El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró su última sesión y con ello finalizó una importante etapa en el sistema de impartición de justicia del país.
Con la última sesión pública del pleno de ministros, el martes 20 de agosto, llegó a su fin una época de 30 años de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dar paso a partir del 1 de septiembre a una nueva era en el máximo tribunal de justicia del país.
Una vez que tomen posesión, los nuevos jueces constitucionales tendrán la responsabilidad de validar con sus fallos la alta tarea que tienen encomendada: ser guardianes de la Constitución y defender sus principios ante todo tipo de presiones.
Surgidos de la reciente reforma al Poder Judicial Federal, los próximos ministros habrán de enfrentarse al escrutinio y la vigilancia de su desempeño por parte del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial.
De igual manera, analistas y observadores políticos seguirán de cerca sus trabajos a fin de poder despejar cualquier duda acerca de su imparcialidad y su apego a la Constitución al emitir sus sentencias.
Al levantar la última sesión y brindar un mensaje de despedida, la ahora expresidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, afirmó que concluía un ciclo fundamental de la vida pública mexicana, en el que se dieron debates intensos, disensos fecundos y consensos que lejos de aplacar la diversidad, fortalecieron el núcleo de la democracia mexicana.
“La Suprema Corte no es solo un órgano del Estado: es la piedra angular de la justicia constitucional, el máximo garante del ordenamiento jurídico nacional y un bastión en la defensa de la democracia constitucional y las libertades de todas las personas”, resaltó Piña Hernández.
Así, con la renovación de sus integrantes, la Suprema Corte iniciará una etapa más de labores fundamentales para el país como el tribunal constitucional que arbitra en las controversias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, hace prevalecer el federalismo, revisa la constitucionalidad de las leyes, observa la vigencia del Estado de Derecho y garantiza la libertad y el respeto de los derechos humanos de los mexicanos.
Cambios profundos
Las modificaciones en la estructura y el funcionamiento de la Suprema Corte a finales de 1994 permitieron establecer cambios profundos, como que el número de ministros pasara de 26 a once y se establecieron procedimientos y mecanismos para permitir un mayor acceso a la justicia.
Se ampliaron los controles de la constitucionalidad mediante el establecimiento de las acciones de inconstitucionalidad y el perfeccionamiento de las controversias constitucionales, y se creó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano que se encargó de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), para dejar a los ministros y magistrados la tarea de administrar la justicia.
Esos cambios dieron paso a que la SCJN en los últimos 30 años haya desempeñado un papel relevante para la democracia mexicana, en especial para la defensa de la libertad y las garantías individuales.
Luego de esa reforma el máximo tribunal de justicia se enfocó en una primera etapa a definir los ámbitos de competencia de los diferentes órdenes jurídicos del sistema mexicano y en una segunda etapa estableció su prioridad en la protección y desarrollo de los derechos humanos.
La tercera etapa se puso en marcha en 2020, cuando emprendió medidas para erradicar la corrupción y el nepotismo, fortalecer su legitimidad y la del Poder Judicial Federal.
El 11 de marzo de 2021 se publicó una reforma constitucional realizada con base en un proyecto surgido del propio Poder Judicial y calificada como la más importante en los últimos 25 años en el ámbito judicial.
Nueva reforma
El 5 de septiembre del año pasado el Senado de la República aprobó otra reforma al Poder Judicial, en la que se estableció la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto directo en un proceso electoral.
La reforma fue cuestionada por juristas y expertos del país e internacionales por considerar que estaba “altamente politizada” y que no garantizaba la autonomía e imparcialidad de los nuevos juzgadores.
Sus críticos advirtieron que la elección directa por medio del voto solo se da en pocos países, como en Bolivia, donde incluso ha dejado una mala experiencia.
Incluso la embajada de Estados Unidos en México la llamó un “riesgo mayor” para la democracia.
La elección judicial se realizó el 1 de junio pasado para elegir a más de 800 administradores de justicia a nivel nacional, incluyendo a los nueve nuevos ministros de la SCJN de un total de 64 aspirantes registrados.
La votación se realizó en medio de un proceso intrincado, con un presupuesto menor al que solicitó el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que provocó una disminución considerable en la instalación de casillas y otras dificultades logísticas para la jornada electoral.
En esa primera elección judicial participaron cerca de 14 millones de personas, de un padrón de casi 100 millones que podían votar.
La votación se caracterizó por la poca participación, un alto porcentaje de votos nulos, la dificultad o confusión para llenar la boleta electoral debido a la gran cantidad de nombres para la elección de jueces, magistrados y ministros, además de la elaboración de los polémicos “acordeones” que les fueron entregados a una gran cantidad de ciudadanos para que emitieran su voto a favor de ciertos candidatos en particular.
Beneficio de la duda
Después del cómputo de votos los nuevos ministros que integrarán la nueva Suprema Corte serán: Hugo Aguilar Ortiz (presidente), María Estela Ríos González, Giovanni Figueroa Mejía, Loretta Ortiz Ahlf (repite), Irving Espinosa Betanzo, Yasmín Esquivel Mossa (repite), Aristides Rodrigo Guerrero García, Lenia Batres Guadarrama (repite) y Sara Irene Herrerías Guerra.
Estos jueces constitucionales, que entrarán en funciones a partir del 1 de septiembre, tendrán la responsabilidad de salvaguardar los principios contenidos en la Constitución, vigilar que las leyes y normas expedidas o aprobadas por el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión no sean inconstitucionales, hacer prevalecer la vigencia del Estado de Derecho, así como proteger y salvaguardar las garantías individuales y la libertad de los mexicanos.
Por la polémica generada en la aprobación de la reforma al Poder Judicial Federal, las dificultades del proceso electoral para la elección de los juzgadores y las irregularidades que se presentaron durante la jornada electoral, se generó un ambiente de desconfianza acerca del grado de independencia y autonomía que tendrán los nuevos ministros de la Suprema Corte y los juzgadores electos en general.
Los expertos advierten que se corre el riesgo de que los jueces constitucionales carezcan de la autonomía que requieren para emitir sus fallos y se encuentren sometidos a presiones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Pese a estos cuestionamientos, los nuevos ministros gozarán por un tiempo del beneficio de la duda para avalar en los hechos que en el desempeño de su alta responsabilidad habrán de cumplir de manera plena y estricta el ser guardianes de la Constitución, y que sus fallos serán producto del estudio profundo de cada uno de los casos, sustentados en la interpretación de las leyes y no para responder a un interés partidista o del gobierno en turno.
El propio ministro presidente electo, Aguilar Ortiz, aseguró que la sesión solemne del 1 de septiembre marcará una nueva etapa de la Suprema Corte y en el sistema judicial mexicano, por lo que será inédito y de gran relevancia para la vida republicana.
Compromiso
Como cabeza del Poder Judicial la SCJN ha desempeñado su valiosa labor de impartir justicia aún en los momentos más difíciles de la historia del país. El déficit de justicia para los mexicanos ha sido una constante desde el nacimiento de México como nación y hoy en muchos sentidos continúa vigente. En esa larga carrera por lograr que los ciudadanos accedan a una impartición de justicia pronta, la Suprema Corte ha dejado constancia a través de sus diferentes épocas de su compromiso con la Constitución y, por ende, con la legalidad.
Responsabilidades
La Suprema Corte tiene entre sus responsabilidades defender el orden establecido por la Constitución, así como de mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite. También soluciona de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad. No existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse contra sus resoluciones.