitucional se encuentra, en primer lugar, la educación cívica y democrática. “Para tener una democracia constitucional se necesitan demócratas, y no se nace demócrata, se hace, con la educación y participación popular”.
También hacen falta políticos en serio, unir siempre la ética a la política y recordar el llamamiento a los valores que hacía Norberto Bobbio: tolerancia, establecer la posibilidad de un diálogo para ver cómo mejoramos las sociedades y, finalmente, la fraternidad.
“Debemos defender los principios de la democracia constitucional. Los objetivos son perennes: asegurar los derechos y la dignidad del hombre, y limitar el poder”, aseveró.
Generar un cambio
Integrantes del IIDC comentaron la conferencia. Diego Valadés dijo que la pérdida de la adhesión espontánea a la norma (anomia) genera la ruptura de la convivencia.
“El riesgo de no prestar atención al proceso anómico que afecta, sin duda, a Argentina, a México, a todo nuestro hemisferio prácticamente, nos debe hacer reflexionar, por los efectos que tiene para la vida institucional de nuestros países”, argumentó.
El presidente del IIDC, José María Serna de la Garza, mencionó que es necesario preguntarse cómo se transforma la cultura política y constitucional, o por lo menos la importancia de identificar cuáles son los factores que pueden generar un cambio. La educación es esencial para lograrlo, pero también los medios de comunicación, la acción colectiva de la sociedad civil, la innovación tecnológica, etcétera.
Para el vicepresidente de ese Instituto, Julio César Ortiz Gutiérrez, vivimos un proceso fuerte de descomposición de la cultura constitucional y política. Un elemento que influye en ello tiene que ver con las redes sociales, que se han desbordado, donde es posible decir de todo, contra todos, inventar imágenes, situaciones o voces.
Debido a su elevado uso habría que pensar en cómo regularlas y determinar cuál es el compromiso de los políticos para profundizar la educación cívica, estimó.
En tanto, la vocal del IIDC, Mariela Morales Antoniazzi, planteó cuál es el papel que podemos jugar a partir de la academia para fortalecer la cultura constitucional.
El derecho comparado y las redes de estudios constitucionales nos permiten unir a operadores de justicia, organismos internacionales, sociedad civil y academia, y mediante argumentos, metodologías y estrategias hacer efectivos los derechos humanos, sugirió.