Ciudad de México, a 9 de abril. Los procesos internos de las instituciones dicen mucho más que sus discursos públicos. En el caso del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la reciente elección para la presidencia del organismo, en el marco de la renovación de su Consejo Directivo, ha abierto una conversación que trasciende lo interno: pone en el centro la forma en que se interpretan y aplican los principios de legalidad, transparencia y equidad.
Desde el arranque del proceso, iniciado en febrero, contendientes presentaron diversos recursos de inconformidad ante el Comité Electoral. Entre los señalamientos más relevantes se encuentra la elegibilidad del candidato de la planilla “Innovación Continua”, Eber Omar Betanzos, quien —de acuerdo con la documentación que presentaron ante el Comité Electoral, presidido por Ismael Gómez Gordillo— habría solicitado su baja como asociado en 2020, lo que pondría en entredicho el cumplimiento del requisito de antigüedad ininterrumpida que establecen los estatutos.
La respuesta institucional ha sido desestimar dichas impugnaciones bajo el argumento de que las pruebas presentadas son de “origen no identificable”, aun cuando —según la información que ha circulado dentro de la propia comunidad del instituto— existen documentos donde se solicita la baja con folio, firma y sello oficial, además de que el candidato, por obvias razones, no aparece en el Padrón Electoral de 2022.
Este contraste ha alimentado cuestionamientos no sólo sobre el fondo del caso, sino sobre la legalidad de los criterios utilizados para llevar a cabo las valoraciones.
A ello se suma un elemento particularmente sensible: la consistencia en la aplicación de las reglas. Mientras señalamientos relevantes no derivaron en consecuencias dentro del proceso, otras acusaciones sí fueron utilizadas como argumento para negar el registro a aspirantes. Esta asimetría ha contribuido a una percepción de inequidad y a dudas sobre el resultado final.
También ha generado inquietud la inclusión de Indira Isabel García Pérez en la integración del Consejo Directivo, cuya incorporación ha sido cuestionada en función de su fecha de afiliación.
Aunque estos elementos forman parte de un debate interno, su falta de esclarecimiento público ha profundizado la incertidumbre y, lo más grave, la legalidad del proceso de elección.
A todas las irregularidades se suma la incompetencia, que se coronó con la falla en el sistema electrónico el día de la votación, lo que obligó a recurrir a mecanismos alternos, como el envío de votos vía mensajería. Esto abrió cuestionamientos sobre la secrecía del sufragio y la protección de datos personales. En un proceso que exige certeza, este tipo de soluciones terminan debilitando la confianza.
El resultado, con 294 votos emitidos de un padrón de 766 asociados, refleja no sólo el desenlace de una elección, sino el nivel de credibilidad que el proceso logró sostener. En instituciones como el INAP, la legitimidad no se decreta: se construye a partir de procedimientos claros, verificables y consistentes.
Lo ocurrido en el INAP no puede reducirse a una disputa interna. A diferencia del caso del CIDE, que al formar parte del sistema público terminó escalando a la esfera del gobierno federal, el Instituto Nacional de Administración Pública no depende formalmente del Estado.
Sin embargo, su cercanía con la formación de cuadros para la administración pública lo coloca en un espacio donde lo interno tiene resonancias fuera. Por eso, aunque no sea un asunto de gobierno, sí es un tema que debería observarse con atención desde el más alto nivel, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, y hacerlo con oportunidad, pues aún no se lleva a cabo la toma de protesta.
Evitar que se repitan episodios de desgaste institucional como el del CIDE son lecciones a las que hay que hacer frente.