Creada como parte de la estrategia para revertir la descomposición del sistema de justicia en el país, es la apuesta del Estado mexicano para combatir la corrupción, la deficiencia en las investigaciones y proteger a las víctimas.
A poco más de cinco años de iniciar sus actividades la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la responsabilidad de perseguir delitos federales pero, a diferencia de su antecesora, la Procuraduría General de la República, cuenta con autonomía en el desempeño de sus tareas, una renovada estructura institucional y modernas herramientas para enfrentar el tráfico de drogas, el trasiego de armas y la sustracción de combustibles, entre otros crímenes.
Creada como parte de la estrategia para revertir la descomposición del sistema de justicia en el país, la FGR es la apuesta del Estado mexicano para combatir la corrupción, la deficiencia en las investigaciones de los delitos federales y atender los reclamos de justicia de los ciudadanos.
El desprestigio acumulado durante años por la desaparecida PGR debido a su ineficiencia en el combate al crimen organizado, su corrupción e incapacidad para atender a las víctimas agravó la desconfianza hacia las instituciones de procuración de justicia, las cuales quedaron superadas para hacer frente a los grupos del crimen organizado y para atender a las víctimas de la criminalidad.
De ahí que al rendir protesta como primer fiscal general de la República el 18 de enero de 2019, Alejandro Gertz Manero se comprometió a construir una nueva institución para combatir la corrupción, proteger y atender a las víctimas y defender al ciudadano.
Transición
La creación de la FGR formó parte del proceso de transición de la justicia mexicana, la cual pasó de un sistema inquisitivo que imperó en México durante más de medio siglo (donde la acusación la hacían el juez y el Ministerio Público, por lo que el juzgador no era neutral), hacia uno acusatorio en el que las partes de un juicio se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juzgador imparcial, quien en función de las pruebas y argumentos presentados durante el juicio emite su resolución de condena o absolución de un procesado.
Como parte de los cambios para enfrentar a la criminalidad en 2014 el Congreso de la Unión aprobó la creación de una FGR autónoma mediante la reforma del artículo 102 constitucional, en el que se establece que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
El 14 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que fue expedida la ley orgánica de la institución que tiene como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a Derecho y que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla.
Tiene además la encomienda de prevenir el delito, fortalecer el Estado de Derecho en el país, procurar que el culpable no quede impune, así como promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas y de la sociedad en general.
Entre las principales funciones de la FGR están además la persecución de delitos, el ejercicio de la acción penal, la procuración y reparación del daño a las víctimas y la adopción de medidas de protección a favor de estas, testigos y otros sujetos procesales, además de intervenir en el proceso de ejecución penal y en las acciones de extradición e intervención en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales.
Crisis
Un mes después de asumir como fiscal general, Gertz hizo un diagnóstico de la crisis en que se encontraba la justicia en México: cada año se cometen 33 millones de delitos, de los cuales dos millones se denuncian y solo en 200 mil casos se inicia una carpeta de investigación que posteriormente se judicializa, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Reconoció que en ese momento México se encontraba quizás en la más grave situación de la historia después de la Revolución en materia de justicia, lo que había dado lugar a reformas en materia de seguridad que permitieran defender a fondo el Estado de Derecho.
En su opinión los retos que la FGR enfrentaría eran el Estado de Derecho, que obliga a las instituciones de justicia a cumplir con las obligaciones legales y destacó la importancia de realizar cambios a fondo en todo el sistema penal para lograr los resultados que en materia de seguridad y justicia se buscaba alcanzar.
Durante su comparecencia en el Senado de la República, Gertz expuso que era necesario conocer la verdad de buena fe, con claridad y, sobre todo, con la participación de las víctimas y de los ofendidos, pues no hay mejor coadyuvancia que esa.
Reiteró que la Fiscalía General tenía por delante el reto de acabar con la impunidad en la comisión de los delitos.
“Cuando en un país hay 33 millones de delitos cometidos al año y 99% queda impune tenemos todo por hacer; y la única manera de hacerlo es a través de una rendición de cuentas y una responsabilidad”, aseveró.
Justicia contra las mayorías
Al rendir su informe sobre los primeros 100 días de la FGR el 6 de mayo de 2019, Alejandro Gertz expuso que durante poco más de un siglo (desde 1917) la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público Federal estuvieron vinculados “a un modelo de procuración de justicia fundamentalmente al servicio de los intereses del poder y en contra de los derechos de las grandes mayorías en este país; y eso lo hemos padecido todos los mexicanos”.
Agregó que esa situación se fue agravando en la última parte del siglo pasado y a principios del siglo XXI, cuando la institución se convirtió en un verdadero verdugo de sus enemigos políticos, mientras encubría en forma permanente a los cómplices del poder.
Dijo que ello llevó al país a un grado de intolerancia tal, que hasta 2018 por fin pudo romperse esa estructura de monopolio del Poder Ejecutivo para crear la nueva FGR, la cual inició su administración el 18 de enero de 20l9.
Gertz añadió que en la nueva Ley Orgánica de la FGR se concede a su titular proponer la reorganización de la institución en un plazo de un año, por lo cual se inició desde el primer día el proceso de diagnóstico, evaluación y propuestas que la propia ley mandata.
Facultades
El Congreso de la Unión aprobó el 29 de abril de 2021 la nueva ley de la FGR, en la que se establecen los principios rectores y las regulaciones de funcionamiento de la institución.
A partir de su entrada en vigor los agentes del Ministerio Público ejercen sus funciones con independencia y autonomía, mientras que en la investigación de hechos se auxilian de las policías, incluyendo la Guardia Nacional.
El titular de la FGR durará en su encargo un periodo de nueve años y entre sus facultades se encuentra solicitar al órgano jurisdiccional federal competente la autorización para practicar la intervención de las comunicaciones privadas, en los términos de las disposiciones aplicables.
Se mantienen en la estructura la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, el órgano especializado de mecanismos alternativos de solución de controversias y el Órgano Interno de Control.
En la norma se establece la facultad de la FGR para atraer casos del fuero común y se incluye la facultad de atracción cuando se trate de asuntos de trascendencia social, la cual deberá ejercerse de manera obligatoria cuando exista una declaración de violaciones graves a los derechos humanos.
Los legisladores avalaron en la ley la garantía en toda investigación y proceso penal, los derechos de las víctimas establecidos en la Constitución, la Ley General de Víctimas, el Código Nacional y en las leyes aplicables.
Funciones
En 2014 el Congreso de la Unión aprobó la creación de una FGR autónoma mediante la reforma del artículo 102 constitucional, que establece que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un órgano constitucional autónomo que investigará los delitos y el esclarecimiento de los hechos, así como otorgará una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a Derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla. Además de prevenir los ilícitos, también tiene la tarea de fortalecer el Estado de Derecho, procurar que el culpable no quede impune, promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la sociedad en general.