La primera movilización nacional convocada por la llamada Generación Z y acompañada por otras organizaciones sociales tuvo como una de sus principales demandas pedir mayor seguridad y, sobre todo, exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán.
Aquella movilización llevada a cabo el pasado 15 de noviembre convocó a miles de personas en más de 50 ciudades del país.
En el caso particular de la Ciudad de México se registraron hechos de violencia generados por individuos que, en algunos casos, fueron identificados como integrantes del denominado “bloque negro”.
De acuerdo con la información difundida (videos, fotografías y testimonios) en medios de comunicación profesionales, organizaciones ciudadanas y cientos de usuarios de las redes sociales (Facebook, Instagram, X) algunos elementos de los cuerpos policiacos agredieron a ciudadanos que participaron en la movilización.
Las agresiones policiacas y, sobre todo, el arresto de alrededor de 30 personas motivó a un grupo de personas de la llamada Generación Z para convocar a una segunda marcha el pasado jueves 20 de noviembre.
Esta segunda movilización, efectuada en la avenida Paseo de la Reforma en la capital del país, convocó un número menor de manifestantes en comparación con la marcha del 15 de noviembre.
Al iniciar su recorrido el paso del contingente que se dirigía a la explanada del Zócalo fue bloqueado por elementos del Cuerpo de Granaderos del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que decidieron regresar al Ángel de la Independencia, sobre la avenida Paseo de la Reforma.
En esta segunda marcha los jóvenes de la Generación Z reiteraron sus demandas de mayor seguridad; lanzaron consignas contra los gobiernos federal y de la capital del país; exigieron la liberación de los detenidos por la policía el pasado 15 de noviembre, a los que calificaron de “presos políticos del régimen de Morena”; y pidieron respeto a la libertad de expresión y la libertad de manifestación.
Solidaridad
El pasado 17 de noviembre el Bufete Jurídico Social del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) publicó un comunicado en el que informó de la apertura “de una línea de atención para personas que requieran asesoría jurídica por detenciones y lesiones ocurridas durante la marcha” del sábado 15.
Asimismo, el Bufete puso a disposición del público el correo electrónico incam.atencion1511@gmail.com para recibir solicitudes de asesoría jurídica.
El comunicado lo firmaron Albertico Guinto Sierra, presidente del INCAM, y José Zeind Chávez, director del Bufete Jurídico Social.
Más allá de los partidos políticos de oposición y las organizaciones sociales que apoyaron e incluso acompañaron las movilizaciones de la Generación Z, el gremio de juristas se ha destacado por sus pronunciamientos contra las violaciones a las libertades fundamentales de los ciudadanos por parte de las autoridades.
El pasado 19 de noviembre la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, publicó un comunicado firmado por su presidenta, Ana María Kudisch Castelló, en el que expresó su “enérgica condena a los actos de violencia registrados durante la manifestación del sábado 15 de noviembre, en los que resultaron vulnerados derechos fundamentales de diversas personas que ejercían, en su inmensa mayoría, su derecho a la libre expresión y protesta a través de una manifestación social esencialmente pacífica y orgánica”.
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, pidió a las autoridades “poner especial énfasis en la importancia de distinguir entre la protesta legítima y pacífica de ciudadanos y la violencia generada para intentar deslegitimar esta manifestación a través del vandalismo cometido por el llamado ‘bloque negro’, cuya aparición ha sido recurrente en marchas que cuestionan al gobierno federal y cuyas acciones, dirigidas a provocar confrontaciones violentas muestran el evidente propósito de descalificar una auténtica expresión”.
Preocupación de la ONU
El mismo 19 de noviembre la Fiscalía capitalina informó que “tras las audiencias iniciales realizadas, ocho personas quedaron en prisión preventiva justificada, mientras que diez enfrentarán su proceso en libertad con diversas medidas cautelares. Cinco personas se encuentran en duplicidad de término, con audiencia programada para el 21 de noviembre de 2025”.
Igual dio cuenta de que “la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puso a disposición del Ministerio Público a 29 personas por hechos ocurridos en flagrancia. Además, se iniciaron 17 carpetas de investigación sin detenidos: ocho por lesiones dolosas, seis por robo de objetos y tres por diversos daños y robos. En su conjunto, estos hechos dejaron como víctimas a 84 policías de la Ciudad de México y cuatro civiles”.
En tanto, Gina Romero, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica expresó su preocupación y urgió a las autoridades de México a investigar sobre el excesivo uso de la fuerza contra los manifestantes.
La relatora de la ONU publicó: “Recibo con preocupación información sobre excesivo uso de la fuerza y de armas menos letales contra manifestantes pacíficos y periodistas. Urjo al gobierno mexicano a detener la estigmatización de la protesta pacífica; respetar el principio de diferenciación de participantes con comportamientos violentos; investigar posibles infiltraciones (inclusive de posibles agentes provocadores) para causar caos y justificar la dispersión; garantizar la atención necesaria a personas heridas, incluyendo oficiales de policía; y garantizar independencia judicial para esclarecer los hechos”.