Acción conjunta de las fuerzas de seguridad federales y del Estado de México recuperan el control de 14 municipios del sur de la entidad.
A tan solo unos días de haber lanzado la Estrategia Nacional contra la Extorsión el gabinete de seguridad del Ejecutivo federal, que encabeza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el gobierno del Estado de México ya ofrecen resultados contundentes.
Con el reciente operativo denominado Operación Liberación elementos de las secretarías de Seguridad, de la Defensa Nacional (Defensa), de la Marina-Armada de México (Semar) y de la Guardia Nacional (GN), así como de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad del Edomex, asestaron un certero golpe a la extorsión.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, rindió un informe sobre los resultados de dicho operativo, destacando la participación de casi tres mil elementos en cateos realizados en 14 municipios del Estado de México.
A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió: “Vamos a seguir actuando en la detención de personas que se dedican a la extorsión”.
Operativo
El pasado 23 de julio el titular de la SSPC, al frente del gabinete de seguridad del Ejecutivo federal, ofreció un informe para hablar de los resultados de la ejecución de la Operación Liberación en el Estado de México.
Estuvo acompañado por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa; el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Semar; Hernán Cortés, comandante de la GN; además de Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México; y Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad de la misma entidad.
García Harfuch informó que “en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión —que inició el pasado 6 de julio por instrucciones de la presidenta Sheinbaum— se han incrementado las investigaciones y operaciones del gobierno federal en coordinación con autoridades de los ocho estados que concentran este lamentable delito: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán”.
Ejemplo de lo anterior, dijo, fue la Operación Liberación, que encabezó la Fiscalía General de Justicia mexiquense, “en estrecha coordinación con el gabinete de seguridad”.
Destacó que el objetivo de esta importante acción fue “desmantelar redes criminales vinculadas con la extorsión en el Estado de México”.
El funcionario detalló que en dicha acción se desplegaron 63 células operativas, con dos mil 866 elementos de las instituciones del gabinete de seguridad, así como de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Edomex.
Explicó que “se operó de manera simultánea en 14 municipios de esa entidad, donde se ejecutaron cateos en 52 establecimientos relacionados con los delitos de extorsión, principalmente, secuestro y delitos contra la salud”.
Aclaró que el despliegue contó con una fuerte presencia de la GN en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria.
“Como resultado de estas acciones operativas se cumplimentaron siete órdenes de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión”, reportó.
El secretario de Seguridad subrayó que “de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y con información del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, dichas personas están relacionadas con un grupo criminal originario de Michoacán, el cual realizaba el acaparamiento de mercancías diversas y servicios con el uso de prácticas extorsivas”.
Asimismo, refirió que “en estas acciones se aseguraron animales de granja, cárnicos, materiales de construcción como cemento, grava y varilla, así como otras mercancías que eran instrumento, objeto o producto de este delito”.
Igualmente, dio cuenta de que “fueron intervenidas oficinas sindicales y de distribución de paquetería, casas de venta de materiales de construcción, acero, aluminio y vidrio; minas, carnicerías y expendios de huevo, así como establecimientos de venta de alimentos para animales y forrajes”.
Estrategia
La presidenta de la República habló también de lo realizado por su administración y los gobiernos locales en cuanto a la aplicación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Concretamente sobre la Operación Liberación, Sheinbaum afirmó que fue “un operativo muy importante, fueron muchos inmuebles y muchas personas detenidas, particularmente hacia el sur del Estado de México, que es una zona que sufre un problema de extorsión importante, y se actuó”.
Lo que pasó en esa región, dijo, “es que incluso había productos que costaban el triple de su valor en ciertos municipios, porque (los delincuentes) obligaban a los comerciantes a vender todo más caro”.
Destacó que dicho operativo “tiene que ver, entre otras cosas, con las denuncias al número telefónico de emergencia 089, que ya están surtiendo efecto, y también con una investigación previa”.
En este sentido, destacó el trabajo de la Fiscalía del Estado de México y adelantó que se dará seguimiento para que desaparezca la extorsión en los municipios mexiquenses.
También reconoció que, en efecto, en esa región “hubo población que no estuvo de acuerdo e incluso cerraron carreteras”.
Sheinbaum recordó que uno de los puntos centrales de la estrategia es proteger la integridad de los ciudadanos que son víctimas de dicho delito: “Cualquier persona que sea víctima de una extorsión, sea telefónica o presencial, puede llamar al número telefónico 089 de manera anónima, no necesita dar su nombre. A partir de la denuncia inicia un proceso de investigación por parte de las unidades de investigación estatales y federales”.
Asimismo, la jefa del Ejecutivo resaltó la coordinación con autoridades estatales, en este caso con el gobierno del Estado de México.
Cabe mencionar que hace unos días la mandataria y el gabinete de seguridad encabezaron un evento con la gobernadora Delfina Gómez para presentar el Mando Unificado Zona Oriente, que se encargará de la coordinación de los trabajos de seguridad de fuerzas federales, estatales y municipales en once municipios prioritarios, con el objetivo de mantener la disminución de delitos.
Gómez explicó que “el Mando Único busca fortalecer la presencia de los cuerpos de seguridad en el territorio e implementar acciones de proximidad para atender las causas de la delincuencia, a fin de que ningún joven vea en ella una opción de vida”.
