CDMX. 7 de enero de 2026. Con el propósito de ampliar la definición de actores sociales y comunitarios y reconocerlos como sujetos legítimos dentro del proceso de desarrollo social, la diputada federal Ana González González presentó una iniciativa para reformar los artículos 4, 18 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.
Explicó que esta inclusión es esencial para garantizar que las voces y necesidades de las distintas comunidades sean tomadas en cuenta en la formulación de políticas públicas, promoviendo un enfoque más participativo e incluyente en la gestión del desarrollo social.
Al presentar su propuesta, la legisladora subrayó que también se busca establecer mecanismos que faciliten la participación efectiva de estos actores en las etapas de planeación, ejecución y evaluación de los programas sociales.
Destacó que la implementación de dichos mecanismos no sólo fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas, sino que permitirá que las evaluaciones comunitarias se conviertan en insumos técnicos valiosos para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con ello, se pretende consolidar un entorno donde la colaboración y el diálogo entre gobierno y ciudadanía sean pilares fundamentales para el éxito de las políticas de desarrollo.
"La aprobación de esta iniciativa permitirá fortalecer la cohesión social mediante la reconstrucción del tejido comunitario y la restauración de la confianza en las instituciones. Esperamos que los programas sociales adquieran una mayor relevancia cultural, territorial y poblacional, lo que facilitará que las acciones se alineen de manera más precisa con las necesidades y características de cada comunidad", señaló.
Agrega que este enfoque personalizado no sólo propiciará una conexión más efectiva entre los beneficiarios y los programas, sino que también fomentará un sentido de pertenencia y apropiación por parte de la población, elemento clave para el éxito sostenible de estas intervenciones.
Asimismo, anticipó un fortalecimiento significativo de la cohesión social y de la resiliencia comunitaria, factores esenciales para enfrentar desafíos y crisis, lo que contribuirá a posicionar a México como un país que valora y promueve la participación ciudadana y el desarrollo inclusivo.
La diputada por Nuevo León enfatizó que las comunidades no deben ser vistas únicamente como receptoras de beneficios, sino como agentes activos en la construcción de su propio bienestar. Este enfoque, dijo, subraya la importancia de su participación en la creación de políticas que inciden directamente en su calidad de vida.
Señaló que el reconocimiento legal de las organizaciones comunitarias impulsa la democratización de la política social y contribuye a una mayor equidad territorial. “Este reconocimiento no sólo valida el esfuerzo y la voz de las comunidades, sino que también establece un marco para que influyan en las decisiones que les afectan”, afirmó.
Finalmente, sostuvo que garantizar el derecho de las comunidades a participar en los procesos de toma de decisiones es fundamental para promover un desarrollo más inclusivo y sostenible. La participación activa de estas organizaciones en la formulación de políticas, agregada, no sólo enriquece el debate social, sino que asegura que las soluciones sean más pertinentes y efectivas.