La mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados aprobó la reforma en materia político-electoral que impulsa el Ejecutivo federal, lo que a decir de oposición, expertos y organizaciones sociales representa un ataque al federalismo, toda vez que vulnera la autonomía de los ayuntamientos y los Congresos locales.
Además, con el “disfraz de la austeridad”, el régimen morenista también debilita el funcionamiento de los órganos electorales y deja sin atender el grave problema del uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales.
Por su parte, los partidos oficialistas sostuvieron que con esta reforma se “busca hacer ajustes en la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y Congresos locales, establecer límites presupuestarios a las remuneraciones de funcionarios electorales y prever disposiciones para la reasignación de los recursos públicos generados por los ahorros hacia fines de interés social”.
Modelo morenista
Con los cambios aprobados en la Cámara de Diputados por 377 votos a favor y 102 en contra en lo general se establece que “el ayuntamiento (estructura de gobierno de las presidencias municipales) estará integrado, además de por un presidente municipal, por una sindicatura y hasta 15 regidurías”.
El argumento de Morena fue: “Se propone una nueva integración de los ayuntamientos para que ajusten su composición a un máximo de 15 personas regidoras evitando que dicha integración se pervierta por criterios de utilidad o renta política, o por beneficios personales”.
En otro punto aprobado se precisa que “las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las Legislaturas locales no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente”.
La reforma aprobada también indica que “las remuneraciones de las personas consejeras electorales, los magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral (INE), los institutos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución”.
Por ejemplo, la persona titular del Ejecutivo federal percibe un sueldo mensual bruto de 191 mil pesos, en tanto que el sueldo mensual bruto de un consejero del INE es de 230 mil pesos.
La reforma señala igualmente que los funcionarios de los organismos mencionados “no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.
En los artículos transitorios se indica que “el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, armonizarán su marco jurídico para adecuarlo al contenido del presente decreto a más tardar el 30 de mayo de 2026”.
Se estipula que “a partir del ejercicio fiscal inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto aprobado, el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes”.
En la reforma aprobada por la mayoría de Morena y aliados se establece que “los recursos públicos que resulten como economías o ahorros en los presupuestos anuales de las entidades federativas derivados de las reducciones que, en su caso, se realicen a los presupuestos de las Legislaturas locales y en la integración de los ayuntamientos, quedarán en el patrimonio de la hacienda pública de cada municipio. Los recursos excedentes (sic) se destinarán a obras de infraestructura pública”.
Decisiones centralistas
La diputada Claudia Ruiz Massieu, de MC, afirmó que la reforma aprobada es “mínima e innecesaria, mal construida en su origen, con errores y que además vulnera el federalismo y el régimen municipal; es decir, es una propuesta más administrativa que electoral”.
En tanto, César Domínguez, del PRI, sostuvo que “México no necesita reformas impuestas desde la prisa y la soberbia; necesita reformas construidas con responsabilidad, apertura, técnica y respeto al pluralismo”.
La diputada Abigail Arredondo, también del PRI, se manifestó en contra porque con la reforma “no se fortalece la democracia ni se observan cuestiones importantes para la ciudadanía, como la incursión del crimen organizado en elecciones, el financiamiento ilícito de campañas, el uso indebido de programa sociales, violencia política extrema y el denominado ‘chapulineo’ legislativo”.
El priista Emilio Suárez puntualizó que estamos frente a “una reforma centralista que vulnera al federalismo al pretender definir desde el centro la integración de los ayuntamientos y limitar los gastos de los Congresos locales, haciendo caso omiso de su autonomía”.
También del PRI, Abigail Arredondo indicó que el Plan B es “un modelo de control que centraliza decisiones, debilita a los estados, presiona a los municipios y busca someter a las instituciones electorales bajo el disfraz de la austeridad”.
Noemí Luna, del PAN, consideró que con estas reformas “se perdió la oportunidad histórica de corregir los problemas que tiene el sistema democrático y blindar a los partidos y los procesos electorales de la intromisión del crimen organizado, además de que se está legislado lo que corresponde a los Congresos locales”.
Homero Niño de Rivera Vela, también del PAN, reprochó: “Se comenzó discutiendo la sobrerrepresentación proporcional de las cámaras, el fuero y la revocación de mandato y terminamos hablando de regidores, un tema que es de los Congresos locales”.
Su compañero panista, Fernando Torres, mencionó que esta reforma “ataca el federalismo, transgrede la autonomía de los municipios y Congresos locales”.
Rocío González, igual del blanquiazul, señaló que se debió atender la opinión de estados y municipios, toda vez que “desde lo local se toman las decisiones que impactan la ciudadanía”.
En representación de Morena, María Bautista señaló que “las adecuaciones permitirán generar ahorros por más de cuatro mil millones de pesos que serán destinados a infraestructura municipal y al bienestar de la población”; es decir, se “pasa de un modelo de privilegios a uno de responsabilidad pública”.
Consumado
José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral, aseguró que el Plan B representa “una ruptura con el pacto federal”, además de que “debilita contrapesos, instituciones e independencia entre poderes”.
Para el también catedrático de la UNAM la reforma es un paso más hacia “el autoritarismo y la regresión democrática que han ido avanzando desde 2018”.
José Sierra, presidente de la Coparmex, criticó que la reforma aprobada “impone criterios homogéneos a realidades locales profundamente distintas, particularmente en la integración y funcionamiento de ayuntamientos y congresos locales”. Añadió: “El problema de fondo es de principio: el federalismo no se decreta, se respeta”.
El presidente del organismo empresarial reiteró lo que ha sostenido desde hace varios meses: México no necesita una reforma electoral; lo que requiere es certidumbre jurídica y combate a la inseguridad para atraer inversiones.