Grupos sociales, políticos y legislativos afirman que el régimen pretende crear leyes antidemocráticas para eliminar la oposición y la pluralidad en el Congreso de la Unión e instaurar un sistema autoritario.
El pasado 1 de febrero comenzó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y hasta el cierre de esta edición el Ejecutivo federal seguía sin presentar su propuesta de reforma electoral, aunque sí informó que será durante el transcurso de este mes cuando lo lleve a cabo.
Por lo pronto, crecen las movilizaciones y los pronunciamientos de diferentes sectores de la sociedad y los partidos de oposición contra los planteamientos formulados por el gobierno en cuanto a su intención de desaparecer o disminuir a los legisladores plurinominales, reducir el presupuesto de los órganos electorales e incluso buscar que las autoridades de estos sean electas por el voto universal.
Para los críticos de la reforma está claro que la intención del régimen es “eliminar” la oposición y la pluralidad en el Congreso con leyes antidemocráticas, además de “apoderarse” de los órganos electorales para estar en condiciones de manejar los resultados, tal como lo hicieron durante más de dos décadas los dictadores Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.
Preocupación
El pasado miércoles 4 de febrero el Ejecutivo federal anunció que “todavía no hay reforma (electoral)”.
Y mientras que el Ejecutivo concluye su propuesta, un grupo de académicos, investigadores, juristas, escritores, periodistas, promotores de los derechos humanos, intelectuales, exfuncionarios electorales y activistas anunciaron la creación del Frente Amplio Democrático (FAD) para oponerse a una reforma electoral que represente un retroceso para el país.
Mediante un desplegado que se publicó el pasado 3 de febrero los promotores del FAD expusieron su preocupación “ante el riesgo de una regresión democrática derivada de una eventual reforma político-electoral impuesta sin consenso” por el régimen morenista.
En este sentido, anunciaron la conformación del FAD, “una iniciativa plural, incluyente y de alcance nacional para defender la democracia constitucional, las libertades y los derechos políticos en México”.
El FAD, explicaron, “surge en un contexto de alta tensión institucional, marcado por propuestas de reforma que, lejos de fortalecer el sistema democrático, ponen en riesgo la autonomía de las autoridades electorales, el pluralismo político y los equilibrios constitucionales que han dado estabilidad y legitimidad a la vida pública del país”.
“Estamos ante el riesgo de una regresión democrática”.
Subrayaron que “México sí vivió una transición democrática, construida a partir del diálogo, la inclusión plural y el acuerdo entre fuerzas políticas, sociedad civil y ciudadanía. Ese proceso permitió edificar reglas, instituciones y contrapesos que hoy están en riesgo de ser debilitados mediante decisiones unilaterales desde el poder”.
Del mismo modo, lamentaron que bajo el régimen de Morena “el método democrático —con base en el consenso, la deliberación y el respeto a la pluralidad— ha sido desplazado”.
Establecieron que ante las propuestas y acciones del morenismo “la ciudadanía organizada tiene la responsabilidad histórica de actuar” y por ello impulsaron la creación del FAD.
Precisaron que el FAD “no se define contra personas ni partidos, sino contra prácticas autoritarias que buscan cerrar la posibilidad de alternancia política y concentrar el poder. Se trata de un espacio apartidista, comprometido con la defensa de reglas básicas que garantizan elecciones libres, representación efectiva y derechos políticos plenos”.
“Defender el pluralismo”
Los impulsores del FAD advirtieron que “imponer una reforma electoral sin el consenso de todas las corrientes políticas, incluidas las de oposición, evidenciaría la intención de restringir la pluralidad democrática y restaurar, bajo nuevas formas, prácticas propias del antiguo régimen”.
Agregaron: “Por ello, se fija como objetivo inmediato evitar que prospere cualquier iniciativa político-electoral regresiva en cualquiera de sus etapas legislativas”.
Y en caso de que una reforma sea discutida, sostienen que solo podría considerarse legítima si garantiza de manera expresa y verificable “autoridades y tribunales electorales auténticamente autónomos e imparciales; elecciones libres, equitativas y competitivas, con posibilidad real de alternancia; representación legislativa proporcional al voto ciudadano y prohibición de la sobrerrepresentación; respeto al pluralismo político y a los límites constitucionales”.
Finalmente, el FAD convocó a la ciudadanía, organizaciones sociales, academia, juventudes, defensores del Estado de Derecho y fuerzas políticas con vocación democrática a sumarse de manera pacífica, responsable y organizada a la defensa de la democracia.