Con esta intención “se pretenden realizar acciones que fortalezcan la presencia de los cuerpos de seguridad en el territorio mediante equipamiento y herramientas, y que permitan diseñar e implementar estrategias de proximidad para atender este fenómeno, que durante años fue ignorado y que tanto afecta al tejido social”, señaló la mandataria estatal.
Finalmente, Gómez puntualizó que gracias a la coordinación que existe entre las autoridades federales y mexiquenses se ha logrado reducir la incidencia delictiva: “Seguiremos implementando acciones que nos permitan garantizar la paz y el bienestar de los mexiquenses”.
Sindicatos del crimen
Al referirse a la Operación Liberación, el fiscal José Luis Cervantes Martínez indicó que “en seguimiento a denuncias formales sobre actividades delictivas de acaparamiento, sobreprecio y extorsión, desde hace seis meses la dependencia inició la integración de 63 expedientes de investigación con el fin de identificar y combatir los entramados criminales”.
Explicó que “los detenidos Bernardo Alejandro ‘N’, Antonio ‘N’, Alicia ‘N’, Eli ‘N’, Gonzalo ‘N’, Jorge ‘N’, José Fernando ‘N’ y Yareli ‘N’ están presuntamente relacionados con prácticas de extorsión en minas, comercializadoras, distribuidoras de materiales de construcción, ferreterías, criaderos de pollo, cerdo y otros semovientes, de huevo y cárnicos entre otras unidades económicas, así como transporte de carga y manipulación de paquetería, entre otros; y eran parte fundamental de las estructuras de financiamiento de (la organización delictiva denominada) La Familia Michoacana”.
Agregó que “los detenidos podrían enfrentar penas que van de 70 a 80 años en prisión porque tienen señalamientos que van desde la extorsión hasta secuestro exprés”.
Cervantes añadió que “para controlar el sector de la construcción la organización criminal disolvió las organizaciones de transportistas que operaban en la región y conformó organizaciones como el ‘Sindicato Libertad’ y el ‘Sindicato Bradosva’, los cuales se encargaban de la venta de material en los municipios de Villa de Allende, Donato Guerra, Valle de Bravo y Texcaltitlán, entre otros”.
También indicó que “a través de ambas organizaciones la estructura criminal obligaba a la población a adquirir productos y controlaba los precios de grava, arena, varilla, así como cemento, mortero, yeso y demás productos utilizados para el giro de construcción”.
El fiscal mexiquense subrayó que “esta iniciativa denominada Operación Liberación fue concebida específicamente para perseguir la coacción que ejercen los grupos criminales o individuos a través de unidades económicas al fijar cuotas o precios abusivos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos, bajo un esquema de violencia moral y extorsionador”.
Por otro lado, aclaró que “personal multidisciplinario cuantifica y clasifica los bienes asegurados, que con la autorización de un juez de control serán objeto de disposición anticipada en beneficio de la comunidad que fue extorsionada”.
Finalmente, dijo, la Fiscalía a su cargo “dará vista a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera para evaluar la aplicación de extinción de dominio en casos de inmuebles relacionados con los hechos delictivos, pues las autoridades están facultadas para monetizarlos o ponerlos a disposición de las instancias públicas que lo requieran”.
Luego de que se ofrecieron detalles de los locales que fueron cateados, así como los animales y objetos recuperados, García Harfuch dijo que “es importante destacar que combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México, y detener estas prácticas que buscaban controlar sectores económicos, desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción”.
“Vamos a seguir actuando en la detención de personas que se dedican a la extorsión”.
Añadió: “Fue indispensable actuar de manera conjunta entre las autoridades federales y estatales, a través de operativos coordinados que permitieran desarticular sus operaciones, asegurar bienes vinculados al delito y recuperar el control del territorio en favor de la ciudadanía”.
Después de dar cuenta de los resultados en las acciones ejecutadas en territorio mexiquense, el secretario informó además que “en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro ‘N’. Aprovechamos para agradecer a la gobernadora Mara Lezama y al fiscal Raciel López Salazar por su apoyo inmediato y decidido para llevar a cabo esta detención de manera eficaz”.
Asimismo, expresó su agradecimiento al gobierno del Estado de México: “Agradecemos y reconocemos la voluntad de la gobernadora Delfina Gómez, del fiscal José Luis Cervantes Martínez por esta investigación y el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, por este importante operativo y por otros operativos que se han hecho en conjunto con el Gobierno de México”.
En este sentido, destacó: “Estos casos (Estado de México y Quintana Roo) son un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando hay voluntad, colaboración y un compromiso compartido con la justicia. La colaboración entre entidades federativas es fundamental para desarticular redes criminales que operan de manera transversal en el país”.
Proteger al ciudadano
El titular de la SSPC recordó que la Estrategia Nacional contra la Extorsión se basa en cinco ejes: el número telefónico de emergencia 089 como medio de denuncia; cancelación inmediata de la línea telefónica que se usa para extorsionar y dar orientación a la víctima; apertura de denuncia en fiscalías estatales, es decir, se crea una carpeta de investigación en caso de extorsión presencial; despliegue de células de inteligencia; e investigación en la unidad especializada contra el secuestro y la extorsión.
El secretario de Seguridad afirmó que “detener a quienes cometen este delito es una forma directa de proteger el sustento de miles de familias trabajadoras que todos los días, con esfuerzo y honestidad, levantan negocios, cultivan la tierra, transportan mercancías o prestan servicios”.