Ciudad de México, México, 21 de octubre. El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos por posibles conflictos de interés en la contratación de proveedores de material electoral. El foco está en Guadalupe Taddei, consejera presidenta del organismo, luego de que una investigación periodística del Diario Reforma reveló que su chofer, Jonathan Navarrete Torres, aparece como apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa proveedora del instituto y señalada en indagatorias por presuntas irregularidades.
El vínculo plantea preguntas que el INE debe responder con documentos: qué relación mantenía Navarrete con la compañía, si informó de ella al asumir su cargo y qué controles aplicó el organismo para prevenir posibles conflictos de interés en las contrataciones.
Un poder empresarial antes de llegar al INE
De acuerdo con los registros citados en las publicaciones, Navarrete recibió el 28 de junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg, facultad que le permitía representar a la empresa ante autoridades y en procedimientos legales. El 15 de abril de 2025 se incorporó como conductor de Taddei, con un sueldo mensual reportado de 45 mil 765 pesos.
La información también señala que en su declaración patrimonial de junio de 2026 no reportó esa representación empresarial y únicamente mencionó su empleo anterior como chofer de Mercedes-Benz. Este punto requiere una explicación pública sobre el alcance de sus obligaciones de declaración y la información presentada.
El caso no se limita al conductor. Según los reportes, Jesús Octavio García González, quien se desempeñó como director de Administración del INE hasta abril de 2026, también había figurado como representante legal de Corporativo Zeg y de Cajas Graf. La coincidencia de vínculos entre personal cercano a la presidencia del organismo y compañías proveedoras aumenta la necesidad de aclarar los antecedentes y los procedimientos de contratación.
Proveedores bajo investigación
Corporativo Zeg y Cajas Graf han sido mencionadas en reportes sobre investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y un expediente abierto por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en mayo de 2024 por posibles prácticas monopólicas. Estos señalamientos no equivalen por sí mismos a una resolución definitiva de responsabilidad.
Guadalupe Taddei en medio de escándalos que deterioran su gestión y la credibilidad del INE
Las publicaciones indican que ambas empresas ingresaron al Registro Único de Proveedores del INE en junio de 2023, durante la presidencia de Taddei. También refieren antecedentes de contratos con organismos electorales estatales y relaciones profesionales entre representantes de las compañías y funcionarios que posteriormente ocuparon cargos en el instituto nacional.
La dimensión del caso obliga a distinguir entre dos asuntos: las investigaciones que involucran a las empresas y la posible existencia de conflictos de interés en las decisiones del INE. Ambos requieren información verificable, expedientes públicos y explicaciones de las autoridades competentes.
Sheinbaum pide explicaciones
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al INE aclarar los señalamientos y transparentar la información sobre los vínculos reportados. También planteó que la ASF revise los contratos, aunque expresó dudas sobre el alcance de sus atribuciones para intervenir en el organismo autónomo.
Además, anunció que solicitará a la Secretaría de Gobernación información sobre Talleres Gráficos de México, entidad pública que produce documentos oficiales y materiales de seguridad, para conocer los antecedentes relacionados con la impresión de documentos y productos utilizados en procesos electorales.
La exigencia de transparencia coloca al INE ante preguntas concretas: ¿Qué empresas recibieron contratos y bajo qué criterios?, ¿Qué revisiones se hicieron sobre sus representantes?, ¿Se identificaron posibles conflictos de interés?, ¿Qué información fue declarada por los funcionarios involucrados y qué medidas adoptará el instituto?
La autonomía electoral es fundamental para la confianza pública, pero no sustituye la obligación de rendir cuentas. Mientras no existan conclusiones oficiales, las presuntas irregularidades deben investigarse sin anticipar culpabilidades. Lo que corresponde ahora es que el INE presente información documentada, explique sus decisiones y permita que las instancias competentes determinen si hubo faltas administrativas o delitos.
(Con información de Diario Reforma)