“La historia nos observa. El silencio también es una forma de complicidad”, concluyeron.
Entre las figuras que suscribieron el desplegado se encuentran los exconsejeros presidentes del entonces Instituto Federal Electoral y del actual Instituto Nacional Electoral, José Woldenberg y Lorenzo Córdova; la exgobernadora y expresidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri; el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza; académicos e intelectuales como el antropólogo Roger Bartra y el economista Rolando Cordera (ambos identificados con ideas progresistas); el presidente de la Organización Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles; Clara Jusidman, exintegrante del gabinete de Cuauhtémoc Cárdenas en la Jefatura de Gobierno de la capital del país, además de otras personalidades.
El Ejecutivo federal criticó el contenido del desplegado publicado por el FAD, así como también hizo señalamientos negativos en contra de varios de los que conforman el FAD y los acusó de “oponerse al pueblo”.
En respuesta, el FAD publicó un mensaje en sus redes sociales en el que estableció que “defender el pluralismo no es oponerse al pueblo”, sino “proteger un sistema de equilibrios que garantice que todas las voces tengan cabida en la vida pública”.
También le solicitaron que “abra el debate” sobre la reforma, antes de que esta se presente en el Congreso de la Unión.
“Ley Maduro”
En otros espacios, los partidos de oposición también han formulado críticas hacia las propuestas planteadas por el gobierno en cuanto a la reforma electoral.
Marko Cortés Mendoza, presidente de la Comisión de Organismos Internacionales en el Senado, hizo un llamado ante el Consejo de Europa a que “se observe la regresión democrática y la crisis de violencia en México”.
La historia “nos ha demostrado que así emergen las dictaduras”, advirtió el panista durante la Asamblea Parlamentaria que tuvo lugar recientemente en Estrasburgo, Francia, y que reunió a 306 parlamentarios de 46 Estados miembros.
El legislador expresó su “profunda preocupación y urgencia democrática porque en México, en los últimos años, “se ha concentrado el poder de manera sistemática y los contrapesos constitucionales fueron eliminados o sometidos al Poder Ejecutivo”, situación que afirmó se agravará si se aprueba una reforma electoral en los términos que ha dado a conocer el gobierno, es decir, leyes antidemocráticas que buscan eliminar a la oposición.
“‘La historia nos observa.El silencio también es una forma de complicidad’”.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, expuso: “En 2026 México no enfrenta una simple discusión técnica sobre reglas electorales. Lo que está en juego es algo mucho más profundo y peligroso: la permanencia de nuestra democracia frente a un proyecto de poder que busca concentrar el control político, debilitar los contrapesos y manipular las elecciones desde el gobierno. Por eso, desde la oposición, esta iniciativa ya tiene nombre: la ‘Ley Maduro’”.
Agregó: “No es una exageración ni un recurso retórico. Es una advertencia con base en hechos, antecedentes históricos y en la experiencia de países que, paso a paso, perdieron su democracia sin darse cuenta. Así empezó en Venezuela. La dictadura venezolana no se instauró de golpe. Hugo Chávez, y posteriormente Nicolás Maduro, fueron desangrando el sistema poco a poco mediante reformas legales que parecían administrativas, técnicas o incluso ‘austeras’, pero en realidad se trataba de concentrar el poder y establecer un régimen autoritario y sin libertades”.
Retroceso
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) publicó su Informe Anual 2026. En el apartado sobre México reportó:
“Claudia Sheinbaum heredó graves problemas en materia de derechos humanos, entre ellos la violencia criminal extrema.
“Su predecesor presidió un proceso de retroceso democrático que socavó la independencia judicial, la transparencia y el Estado de Derecho.
“Con el respaldo de ambos, el Congreso aprobó en septiembre de 2024 una reforma judicial que podría socavar gravemente la independencia judicial”.
Sobre la privacidad y acceso a la información pública, HRW apuntó: “En noviembre de 2024 el Congreso reformó la Constitución para cerrar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un organismo gubernamental independiente, y transferir sus competencias a una agencia dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Artículo 19, un grupo de defensa de la libertad de prensa, informó que la nueva agencia había limitado el acceso a la información pública, negando la mayoría de las peticiones.
“En julio el Congreso aprobó una ley que crea nuevos registros obligatorios de identidad y de teléfonos celulares. La ley otorga a las autoridades un poder prácticamente ilimitado para acceder a la información sobre los ciudadanos sin autorización judicial”.
Y sobre los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos señaló: “México siguió siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas (…) Un país peligroso para los defensores de derechos humanos”.