México, 1 de agosto. La senadora del PRI, Anabell Ávalos Zempoalteca, urgió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a los congresos estatales a iniciar un diagnóstico nacional sobre la situación jurídica, operativa y de derechos humanos en los centros de atención, asilos y casas hogar para personas adultas mayores, públicos o privados.
En su proposición con punto de acuerdo publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, la legisladora del estado de Tlaxcala advirtió que “la situación actual en muchos de estos centros es precaria, con numerosos casos de abandono, negligencia y hasta redes de explotación”. Lamentó además la “ausencia de datos públicos nacionales actualizados respecto a estos centros de atención”.
Ávalos Zempoalteca recordó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2020 México contaba con aproximadamente 1 500 centros de atención para adultos mayores, de los cuales solo 107 eran públicos, es decir, apenas el 7 %. “La mayoría son asociaciones civiles o privadas con variadas fuentes de financiamiento. La más habitual son las cuotas familiares”, se indica en el documento.
Como ejemplo de la falta de supervisión, señaló que “el Informe ISP‑12/2020 de la CNDH supervisó solo 58 de los 1 500 centros para adultos mayores y niñas, niños y adolescentes durante la pandemia”. En dicho informe, se documentaron “condiciones de hacinamiento, falta de protocolos sanitarios, deficiencias en atención médica e insuficiencia de recomendaciones institucionales”.
La senadora del tricolor denunció además el “claro incumplimiento de la ley”, pese a la existencia de normativas como la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA3-2012, que regula los Centros de Asistencia Social Permanentes.
En su exposición, subrayó también que el artículo 4º constitucional reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud, y recordó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores obliga al Estado mexicano a garantizar la integridad, salud, libertad y dignidad de este grupo poblacional.
Finalmente, la senadora tlaxcalteca advirtió que “existe una desprotección institucional persistente, con escasa rendición de cuentas y ausencia de mecanismos jurídicos efectivos frente a maltrato o negligencia. Los vacíos de supervisión, control, capacitación y sanción ponen en riesgo la dignidad y el acceso a derechos de este grupo social”.